Permanentemente desbordados por informaciones sobre la pandemia y las trifulcas de unos políticos más preocupados por su futuro que por el del pueblo al que dicen servir, cualquier noticia sobre cuestiones que afectan a nuestros derechos y libertades apenas ocupa un pequeño espacio en los medios o en nuestras conversaciones diarias. Esta estrategia de la distracción no es nueva, pero en estos tiempos está llegando a unos niveles de absoluto dominio de la uniforme opinión publicada sobre la débil y desorientada opinión pública.

Es tal la falta de rigor y la superficialidad de la información que consumimos que nos pueden anunciar leyes o proyectos incompatibles entre sí. Como botón de muestra podríamos tomar la aprobación en el Parlamento español de la Ley de Cambio Climático con pocas fechas de diferencia a la decisión del Gobierno de prorrogar la vida de la central nuclear de Cofrentes o el visto bueno a la ampliación norte del puerto de València. Por un lado quieren dar la impresión de que se ponen en marcha unas políticas con el objetivo de revertir el anunciado desastre ecológico (aunque la referida ley es un conjunto de propuestas a medio y largo plazo) mientras las decisiones que se toman son firmes y de aplicación inmediata, con lo que se sigue alimentando el modelo económico que nos ha conducido al borde de la hecatombe ambiental.

Aunque hay informes técnicos que desaconsejan tanto prolongar la vida de la nuclear como la nueva ampliación del puerto, además del rechazo de las organizaciones ecologistas y del movimiento vecinal de los Poblados Marítimos, respectivamente, en ambos casos han pesado más los intereses económicos de una poderosa minoría que el derecho de toda la población a proteger su salud y su bienestar.

En otras parcelas de la información también se observa esa forma edulcorada de presentar como éxitos o avances sociales lo que no son más que puro maquillaje de viejos recortes y reformas. Así, aprovechando que este gobierno se define como de progreso y que su ministra de Trabajo para bastante gente es la mejor que hemos tenido en España (lo cual tampoco es mucho decir, visto el listado de anteriores titulares de la cartera) se están negociando –en un absoluto secreto y con la complicidad total del sindicalismo mayoritario- una serie de cambios en la legislación laboral que, lejos de significar la derogación de las reformas laborales de 2010 (con Rodríguez Zapatero) y de 2012 (en la etapa de Mariano Rajoy) únicamente van a representar ligeras modificaciones a unos escasos artículos de la ley del PP.

Y aunque derogar medidas introducidas por el partido de Rajoy para recuperar la ultraactividad de los convenios y anular la prioridad del convenio de empresa sobre el del sector, no deja de ser un paso positivo no podemos olvidar que fue la reforma anterior, la del PSOE, la que introdujo la generalización del abaratamiento del despido (de 45 días a 33 en los contratos de fomento del empleo o a 20 días por año trabajado en los casos de despidos objetivos).

Algo parecido ocurre con las reformas de las pensiones, aunque en este caso todavía es más escandaloso puesto que tal acuerdo contó con el beneplácito de UGT y CC OO. También en este tema hubo esa primera reforma pactada con el PSOE (2011) y posteriormente el PP (2013) empeoró un poco más dichos recortes. Los aspectos introducidos por la derecha fueron desvincular la subida de las pensiones del IPC y establecer (aunque no llegó a aplicarse) un factor de sostenibilidad que habría vinculado la cuantía de la pensión a la esperanza de vida en el año en que se produjera la jubilación. Sobre la retirada de estos dos puntos parece que hay un cierto consenso en la mesa del nuevo diálogo social; igual que lo hay para pasar de puntillas sobre los recortes provenientes de la reforma de la izquierda política y sindical: el progresivo retraso de la edad de jubilación a los 67 años (salvo aquellos afortunados que tengan cotizados 38 años y 6 meses), al aumento de 15 a 25 los años tomados para el cálculo de la pensión y el incremento (de 35 a años a 37) del tiempo cotizado para tener derecho al 100% de la pensión.

No deja de ser preocupante que haya tanta unanimidad en ocultar o blanquear la cruda realidad y que se siga alabando el papel jugado por los dos sindicatos del régimen, a los que se presenta como los únicos y eficaces interlocutores de la clase trabajadora, sin criticar las muchas claudicaciones que han protagonizado desde hace décadas, y que son el origen de la pérdida generalizada de derechos laborales, de la disminución de las retribuciones económicas y de las más altas tasas europeas de eventualidad y paro juvenil.