El informe emitido por el Tribunal Supremo, el pasado 26 de mayo, sobre la solicitud de indultos para los condenados del ‘procés’ es impecable. No resulta posible concebir otra conclusión, a la vista de las solicitudes de indulto y demás documentos que se contienen en dicho informe, que la de considerar que no procede otorgar a los condenados ni indultos totales ni parciales.

Hasta ahora no conocíamos el contenido de las solicitudes de indulto que ahora descubrimos que no son sino la reiteración del argumentario independentista. Los solicitantes de los indultos no son los condenados, sino una serie de personas y organizaciones ligadas al independentismo que insisten en que: no se cometió delito alguno; que tan solo se ejercieron derechos fundamentales; que se vulneraron los derechos fundamentales de los procesados y posteriormente condenados; que no se vulneró ni la Constitución ni el Estatuto de Autonomía de Cataluña mediante la declaración unilateral de independencia. Además, consideran los solicitantes que el Tribunal Supremo, lejos de actuar con la imparcialidad exigida, lo hizo como una suerte de instrumento del poder ejecutivo, y añaden toda una retahíla de argumentos que hemos estado escuchando en los últimos años.

La sala segunda del Tribunal Supremo quiso escuchar a los condenados para que pudieran fundamentar las razones que consideraban les hacía merecedores del indulto. Pero a excepción de dos de ellos, los demás no se manifestaron en el procedimiento de indulto y los que lo hicieron volvieron a reiterar el argumentario independentista. Los condenados tuvieron la oportunidad de reconocer que habían vulnerado la Constitución, el Estatuto de Autonomía y el Código Penal, pero no lo hicieron y lejos de mostrar arrepentimiento reiteraron en manifestaciones públicas que volverán a hacer lo que hicieron.

La petición de indulto se plantea por los condenados del ‘procés’ y por los partidos políticos y asociaciones de las que forman parte como un reto al Gobierno central de una soberbia descomunal. Aseguran que volverán a realizar las conductas por las que fueron condenados y exigen el indulto y la reforma del delito de sedición, de manera que puedan en el futuro inmediato perpetrar actos contrarios, entre otros, a la integridad territorial del Estado o a la Constitución sin que dicha conducta sea constitutiva de delito. En sentido contrario, sostienen los independentistas que se pueda proclamar la independencia de Cataluña, de manera unilateral, sin consecuencias penales para los que lleven a cabo dicha proclamación. De manera que el Estado quedaría desprovisto de instrumentos para evitar una independencia efectiva, porque si no es delictiva la proclamación de independencia, no parece que pueda aplicarse, en el caso de que dicha proclamación se produzca, el artículo 155 de la Constitución, es decir, la intervención de la Generalitat de Catalunya, como tuvo lugar en 2017.

El Gobierno central ha anticipado que va a llevar a cabo dos de las exigencias de los independentistas; conceder el indulto a los condenados en el ‘procés’ y reformar el delito de sedición. Esto último con el argumento de que hay que adecuar dicho delito a los ordenamientos de los países democráticos de nuestro entorno. El argumento no se sostiene: el Tribunal Supremo, en el informe de 26 de mayo, ha demostrado que Francia, Alemania, Italia o Bélgica, entre otros, contemplan en sus ordenamientos jurídicos delitos contra la integridad territorial o la Constitución con penas iguales o superiores a las que contempla nuestro Código Penal.

Con el informe desfavorable del Tribunal Supremo, el Gobierno central no puede conceder indultos totales, pero sí parciales. Y habida cuenta de que los condenados han cumplido ya parte de la condena, el indulto parcial puede ser por el resto de condena que les queda por cumplir a los líderes independentistas. El Gobierno puede indultar a los condenados por el ‘procés’ argumentando que se trataría de perdones con la finalidad de restablecer el diálogo y la reconciliación, o con argumentos similares.

El Partido Popular ha anticipado que recurrirá ante el Supremo la concesión de indultos a los condenados. Pero la sala tercera de lo contencioso administrativo del alto tribunal, que sería la competente para revisar dichos indultos, no puede entrar en los motivos que determinaron la concesión de los indultos. El Tribunal Supremo tan solo puede revisar el procedimiento de concesión y el alcance del indulto que debe adaptarse a lo previsto en la ley, por lo que los recursos anunciados serán un canto al sol.

Pensar que el Gobierno central, mediante los indultos, lleve la concordia a Cataluña parece poco realista. Probablemente, verá garantizada, por el momento, la mayoría parlamentaria que le permite gobernar, porque esa medida de gracia gusta a los independentistas catalanes y vascos. Pero no es posible ignorar que el nuevo presidente de la Generalitat de Catalunya, antes de que se concedan los indultos y se reforme el delito de sedición del Código Penal, objetivos que considera ya realizados, sitúa en el centro de su programa de gobierno (más bien de desgobierno) el derecho a la autodeterminación y la amnistía. El nuevo presidente, lejos de ofrecer diálogo y conciliación, sigue con la espada en alto sin importarle lo más mínimo lo que piensan más de la mitad de los catalanes y la inmensa mayoría del resto de españoles.

Todo parece indicar que el Gobierno central se ha metido en un callejón sin salida. Si sigue haciendo concesiones a los independentistas, que no debe olvidarse son una minoría en nuestro país, puede garantizar su permanencia en el poder, pero muy probablemente generará tensiones enormes con millones de españoles que rechazan el independentismo. Ciudadanos que verán como única finalidad de los indultos la permanencia en el poder sin solucionar la crisis catalana. Y si el Gobierno central rompe con los independentistas tendría que dar por finalizada la legislatura en un momento en que se observa un deterioro considerable de la confianza de los electores socialistas en el Gobierno que, probablemente, conduciría a la pérdida de las elecciones que sería necesario convocar.