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Julio Monreal

EL NORAY

Julio Monreal

El silicio que viene

Todo el mundo se apunta a la sostenibilidad, sobre todo desde las ciudades grandes y medianas, la Administración y los campus, pero pocos están dispuestos a pagar su coste

El silicio que viene

El silicio que viene

En un principio fue la basura (en algunas zonas aún lo es). Todo el mundo quiere que le retiren de su vista en minutos los residuos sólidos que genera pero nadie admite los vertederos o las plantas de tratamiento en su entorno. La nueva basura es la energía verde. Una fuerte polémica se levanta ya en algunas comarcas a la vista de los proyectos de huertos solares de decenas o centenares de hectáreas por su afección al paisaje. Todo el mundo se apunta a la sostenibilidad, sobre todo desde las ciudades grandes y medianas, la Administración y los campus, pero pocos están dispuestos a pagar su coste.

La descarbonización exige una transición energética revolucionaria. Hay que electrificar el transporte y sustituir los combustibles fósiles por energías renovables. Además de acabar con las nucleares, generar hidrógeno verde, buscar nuevas fuentes no contaminantes... Y todo ello para el horizonte de 2050, con el objetivo de frenar el calentamiento global, reducir la huella de carbono y otros elevados objetivos.

Sin embargo, por debajo de las nubes, sobre el terreno áspero de cada día, la realidad es diferente. La central de Cofrentes genera la mitad de la energía eléctrica que se consume en la Comunitat Valenciana, con una potencia instalada de 1.100 megawatios (MW) y su permiso de funcionamiento no va a prolongarse más allá de 2030. La energía eólica proporciona ya unos 1.500 MW aunque las trabas administrativas para su despliegue han dado alas a instalaciones vecinas en Aragón y Castilla-La Mancha que acogen con agrado los molinos, cobran sus impuestos, generan sus empleos y conectan con la red general de la que se nutre la Comunitat Valenciana. En el ámbito solar (fotovoltaico se dice ahora) las previsiones señalan que hace falta desplegar paneles para generar 6.000 MW (la décima parte que en España) y hoy hay 300, solo el 5 % de lo necesario. Este cuadro macroenergético ha desatado una auténtica carrera para tomar posición y hacer negocio con la energía verde, y muchos se han asustado al tomar conciencia de los daños colaterales que están por venir.

El paisaje no es un valor objetivo, inmutable, unidireccional. Su estima depende de factores como la idealización, la accesibilidad, la visibilidad y otros similares, generalmente subjetivos. Cuando arrancó la primera fiebre de la energía eólica y empresas bien conectadas con el poder pincharon aerogeneradores en lo alto de las sierras pocos salieron a reclamar declaraciones de impacto ambiental (DIA), pese a que el paisaje se veía seriamente perjudicado. Sólo importaba lo que estaba a la vista de los domingueros, siempre prestos a protestar por cualquier alteración de su Arcadia feliz. La línea del horizonte y la gran brecha terrenal del macrovertedero de Dos Aguas no le importaban a nadie, entre otras cosas porque quedaba lejos del circuito de ocio y disfrute.

Ahora llega el turno de los huertos solares. Desde la eliminación del llamado «impuesto al sol» se han disparado los proyectos de despliegue de placas fotovoltaicas y la ocupación del territorio se ha convertido en un motivo de protesta. Algunos de los que crearon el marco paradisíaco de la Toscana valenciana en parajes de viñedos de Moixent y otros municipios de la Costera protestan ahora vivamente por la infinidad de propuestas de parques fotovoltaicos en los mismos terrenos. En defensa del paisaje, sí, pero 300 viticultores han firmado ya su conformidad con el nuevo maná solar porque, entre otras cosas, el alquiler del terreno se paga a 2.500 euros por hectárea, hasta seis veces más que lo que obtienen trabajando de sol a sol en el duro secano. La historia se repite. En el despegue de la eólica, el agricultor al que le tocaba en suerte un aerogenerador en su parcela sentía como si le hubiera tocado la lotería, con rentas de hasta 6.000 euros anuales por cada poste. Los agricultores no son tan delicados como los urbanitas, que se permiten despreciar una inversión de 800 millones de euros alegando que hay que preservar un matojillo endémico y la madriguera de un tejón sorprendido por una cámara de movimiento.

Si se quiere paisaje habrá que hacer frente a los costes de su conservación. No se puede aspirar a que las sierras y los campos permanezcan en el idílico estado de las novelas pastoriles, sin aerogeneradores, huertos solares o vertederos de basura, cargando a los agricultores y propietarios del terreno la obligación de preservarlos inmaculados para cuando los senderistas salgan el domingo. El mundo rural también tiene derechos, pero parece que los suyos son de un segundo nivel, como se encargan de denunciar las comitivas de tractores que de cuando en cuando toman las grandes avenidas urbanas. El campo no puede ser el trastero de la ciudad, en el que esta guarda lo que no quiere ver. Los esfuerzos han de estar repartidos y los espacios de sacrificio, seleccionados minuciosamente y por consenso.

Por fortuna, hay representantes públicos que tienen plena conciencia de este problema de convergencia de intereses. La consellera de Agricultura y Emergencia Climática, Mireia Mollà, sabe que en los próximos años hay que multiplicar por cuatro la energía eólica y por 16 la solar. Y promete que aunque la Generalitat estará vigilante para evitar ocupaciones abusivas de suelo, no se puede exigir el cierre de Cofrentes por la mañana y oponerse al despliegue de renovables por la tarde. Según el presidente de la Asociación de Energía de la Comunitat Valenciana (Avaesen), Marcos Lacruz, la ocupación de tejados de viviendas e industrias puede proporcionar hasta un 10 % de la superficie fotovoltaica necesaria, pero no más. El resto tendrá que estar en el suelo, sea en Ayora, Chiva, Fontanars o Paiporta. Si se quiere paisaje, habrá que decidir con mucho mimo dónde irán los nuevos mares de silicio repartiendo los beneficios de renta y empleo y haciendo lo posible para no fomentar, aún más, el abandono de los cultivos y la actividad primaria o la brecha injusta entre campo y ciudad. Las medidas para evitar la despoblación deben tener muy en cuenta este necesario reparto de esfuerzos, porque en esos paisajes idílicos de los que los urbanitas disfrutan los fines de semana vive gente todo el año, y sufre el doble o el triple que el resto los sinsabores de esta sociedad que quiere ser posindustrial y 5G pero mantiene el tráfico pesado por el casco urbano de Pedralba en medio de una guerra de sensibilidades sobre ese medio ambiente que todo el mundo tiene en la boca (que no en la cabeza) las 24 horas de cada día.

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