Confiamos a uno u otro partido tanto la garantía y desarrollo de nuestros derechos constitucionales como las transformaciones sociales que precisan el ejercicio y desarrollo de esos derechos. El recurso a los partidos políticos es inevitable para que favorezcan la participación de los ciudadanos en los complejos procesos sociales. Uno u otro partido ha de ganar nuestra confianza y no en razón de las ocurrencias más o menos graciosas u oportunas que precipiten sus dirigentes en sus tweets, sino en razón de los proyectos que elaboren y presenten. El voto de los ciudadanos mostrará el acuerdo o desacuerdo con esos proyectos; otorgará o retirará la confianza. Es, pues, razonable cuestionarse sobre qué descansa el acto de votar si deseamos favorecer una vigorosa cultura política en la que la participación sea apreciada en los distintos niveles de la organización social.

Nuestro voto descansa sobre el crédito que otorgamos a lo dicho en público, sobre lo prometido ante toda la sociedad, sobre los proyectos y alianzas anunciadas. Por tanto, trapalear como engañar o fascinar con fullerías, debieran ser conductas que, tan pronto como fueran advertidas, debieran arrastrar consigo la descalificación del fullero, del impostor o del falsario. Si lo dicho no es respetado, el ciudadano pierde la confianza, abandona su espacio político, se refugia en su trabajo y no busca otras satisfacciones que las que la vida privada pueda ofrecerle. El engaño, como la trápala, son las semillas más potentes de la abstención y de la desmotivación ciudadana. Debe decirse claro y alto porque no cabe perder la confianza en la actividad política.

Es razonable recordar y exigir la vigencia de este fundamento de la actividad política. El barómetro de marzo ‘Avance de resultados CIS’ (pp.45/48), en su pregunta 14 plantea: «¿Cuál es el principal problema que existe actualmente en España? Y el segundo? Y el tercero?». Aprecio algo fundamental: una serie de respuestas prácticamente equivalentes, aunque formalmente distintas, deberían ser agrupadas para que cobrásemos idea de la verdadera dimensión de nuestro problema. Se habla de lo mismo (los problemas políticos, lo que hacen los partidos políticos, el mal comportamiento de los/as políticos/as, etcétera), pero esta división atenúa el problema. En realidad, la suma de las distintas respuestas alcanza un 52 %: se considera un problema (primero, segundo o tercero) la conducta del político y de los partidos. Los datos muestran que es verdaderamente grave la dimensión que ha cobrado este problema. Ni los partidos ni los políticos gozan de aprecio y confianza por parte importante de la población.

Nunca he creído que el problema hubiera alcanzado esta dimensión. La estrategia electoral en curso puede ser el primer momento de reflexión, de un decir en verdad, y de un prudente ajuste a las necesidades y aspiraciones de los ciudadanos. El presente por ser crítico exige esa verdad.