En plena reforma de la Ley de la Cadena Alimentaria, es patente la buena voluntad que los grupos impulsores están mostrando para proteger a los productores, el único eslabón que está oxidado mientras los demás brillan por el oro de sus balances. Los esfuerzos dirigidos a corregir estos desequilibrios se centran en incluir referencias de costes y precios, contratos obligatorios y un registro de los contratos. Sabemos, sin embargo, que la futura normativa va a tener un alcance limitado, que determinará Competencia. Por ejemplo, sabemos que no van a permitir precios mínimos, aunque a nosotros sí nos imponen salarios interprofesionales mínimos. Pero lo peor no es eso. Mientras la clase política continúe dejando entrar todas las importaciones que entran y de la manera descontrolada y desregulada que entran (sustituyendo la producción europea, en lugar de complementarla, sin reciprocidad fitosanitaria, ambiental, social ni laboral, y, para colmo, sin vigilancia de plagas y enfermedades) esto no tiene visos de solución. Solo con que una firma de la distribución ponga a la venta una naranja de Egipto o arroz de Myanmar a un precio más barato, las otras cadenas le seguirán. Porque no nos engañemos, el criterio de compra que impera en la mayoría de los consumidores no es la calidad o la sostenibilidad ambiental, sigue siendo el precio, digan lo que digan las administraciones. Parece ser que Pedro Sánchez acaba de pedir a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que desbloquee el acuerdo con Mercosur, cuya ratificación no avanza porque Francia, Países Bajos o Austria piden un compromiso medioambiental ante la destrucción del Amazonas en Brasil. ¿Acaso cree Sánchez que la contaminación solo afecta a España? ¿Por qué no pide a los demás lo que nos exige a los agricultores y ganaderos españoles? Si hay empresas que van a hacer un buen negocio en estos países a nuestra costa, como ya ha ocurrido antes con otros gobiernos, lo menos que puede hacer, en un acto de honestidad y transparencia, es decirlas. Si sigue adelante con sacrificar al sector agrario, lo menos que puede hacer, en un acto de justicia y coherencia, es establecer compensaciones. Y si no lo hace, que no nos hable más de la lucha contra el cambio climático o del despoblamiento rural. O blanco o negro. Defender una cosa y la contraria es de hipócritas, propio de analfabetos o de personas que actúan de mala fe.