Todos daban por sentado que el exvicealcalde Alfonso Grau, todopoderoso valido de Rita Barberá, había ejercido su cargo en el lado oscuro. Se libró de milagro tras verse imputado en el caso Noos (del yernísimo Urdangarín) pero los jueces declararon probado que había aceptado relojes joya de un contratista municipal y le impusieron cuatro años de cárcel por cohecho y blanqueo (los cambió por otros más caros para borrar el rastro).
El mazazo sorpresa ha venido como consecuencia de la detención del subdelegado del Gobierno, ex coordinador de Urbanismo de València, concejal, cabeza de lista de los socialistas en 2003, diputado provincial y autonómico Rafael Rubio, una de las figuras de más amplia y reconocida trayectoria política en el PSPV-PSOE.
Quienes conocen a Rubio y le han acompañado en más de 35 años de carrera no dan crédito a lo que va trascendiendo del llamado caso Azud II: que cuando era líder de la oposición, allá por 2005, recibió 300.000 euros en metálico del mismo constructor, Jaime Febrer, que abonó un millón a Alfonso Grau por mordidas urbanísticas.
Uno no encuentra a nadie, sin embargo, que ponga ya la mano en el fuego por nadie. Dos décadas largas de casos de corrupción, muchos de ellos relacionados con el ladrillo de la época dorada, la que se abrió tras la llegada de José María Aznar a la Moncloa en 1996 y sus normas desregulatorias del suelo, han vuelto mucho más prudentes a los políticos valencianos en el momento en que se conoce una nueva operación judicial en su entorno. El PP, en plena tarea de glorificación de la etapa de Rita Barberá en la Alcaldía de València, no ha dicho ni mu sobre las detenciones del Azud II. El principal encausado en la primera parte del sumario, hace dos años, fue el cuñado de la alcaldesa, el abogado José María Corbín, imputado junto a su esposa Asunción Barberá y las tres hijas de ambos por beneficiarse, supuestamente, del cobro de comisiones a contratistas municipales. De aquel hilo sale el actual ovillo.
Internamente, en el PSPV-PSOE la detención de Rubio y de otro socialista histórico como el abogado José Luis Vera, y la investigación sin arresto del ex secretario de finanzas del partido, Josep María Cataluña, han sembrado la alarma. Tras las declaraciones de cautela y de contexto («se refiere a temas de hace 15 años»; «es la corrupción sistémica de la etapa del PP») hay una profunda sensación de incertidumbre por no saber qué es lo que en verdad sucedió, y de fastidio por el emponzoñamiento de la imagen de sus gestores de hoy, justo cuando más viento llevaban en las velas.
En los otros partidos, la lectura ha sido la previsible: Ciudadanos, Compromís y Unidas Podemos cargan contra «la vieja política» de populares y socialistas con el pecho inflamado por el espíritu del 15-M que les dio alas, un movimiento del que ahora se cumplen diez años y al que le atribuyen virtudes regeneradoras sobre malas prácticas del pasado.
Rubio, Febrer, Vera, Grau... Todos son perdedores en este nuevo capítulo de investigación sobre corrupción que parece no tener nunca fin en la Comunitat Valenciana. Si se confirman los primeros apuntes, el peso de la ley les caerá encima y puede dar con sus huesos en la cárcel. Y en todo caso, mientras se sustancia el procedimiento, llevarán el sambenito como una losa durante la instrucción y la vista oral: años hasta que se produzca una sentencia firme que delimite sus responsabilidades. Y si esta se pronunciara en su favor, no hallarían compensación suficiente por los años transcurridos bajo el estigma. No se ha encontrado solución a ese problema de tiempos que la justicia proyecta sobre sus encausados.
Oprobio para los implicados y desgaste para la política, víctima de generalizaciones injustas cuando se producen operaciones como la presente. Como si hubiera otro camino que la política para gestionar los asuntos públicos. Lo hubo en el pasado, representado por los caciques, dictadores y otros desalmados. Pero no caben hoy esas fórmulas. Hay que exigir, participar, reclamar... pero también respetar e incluso ayudar a la gran mayoría de políticos que se dedican a lo público por vocación de servicio y desde la más sincera intención de mejorar las cosas por sueldos a menudo más bajos de lo que marca su responsabilidad.
Mientras los detenidos e investigados van desfilando ante la jueza de Instrucción 13 emerge como un iceberg una víctima silenciosa del sumario de los casos Azud I y II: el plan urbanístico pendiente de desarrollar en el Grao, en los terrenos por los que discurre el que fue circuito urbano de Fórmula 1, entre la vía del ferrocarril València-Barcelona y la fachada marítima. La detención de dos de los empresarios que formaron parte de la sociedad impulsora del plan, Jaime Febrer con su Construcciones Valencia Constitución, y Federico Ferrando al frente de Gesfesa, y las dudas que la investigación arroja sobre su evolución permiten suponer que el Ayuntamiento de València, gestor directo de dicho plan, lo va a mantener en el congelador.
Acinelav, un grupo de empresas formado por las dos citadas y otras como Bankia y Pavasal, compró por 300 millones de euros, por subasta en 2006, los terrenos de los almacenes de combustible de la Compañía Logística de Hidrocarburos (CLH) cuando estaban llamados a convertirse en un nuevo y exclusivo barrio de conexión de València con su fachada marítima por el Sur. La crisis se encargó de arruinar el proyecto, el banco prestamista se quedó el suelo, lo pasó a la Sareb y ésta al grupo inversor Atitlán por poco más de diez por ciento de su valor inicial.
Inversores inmobiliarios aseguran con datos que su sector es uno de los pocos a los que la crisis del coronavirus no ha afectado y que este es un buen momento para desarrollar proyectos. Los 400.000 metros del plan del Grao se quedarán ahora fuera del mercado por ese azud que en lugar de mejorar el curso del agua la ha ennegrecido. Aunque el planeamiento de 1988 ya preveía un barrio rótula entre la ciudad y el mar y pese a que el reparto de cargas y beneficios está fijado en documentos municipales, el alcalde Joan Ribó, como denunciante de anomalías cuando estaba en la oposición, y la vicealcaldesa de Urbanismo Sandra Gómez por un principio de prudencia política y administrativa, dejarán que la hierba siga creciendo junto a las vallas de hormigón y hierro que un día protegieron el paso de los bólidos de Bernie Ecclestone.
Presupuestos participativos
Tienen las administraciones valencianas actuales una fe ciega en lo que recibe el nombre de presupuestos participativos, una acción política que permite a los ciudadanos decidir, por medio de consulta directa, el destino de una parte de los fondos públicos. Sin embargo, esta fórmula de democracia individual no para de causar problemas a sus promotores.
En la Generalitat Valenciana acaban de poner en marcha esta iniciativa con unas bases muy similares a las que funcionan desde hace unos años en el Ayuntamiento de València. El eje de la polémica ha girado en torno a la propuesta de instalación de unos arcos chinos en las calles Pelayo y Convento Jerusalem para señalizar la concentración de comercios gestionados por empresarios de origen asiático al estilo de los Chinatown de las ciudades de Estados Unidos. Con 342 votos individuales a favor, el ayuntamiento anunció su luz verde al proyecto. La plataforma surgida en contra de los arcos ha reunido en change.org 420 votos en contra, y apela a su «mayoría» para que el consistorio retire el hito. El alcalde Joan Ribó ha defendido el marco municipal de la iniciativa y ha dado su respaldo a los arcos. Hace bien. En la «democracia» de las redes sociales, si una plataforma en contra de su gestión obtuviera uno más que los 106.395 votos de Compromís en las elecciones municipales de 2019, el alcalde tendría que dimitir. Los presupuestos participativos son una iniciativa positiva, pero han de perseguir la equidad y la universalidad. Hay mucho mundo fuera de las redes sociales. La mayoría.
