La excesiva temporalidad de las plantillas del personal docente e investigador (PDI) fruto, en gran medida, de las políticas de recortes que se aplicaron a partir de la crisis financiera de 2008 lastra a las universidades. El último ejemplo de una situación reiteradamente denunciada por los equipos rectorales de las universidades públicas llegó el pasado 18 de marzo con la publicación del informe ‘¿A qué puede llamarse universidad?’, del Observatorio del Sistema Universitario. Según este estudio, solo 12 de 81 universidades españolas evaluadas –públicas y privadas- cumplen todos los mínimos del borrador del real decreto de «reconocimiento y autorización de universidades y centros universitarios, y acreditación institucional de centros universitarios», recientemente sometido a audiencia pública por parte del Ministerio de Universidades.

La Universitat Jaume I cumple con la mayoría de requisitos, pero como en otras muchas universidades, incluidas cuatro de las cinco públicas valencianas, el informe pone de manifiesto el excesivo porcentaje de temporalidad en el profesorado. Un claro ejemplo de las graves consecuencias de las políticas de recortes impuestas en la pasada crisis económica. De hecho, las restricciones en la contratación de personal -entre 2011 y 2014 la tasa de reposición solo fue del 10 %- explican algunos de los motivos por los que hay universidades públicas que presentan un alto porcentaje de temporalidad en sus plantillas.

Como rectora de la universidad pública de Castelló, y en línea con el comunicado emitido por Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (Crue), sostengo que la aplicación excesivamente restrictiva de la tasa de reposición es una de las medidas con mayor impacto negativo para las universidades. Reducción de plantillas, tanto de personal docente e investigador como de administración y servicios (PAS), bloqueo a la promoción de profesorado acreditado, mayor temporalidad y fuga de talento han sido una constante para las universidades. Los equipos rectorales llevamos años reclamando la eliminación de esa tasa de reposición para que las universidades públicas, en el marco de nuestra autonomía, responsabilidad y con rendición de cuentas a la sociedad, podamos estabilizar nuestras plantillas, fijar políticas de recursos humanos que nos permitan cumplir con nuestras misiones como instituciones de formación superior y de investigación en las mejores condiciones y poder retener y captar talento. Todo ello con el objetivo de ofrecer el servicio público de calidad que se merece la sociedad a la que servimos.

Es cierto que el informe del Observatorio arrojaría otros resultados si, por ejemplo, se hubiese considerado el profesorado equivalente a tiempo completo, pero en cualquier caso urge, como comentaba, la eliminación de la tasa de reposición. También es cierto que se han hecho algunos avances. Valoramos y reconocemos el esfuerzo de la Conselleria de Universidades, la Conselleria de Hacienda, el Ministerio de Universidades y grupos parlamentarios para que, tras dos años de negociaciones, el Ministerio de Hacienda incluyera en la ley de acompañamiento a los Presupuestos Generales del Estado de 2021 la autorización para ceder la tasa de reposición entre las univesidades de la Comunitat Valenciana. Una reivindicación por la que hemos batallado durante mucho tiempo desde el Consell de Direcció de la UJI y que ahora debe materializarse.

Sin restar importancia a esta medida, como un primer avance, la eliminación de la tasa de reposición, así como dar respuesta a otras situaciones encalladas, caso de la autorización del convenio colectivo del personal laboral de las universidades públicas valencianas quedan pendientes. Además, las universidades somos conscientes de que todo esfuerzo será insuficiente si no contamos con un nuevo modelo de financiación universitaria suficiente, estable y sostenido en el tiempo, que dote de estabilidad económica a las universidades y nos permita planificar adecuadamente nuestras actividades. Desde la UJI apostamos por un nuevo sistema que aplique criterios transparentes y objetivos, que tenga en cuenta el volumen de servicio público de educación superior que prestan las universidades, y que quedan definidos como funciones de la Universidad en la LOU.  

Además, confiamos en que también se considere la relación de la universidad con el territorio. En nuestro caso, la provincia de Castelló supone el 11,59 % de los habitantes de la Comunitat Valenciana, siendo el porcentaje de estudiantes de la UJI respecto al total de estudiantes de los campus valencianos muy similar. Sin embargo, la transferencia ordinaria de la UJI en la actualidad únicamente supone el 9,3 % de la del conjunto de universidades públicas, más de dos puntos por debajo de su peso poblacional.

En definitiva, compartimos la filosofía del proyecto de real decreto del Ministerio de Universidades y, como en el resto de países desarrollados, pensamos que es importante que la ciudadanía sepa qué se entiende exactamente por universidad y qué requisitos mínimos de calidad deben cumplirse para poder denominarse universidades. Ahora bien, no se nos puede exigir por un lado lo que se nos niega por otro. Y las dos reivindicaciones a las que hago referencia, la eliminación de la tasa de reposición y una mejor financiación, son claves para mantener la calidad de nuestras universidades y la prestación de un servicio público con todas las garantías en el ámbito de la formación superior.