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Jordi Sevilla

En concreto

Jordi Sevilla

Tenemos carta del gobernador

Desde la confrontación, se puede ganar elecciones, pero no resolver problemas complejos en una democracia

Las circunstancias me han hecho cambiar de opinión. Siempre he sido muy crítico con esa costumbre que suele acompañar al cargo de gobernador del Banco de España de predicar, en público, sobre casi todos los males de la economía española, con especial afición al mercado laboral, yendo mucho más allá de su ámbito competencial. Sin embargo, tengo que agradecer la reciente intervención del actual Gobernador en un desayuno informativo, sobre los problemas de la economía española. Al leerla me di cuenta, de repente, del desierto discursivo sobre economía en el que vivimos.

Cuando en el espacio político se comunica mediante gestos polisémicos y eslóganes que son significantes vacíos dirigidos, en exclusiva, no a explicar o a convencer, sino a movilizar nuestra parte emocional, la política, incluso la económica, deja de ser un discurso racional dirigido a los ciudadanos sobre los problemas de la convivencia en común. A diferencia de eso, la exposición del Gobernador el pasado 29 de marzo (accesible en la web del Banco) me devolvió a una época en la que se hablaba de problemas reales y se discutía, de forma civilizada, sobre soluciones. Me tomaré la licencia de deconstruir su intervención para reordenarla en este artículo, sin faltar a su sentido, en base a los cuatro problemas que arrastra nuestra economía desde hace tiempo y de los que apenas se habla hoy.

Empezando por el principio, señala el Gobernador que “el reducido crecimiento potencial de la economía española durante las dos últimas décadas se ha debido, fundamentalmente, a la pobre dinámica de la productividad”. Y señala algunas explicaciones a este hecho: reducido tamaño de nuestras empresas, deficiencias regulatorias sectoriales y un importante déficit en capital humano y tecnológico. Problemas estructurales, que han agravado los efectos de la pandemia ya que el cierre de empresas por falta de pulmón financiero y la mayor destrucción de empleo se explican, en gran medida, por esas cuatro razones, mezcladas con una especialización productiva muy intensiva en sectores dependientes de la movilidad.

El segundo problema mencionado es “las carencias del mercado laboral español, como revela que, en las últimas décadas, la tasa de paro haya permanecido por encima de los países de nuestro entorno”. Y también aquí apunta algunos aspectos relevantes: la inutilidad de las actuales políticas activas de empleo y de formación de parados, los problemas contractuales que favorecen una elevada e injustificada temporalidad que afecta a los colectivos más vulnerables y, añado yo, las mismas deficiencias de nuestra estructura productiva que limitan tanto la productividad, como el empleo.  

El tercer problema que escojo de los señalados hace referencia a la debilidad de nuestras cuentas públicas: “ya antes de la pandemia, el déficit público estructural superaba el 3% del PIB” y este problema se ve agravado por la actual crisis que ha elevado la deuda pública hasta el 120 % del PIB, lo que “acrecienta la vulnerabilidad de nuestra economía” y el nuevo gasto permanente asociado a medidas como el Ingreso Mínimo Vital o el mayor gasto sanitario. Capítulo especial merece en este punto un asunto poco discutible: “el aumento de la tasa de dependencia demográfica que se prevé vaya a duplicar en las próximas décadas” lo que ejerce una fuerte presión al alza sobre el gasto en pensiones, haciendo razonable adoptar algunas medidas que incrementen la contributividad del sistema, inferior al de otros países de nuestro entorno y, por ejemplo, vinculen la edad de jubilación con la esperanza de vida. Aunque nadie está en favor de una retirada prematura de las medidas de ayuda puestas en marcha por la pandemia, si debemos de ser conscientes de que reducir el endeudamiento en el marco de exigencia comunitario, solo se puede hacer si logramos superávits primarios durante varios años en nuestras cuentas públicas. Cualquier propuesta de activismo fiscal que no tenga esto presente será un engaño, perjudicial para el país a medio plazo.

El último problema que quiero entresacar de los expuestos por el Gobernador es la desigualdad, asunto en el que “iniciamos la actual crisis con un nivel superior al que se registraba a finales del anterior ciclo expansivo y todo apunta a que esta crisis supondrá un incremento adicional”. Es decir, estamos ante un problema estructural, que no hemos sido capaces de resolver en la última década, que ni las medidas compensatorias aplicadas durante a pandemia lo están salvando como se demuestra con el crecimiento de las colas del hambre. Se constata que el nuevo Ingreso Mínimo Vital puede ser un instrumento de lucha contra la pobreza extrema (todavía está por demostrarlo) pero es totalmente insuficiente para reducir unas márgenes crecientes de desigualdad como consecuencia del bloqueo que ha experimentado el ascensor social asociado a políticas de redistribución de renta y riqueza que garanticen una verdadera igualdad de oportunidades, a lo largo de la vida.

Los cuatro problemas son de la mayor importancia para nuestro país, venimos arrastrándolos desde hace años, interactúan claramente unos con otros y forman el núcleo estructural del lastre que nos diferencia, en negativo, de otros países de la eurozona, más avanzados. Explican, por ejemplo, por qué hemos revertido, en la última década, la convergencia en renta per cápita que habíamos logrado con la media comunitaria desde nuestra integración en Europa. Estaban antes de la covid y seguirán estando, una vez desaparezca la pandemia. Y, para todos ellos, existe amplio acuerdo entre los expertos sobre las cosas que se deberían hacer para superarlos. La gran pregunta es: ¿Por qué no se ha hecho?

Mi tesis es que una política pública destinada a abordarlos en su matriz estructural exige unas reformas coherentes, simultáneas y de gran calado, que tienen dos requisitos que llevan años ausentes en España: primero, un amplio consenso político y social para pactar su contenido y garantizar su aplicación durante el tiempo necesario para que surtan efecto, compensando o haciendo frente a quienes se opongan, porque todo cambio tiene perdedores. Asegurando, por tanto, que no se quedan, solo, en el Boletín Oficial del Estado, sino que pasan a ser nuevas realidades. Y segundo, una gestión de las reformas basada en los datos y en la evaluación permanente de las medidas adoptadas, para corregirlas o ajustarlas conforme a la evidencia de los hechos.

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