Una vez que los artífices del complot que llevó a la detención de Jorge Rodríguez y a otras seis personas han logrado su propósito de blindarse en la diputación y que se ha comprobado que la alternativa a la gestión de Divalterra mediante 7 altos directivos es su cierre, llega el momento de preguntarse de qué ha servido el caso Alquería.

Para salvaguardar el interés público seguro que no. Sólo hay que ver que desde que estalló el caso todo ha ido a peor en la antigua Imelsa. Pasó de ser una empresa estable, con superávit y centrada en su objeto social a convertirse, desde el mismo 27 de junio de 2018, día de las detenciones, en un continuo dolor de cabeza para el nuevo presidente de la Diputación, Toni Gaspar.

El también alcalde de Faura se las prometía felices cuando nombró un consejo de administración "técnico" pensando que así iba a tener la fiesta en paz. Pero en ese momento no acertó a recordar que fueron también "técnicos" quienes llevaron al calabozo a su predecesor y que son esos mismos "técnicos" los que han estado enredando hasta que han dinamitado la empresa para quedarse con el botín de un puesto para toda la vida en la Diputación de Valéncia.

Unos artistas, estos "técnicos", que entraron a dedo en la época del "yonki del dinero" y que luego, de la mano de un alto cargo colocado por la dirección del PSPV-PSOE como José Luis Vera, se han salido todos con la suya, que no eso otra que perpetuarse en sus puestos con unos informes jurídicos que Anticorrupción mira de reojo por lo que todos pueden estar pensando.

Ciertamente hay pocas posibilidades, por no decir ninguna, de que alcancen siquiera a valorarlo. Pero harían bien tanto el fiscal como el juez del caso Alquería en detenerse un segundo y reflexionar sobre todo lo actuado hasta el momento. Igual llegan a la misma conclusión que otros muchos, y es que, sin pretenderlo, han formado parte de un entramado dedicado a acabar con el ex presidente Jorge Rodríguez e impedir que terminara de limpiar la empresa de la diputación de esos "técnicos" que la han acabado hundiendo en su propio beneficio.

De haber archivado el caso el día que los "técnicos" fueron a probar suerte al fiscal, seguro que en estos momentos Divalterra sería una empresa más del sector público valenciano, su reputación y la de sus dirigentes estaría intacta y a buen seguro que los trabajadores y sus familias estarían bastante más tranquilos.

Habrá que ver como rueda la bola en Audiencia, donde seguro que más de un magistrado se quedará perplejo –si no lo está ya- de que llegue a ramos de bendecir penalmente hablando un caso del ámbito contencioso-administrativo. Porque aquí nadie se ha parado a cuestionarse qué hace la legalidad o no de unos contratos inmersa en una causa donde se piden hasta penas de prisión para unos empleadores y unos empleados cuyos trabajos ocupan varios tomos en la causa.

Con la pasta que el Ministerio del Interior y el de Justicia se habrían ahorrado de haber dudado del relato inicial de los tres joseluises. Porque seguro que a estas alturas el dinero público invertido en el caso, con el despliegue policial incluido, en cualquier otro país habría dejado de estar justificado por la poca entidad de los hechos. Pero, sobre todo, porque en el caso Alquería los malos han salido ganando. Y con un empleo para toda la vida debajo del brazo.