La pandemia covid-19 ha demostrado la gran vulnerabilidad de la humanidad en materia de salud. Tres millones de personas han muerto en un año. El coronavirus ha hecho visible la estrecha relación entre salud, hábitos sociales y economía. Para vencer este reto debemos aunar esfuerzos porque o nos salvamos todos o nuestro futuro estará ligado para siempre a este virus.
Por ahora, las medidas para combatir la pandemia son la prevención, principalmente mediante la limitación de los contactos personales, y la vacunación. La limitación de contactos es una medida con importantes consecuencias sociales, económicas y sobre la salud mental de la población. Los enormes costes sociales de las medidas de prevención pone de relieve la urgente necesidad de vacunas.
Por su parte, la industria farmacéutica ha investigado y producido vacunas, pero nos encontramos con la incapacidad de producción de estas corporaciones debido a la gran cantidad de vacunas que se precisan para inmunizar a la población mundial. Las empresas han investigado con dinero público de los Estados. Nunca antes se había puesto en circulación tantísimo dinero público a favor de la investigación médica. Lo que en un principio fue un progreso civilizatorio no puede terminar siendo un retroceso.
Las grandes farmacéuticas han investigado sobre un conocimiento científico básico, herencia científica y que, por tanto, no les pertenece. Sin embargo, han patentado su descubrimiento para que sólo ellas puedan producir vacunas, aunque esto suponga un retraso de consecuencias mortales para la humanidad. Si se liberan patentes, 43 fábricas más en todo el mundo podrán producir vacunas, pasando de 12 millones de dosis al día, a 60.
Los contratos firmados entre la UE y las farmacéuticas son opacos, su contenido es secreto y ponen el bien de mercado por encima del derecho a la salud y la vida. Estas empresas no quieren ceder las patentes. Es decir, no quieren poner al servicio de las personas las fórmulas de las vacunas para que otras empresas y países puedan producir masivamente. Y parece que la Comisión Europea está de acuerdo con ellas.
Dice el Ejecutivo europeo que si corre peligro la propiedad intelectual no habrá investigación e innovación en el futuro. De esto sólo se puede sacar una conclusión: si la industria farmacéutica únicamente investiga para sacar beneficios, y no por el bien de la humanidad, está claro que debemos potenciar la creación de una industria farmacéutica pública, bien financiada y que ponga por delante la investigación a favor del bien común. Gracias a estas industrias farmacéuticas públicas dejaríamos de ser rehenes de la industria privada.
Esta pandemia es una fuente enorme de negocio para la industria privada y esos intereses prevalecen sobre la salud comunitaria. Sin embargo, las leyes que deben regir una sociedad son las que emanan de la soberanía popular, no de las leyes del mercado impuestas por los poderes económicos.
La política de la UE parece quefavorece el negocio de unos pocos pero no la vida de toda la humanidad. No olvidemos que la recomendación de la UE a los Estados durante años ha sido recortar gasto público en sanidad, lo que ha supuesto un grave debilitamiento de los sistemas de salud.
La normativa de la Organización Mundial del Comercio contempla la posibilidad de librar patentes (criterios de ‘patentabilidad’ del Acuerdo sobre los Acuerdos sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual, artículos 27 y 31). Es decir, hay tratados que permiten que la patente de la vacuna sea puesta al servicio del bien común para acabar con esta pandemia que asola al mundo. El derecho a la salud y la vida por encima del bien de mercado. ¡Tan de sentido común!
Desde Unidas Podemos estamos impulsando iniciativas en todas las instituciones en las que estamos presentes para que el problema de las patentes sea abordado con seriedad. Y no somos los únicos porque el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, propone que se pacte liberar patentes aunque a cambio de indemnizar a la industria. Es decir, además de financiarlos debemos indemnizarlos. Esto es quedarnos cortos y continuar derivando recursos públicos hacia una industria que ha podido producir la vacuna gracias a la financiación pública.
Necesitamos profundizar y valorar el problema a medio y largo plazo. Necesitamos una industria farmacéutica pública, bien financiada, donde el beneficio económico no sea el motor de la investigación, sino aquello que beneficie a la ciudadanía. Necesitamos una farmacéutica que ponga por delante el derecho a la vida y la salud y no el lucro. No hay derecho a la salud si depende del mercado. La UE se juega, con las vacunas, su legitimación como espacio social, de cohesión, libertades y derechos humanos o su vinculación antidemocrática con los intereses de las grandes corporaciones a las que nada les importa la salud ,y acabar con esta pandemia lo más pronto posible.
