Las elecciones del 4M en Madrid, junto con las celebradas en Cataluña tres meses antes, marcan un cierto retorno a la normalidad política previsible, después del parón extraordinario forzado por la pandemia durante un año (y que convirtieron los comicios gallegos y vascos del verano pasado en una especie de trámite insalvable sin ninguna novedad política reseñable). Recordemos dónde estaba la política española en el inicio de la crisis por coronavirus: un gobierno de coalición recién constituido, y una oposición muy fragmentada, donde los partidos estaba atrapados en una espiral de incertidumbre. Ciudadanos ya en claro declive, Vox en aparente ascenso, el PP inquieto por la sombra de este último.

Un año después, los comicios madrileños clarifican enormemente hacia dónde evolucionará aquella incertidumbre inicial. Quizá la elevada crispación en las retóricas e imágenes de estas semanas pasadas puede distraernos de las corrientes de fondo que se han expresado allí. Lo importante es no perder la perspectiva.

De entrada, las elecciones madrileñas nos insisten en algunas tendencias que se mantendrán, y que ya se habían manifestado en febrero en Cataluña: allí vimos que la pandemia no iba a tumbar gobiernos por sí misma ni conllevaría costes excesivos para los que la gestionaron; que Ciudadanos se hundía irremisiblemente a beneficio de los partidos sobre cuyos votantes se erigió; que Podemos no sacaba rendimiento de su presencia en el gobierno nacional; y que, por todo ello, la mayoría gubernamental iba camino de complicarse por la desestabilización de Podemos, Ciudadanos y el independentismo catalán.

Pero el 4M también trae novedades importantes, especialmente para el PP. Este ha visto, por primera vez, cómo puede ser posible obtener una cuasi-mayoría de gobierno sin necesidad de integrar en su interior a los sectores más ultras a su derecha, cuya presencia en el parlamento servirán además para recordar que Ayuso está, en todo caso, más al centro que ellos. Por eso, los resultados madrileños ratifican la posición de Casado en los últimos meses, donde ha tratado de adoptar una actitud más posibilista y de claro distanciamiento ante Vox desde la moción de censura en el Congreso de septiembre pasado.

En contraste, el partido de Abascal no solo experimenta su primer estancamiento desde 2018, evidenciando que no posee de momento mucho atractivo para los votantes conservadores cuando el PP tiene expectativas de victoria. Además, ve lastrada su relevancia parlamentaria, ya que pierde casi toda fuerza de chantaje ante el gobierno de Ayuso: ¿aceptarían los votantes de Abascal que Vox le cerrase el paso a Ayuso?

El freno de Vox y la absorción de Ciudadanos por parte del PP debería dar mayor margen de juego a Casado en el ámbito estatal, donde necesita reducir la polarización en la que se ha instalado la política española para que los liberalconservadores puedan reconstituir el diálogo con los actores regionalistas y nacionalistas, especialmente en Cataluña. Y es que la ‘fórmula Ayuso’ para Madrid no constituye un atajo alternativo a la ‘fórmula Casado’ para España, donde las coaliciones sociales que han levantado las mayorías del PP siempre resultaron más complejas que en Madrid. La Comunitat Valenciana es uno de los casos ejemplares.

Esa orientación más posibilista de Casado también le conviene a Sánchez. La política de confrontación con Vox puede ayudar a cubrir cierto nivel de desgaste por gobernar, pero es estéril si la acción de gobierno aliena al electorado más moderado, como se ha comprobado en Madrid. Seguramente, la lección más dura para el PSOE en estas elecciones es que puede estar acabándose una brecha de desafecto en el centro, demasiado a la izquierda para los cálculos que necesita Sánchez. Y demasiados exvotantes socialistas podrían estar cayendo del otro lado.

Pero más allá del juego de partidos, las elecciones madrileñas también clarifican el terreno de juego en el mapa de la España autonómica: Ayuso se ha visto arropada por sus votantes debido a su particular posición ante el Gobierno central (y el resto de comunidades autónomas) durante la pandemia. Y con ello anticipa una posición más exigente en las negociaciones que tendrían que darse tarde o temprano tanto para reformar la financiación autonómica como para discutir sobre las crecientes asimetrías territoriales que atenazan España. Tras una década en la que la política española ha estado distorsionada por el pulso del independentismo en Cataluña, los principales deberes del Estado autonómico siguen pendientes. Y cuando llegue el momento de abordarlos, Ayuso se presentará con un respaldo social interno incuestionable. Desde esa perspectiva, el 4M de Madrid es una interpelación directa a la España periférica, y particularmente a los representantes y dirigentes valencianos.