Sin casa, sin curro, sin miedo». Este fue uno de los tantos lemas que protagonizaron, hace diez años, las acampadas y las movilizaciones del 15M. Casa y curro, dos cuestiones básicas para construir cualquier proyecto de vida a largo plazo que, sin embargo, los gobiernos del bipartidismo no habían procurado para miles de ciudadanos y ciudadanas.

No fue ninguna casualidad que en aquella consigna quincemera la idea de «sin casa» precediera a la de «sin curro». Una de las imágenes más icónicas del estallido popular, de hecho, fueron las tiendas de campaña invadiendo las plazas. Todo un símbolo de cómo la cuestión de la vivienda invadió tanto el espacio como el debate público. Desde los años 60 del siglo pasado, la posesión de una casa en propiedad se había convertido en una forma habitual para ascender socialmente. En 2008, cuando explotó la burbuja inmobiliaria, ese ascensor social cerró sus puertas bruscamente y sin avisar, frustrando las aspiraciones de miles de jóvenes que veían así frustradas sus expectativas. Resulta razonable hasta cierto punto que la reivindicación del derecho a la vivienda se convirtiera en una demanda aglutinadora del descontento social durante el 15M y protagonizara su lista de reivindicaciones.

Todo movimiento de impugnación popular surge en un primer momento como un clamor que condensa un gran número de demandas. Sin embargo, para que estas se acaben traduciendo en transformaciones tangibles es necesario que se canalicen a través de alguna opción política u otra. Ese fue el propósito de Podemos y del resto de fuerzas políticas del cambio: dar cauce a las bravas aguas del descontento popular. Por este motivo nos sentimos partícipes y herederos de aquel momento de ilusión colectiva. Mediante la participación en las instituciones, nuestra formación ha conseguido situar muchas de las demandas del 15M en el centro de la gestión institucional. En el caso de la Comunitat Valenciana, la reversión de los recortes en derechos sociales como la sanidad o la educación pública se encuentran en el centro mismo del Pacto del Botànic con el que las fuerzas del cambio asumieron tareas de gobierno.

A pesar de nuestra juventud como fuerza política, hemos demostrado nuestra capacidad para hacer frente a una de las situaciones más complejas que se han tenido que gestionar nunca: la emergencia sanitaria y socioeconómica provocada por la covid-19. Y lo hemos hecho demostrando que las crisis, a diferencia de lo que ocurrió con la debacle financiera de 2008, no las han de pagar los más vulnerables de nuestra sociedad. Las enormes dificultades que hemos superado en este último año han servido para demostrar nuestra madurez y altura de miras en los momentos de mayor dificultad, priorizando siempre el diálogo y el consenso sobre los intereses partidistas, especialmente en situaciones delicadas en los que sin esa altura de miras podía peligrar el proyecto de cambio.

Los resultados de las elecciones de Madrid nos advierten de la necesidad de ir más allá. El Botànic, como el resto de gobiernos de progreso, no puede limitarse a adoptar una actitud defensiva y debe actuar con determinación para acometer cambios aún más profundos. Debemos ser capaces de imaginar nuevos horizontes de emancipación democrática que fortalezcan mucho más a nuestra sociedad. Una sociedad que está viviendo numerosas transformaciones sociales, tecnológicas y económicas, pero que necesita consolidarse como referente de cara al futuro. Estamos sometidos a retos a gran escala que, si las instituciones no proveen de certezas a los más vulnerables, pueden derivar en un mayor conflicto social; de hecho, las consecuencias de estas transiciones ya han erosionado buena parte de las bases materiales sobre las que se sustentaba la clase media española.

La historia nos enseña que, así como la clase media sustenta un pilar importante de la democracia, ante la incertidumbre puede llegar a abrazar posiciones reaccionarias, impropias de una sociedad que mira al futuro. Por eso es tan importante que los movimientos transformadores se avancen a las consecuencias sociales, económicas y climáticas que se vislumbran. Éste debe ser el papel de las fuerzas del cambio en el actual contexto: romper las inercias del estatus quo, anticiparse a los retos del mañana y ampliar los límites de la democracia hacia nuevas esferas de la vida cotidiana. Ya que, de lo contrario, será el mercado el que impondrá su lógica sobre dichas transformaciones, convirtiendo lo que deberían ser derechos en los privilegios de unos pocos.

Estos términos de la disputa política ya están presentes en cuestiones centrales como el debate sobre la introducción o no del control de los alquileres. A pesar de todo, siguen ausentes en los debates relativos a cómo acometemos el que posiblemente sea el mayor reto para el futuro de nuestras sociedades: la transición ecológica. Si realmente se pretenden realizar pasos firmes en la dirección de la transición verde, la movilidad sostenible, el comercio de proximidad o la producción ecológica, entre otros aspectos, no pueden ser opciones de consumo restringidas para las clases adineradas. La movilidad sostenible no puede desarrollarse a espaldas de los habitantes de las áreas metropolitanas, muchos de los cuales están obligados a utilizar el automóvil cada mañana ante la falta de un transporte público adecuado. Como tampoco debe permitirse que la producción ecológica se limite a ser la nueva gama alta de los supermercados. De poco serviría todo ello. Por eso necesitamos ampliar la provisión de derechos democráticos en detrimento de la lógica del mercado.

Estamos a 9 de mayo, Día de Europa. La Unión Europea nació como respuesta al horror y la destrucción de la Segunda Guerra Mundial. Se constituyó como un espacio común en el que coordinar las políticas nacionales y evitar, de esta manera, posibles conflictos en el futuro. Hoy en día, los espacios transnacionales como este son más necesarios que nunca para afrontar los retos del mañana. Así lo ha expresado el propio presidente de Estados Unidos, Joe Biden, al pedir la colaboración del resto de Estados para la aplicación de un impuesto que grave las grandes fortunas tecnológicas. O más recientemente, para liberar las patentes de las vacunas del coronavirus. Es el momento de que Europa no solamente deje atrás para siempre la doctrina del neoliberalismo, sino que, además, se reconfigure en favor de las periferias. Solamente así se podrá evitar que la integración europea continúe castigando a las poblaciones del sur de Europa, alimentando el caldo de cultivo de la nueva extrema derecha. En este sentido, las periferias europeas deben ser el centro de la nueva recuperación que estamos acometiendo. Una recuperación basada en la reindustrialización verde de nuestro país y que siente los cimientos de un nuevo pacto social. La esencia de lo cual, como puede advertirse, ya estaba en las reclamaciones que llenaron las plazas y las calles durante el 15M.