Sabemos que nuestra salud física y mental depende de los avances científicos y técnicos que han hecho posible que nuestras vidas sean más largas y más sanas, particularmente desde el pasado siglo, de esto no cabe duda. Pero no sabíamos hasta la pandemia de la covid-19 que nuestra libertad individual y colectiva depende también de la ciencia.

Ha pasado más de un año desde que se declarara el primer estado de alerta. Y desde entonces muchas de nuestras libertades han sido limitadas o anuladas, entre otras: la de desplazarnos libremente por el territorio español, la de viajar a otros Estados, la de poder deambular a cualquier hora por las calles de nuestras ciudades, la de celebrar reuniones con el número de personas que nos apetezca, y otras tantas manifestaciones de la libertad. Y este tipo de limitaciones han sido la norma, con mayor o menor intensidad, en todos los miembros de la Unión Europea, y en la mayoría de países, con las tristes excepciones de aquéllos con gobernantes negacionistas que son responsables de muchas muertes que se podrían haber evitado.

La mayoría de la población ha asumido con resignación la limitación o liquidación de muchas manifestaciones de la libertad, pero esta circunstancia no debe impedir que reflexionemos sobre los instrumentos jurídicos de que disponen el Gobierno central y los gobiernos autonómicos para enfrentar las pandemias, así como la utilización que han hecho de dichos instrumentos. No cabe duda de que ni la Constitución ni las leyes podían prever pandemias como la que estamos sufriendo. Y esto explica que se hayan forzado por el Gobierno central, secundado por los autonómicos, los instrumentos jurídicos que proporcionan la Constitución y las leyes. El ejemplo más relevante de desbordamiento de las previsiones constitucionales ha sido la utilización del estado de alarma. La Constitución prevé la declaración del estado de alarma por un plazo de quince días y prórrogas de quince días, que deben someterse a la aprobación del Congreso de los Diputados. Esta exigencia de aprobación no es una cuestión menor, pues en la medida en que el estado de alarma implica limitar derechos y libertades, fundamento de la democracia, es necesario que el Gobierno sea controlado por el Congreso, único poder que representa al pueblo soberano. Y es evidente que el Ejecutivo, tras seis prórrogas del estado de alarma, cuando acordó un estado de alarma de medio año, que finalizará el próximo 9 de mayo, estaba desbordando las previsiones constitucionales que limitan a quince días tanto de declaración del estado de alarma como sus prórrogas.

Son ya muchas las voces que se han pronunciado sobre la necesidad de revisar los instrumentos jurídicos con que la Constitución y las leyes dotan a los Gobiernos para afrontar las pandemias, no solo en España sino en la mayoría de los Estados de la Unión Europea. Pero el caso es que en España nada se ha hecho en el último año para remozar nuestro ordenamiento jurídico adecuándolo al Estado de las Autonomías, ni siquiera a nivel legislativo. Y tampoco parece que sea una prioridad para nuestros legisladores hilar fino cuando se trata de limitar derechos fundamentales, particularmente cuando algunas de dichas limitaciones van más allá de la más amplia concepción que pueda tenerse de lo que debe considerarse como una limitación, que es lo que permite la Constitución mediante la declaración del estado de alarma.

A estas alturas de la pandemia parece acreditado que el único instrumento político eficaz para combatirla, al margen de la ciencia, ha sido la limitación de la libertad. Y es muy probable que sean necesarias, durante algún tiempo, medidas restrictivas de las numerosas manifestaciones de la libertad para frenar la pandemia, pues para volver a la situación anterior, en un mundo globalizado, será necesario inmunizar a la práctica totalidad de la población mundial.

La lección más importante que hemos aprendido a lo largo del último año es que de los remedios jurídicos y políticos son ineficientes. Esos instrumentos nos privan de libertades, causan estragos económicos y psicológicos y no son capaces de erradicar la pandemia. Los únicos instrumentos capaces de frenar la pandemia de la covid-19, y de las muchas que probablemente nos afecten en el futuro, son los que nos proporcionan los científicos. Hasta el punto de que podemos decir que nuestras libertades dependen de la ciencia. Sin vacunas hubiéramos perdido toda esperanza en poder recuperar nuestras libertades. La Unión Europea se dio cuenta muy pronto de lo que debía hacerse y financió anticipadamente a varias empresas farmacéuticas para que lo que suelen conseguir, en el mejor de los casos, en tres o más años, lo hayan conseguido en menos de un año.

Con la pandemia hemos podido comprobar también que la Unión Europea y sus países miembros, excluido ya el Reino Unido, no ocupan la cúspide de la investigación farmacológica. Y no deja de ser sorprendente, teniendo en cuenta el volumen de recursos dedicados a la ciencia en Europa, que se haya descuidado ese sector que es fundamental para nuestra salud y para nuestras libertades.

Resulta evidente que la dependencia científica de la Unión Europea de EE UU, Gran Bretaña, Rusia o China ha puesto en peligro no solo nuestra salud, sino nuestras libertades. No se trata por nuestra parte de postular un nacionalismo o europeísmo contrario a un mundo globalizado, sino de que la Unión Europea afronte las responsabilidades que le corresponden en este mundo globalizado.

No parece difícil concluir que es necesario revisar la vigente estrategia científica europea que ha descuidado sectores como el farmacéutico o el de las nuevas tecnologías. En el caso de España no es exagerado afirmar que la deficiente financiación de la ciencia, que ha sido una constante a lo largo de nuestra historia, nos sigue situando entre los Estados irrelevantes científicamente hablando. No obstante, no debemos perder la esperanza en que nuestros políticos descubran lo que ya es evidente: sin ciencia no hay progreso y nuestras libertades están en peligro.