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Juan Lagardera

NO HAGAN OLAS

Juan Lagardera

Sanidad pública y/o privada

Antes de la pandemia del coronavirus sacábamos pecho de la sanidad pública española, incluyendo los residentes británicos de la tercera edad que conseguían prótesis ortopédicas subvencionadas en nuestro país. Es verdad que las urgencias hospitalarias andaban de bote en bote y las listas de espera para los especialistas eran desesperantes. Mientras, los farmacéuticos rebajaban la factura abogando por los medicamentos genéricos y ofreciéndose para acometer el seguimiento extrahospitalario de los enfermos crónicos, en vista de que nuestra red sanitaria apenas cuenta con centros de cuidados intermedios.

En la Comunitat Valenciana, los gobiernos de Eduardo Zaplana dejaron como legado una nueva Fe con habitaciones individuales construida por la ACS de Florentino Pérez y el decidido apoyo para la floración de un potente sector privado en la atención sanitaria. Donde no hubo manera de construir un hospital público fue, sin embargo, en el Benidorm hegemónico de la clínica de Carlos Paz.

La llegada de un gobierno de izquierdas a la Generalitat trajo consigo un cambio radical de modelo: el tripartito valenciano se propuso la reversión de todos los hospitales privados y el final de las políticas liberalizadoras en la sanidad valenciana bajo la férrea dirección de Carmen Montón, cuya furia antiprivatizadora la catapultaba incluso al Ministerio de Sanidad.

En medio de esa reyerta ideológica que afectó incluso al pionero IVO de la familia Llombart, los centros de investigación valencianos se diseminaban y los grandes científicos de aquí emigraban a otros territorios –el virólogo Luis Enjuanes o el vilipendiado Bernat Soria–, todo ello a pesar de los esfuerzos en relaciones públicas y diplomacia genómica por parte de Santiago Grisolía, excolega de Severo Ochoa, organizando anualmente una convención de premios Nobel en València a través de la Fundación de Estudios Avanzados o de la construcción de un gran edificio como sede del Instituto Valenciano de Estudios para la Salud Pública.

Una vez más, la tendencia recurrente de las administraciones valencianas, incluso en la sanidad, favorecía las inversiones en edificaciones más que la apuesta por los contenidos. Todas las políticas parecen dinamizarse con el ladrillo, incluso las universitarias. Por cierto, ¿en qué ha quedado el proyecto de campus de excelencia centrado en investigaciones punteras biomédicas que presentaron en su día la UV-EG y la UPV?

Prosigamos: así estaban las cosas, con la Generalitat reclamando más financiación para el pueblo valenciano, la deuda pública atenazando los presupuestos y los pactos nacionales en el Ministerio de Hacienda dejándonos sin posibilidad de emitir bonos regionales, cuando estalló la pandemia y empezamos a pasarlo realmente mal.

Ocurrió entonces que, a pesar del ‘numerus clausus’ de las facultades valencianas de Medicina, incluso de la precariedad del mercado laboral de la enfermería, la administración pública dirigida por el presidente Ximo Puig y la consellera de Sanidad, una abogada socialista pragmática y exalcaldesa de Sax, Ana Barceló, consiguió movilizar a más de 9.000 nuevos sanitarios para hacer frente a las aterradoras oleadas de la covid-19. Con esas cifras de profesionales en sazón se entiende ahora la emigración laboral de nuestros sanitarios.

El esfuerzo, sin embargo, ha dejado escuálidas las arcas valencianas. Hemos tenido éxito con la campaña de vacunación, aunque ahora las autoridades exigen firmar un papel para elegir marca de vacuna, una insólita decisión por parte de quienes se deberían guiar por los ignotos campos de la ciencia. Pero los datos estadísticos avalan desde hace semanas la buena situación sanitaria valenciana. Consecuencia de ello, no se han renovado cerca de un tercio de los contratos movilizados durante la crisis del coronavirus. La vicepresidenta Mónica Oltra, lideresa del partido coaligado, hace unas esperpénticas declaraciones en RTVE diciendo que se ha enterado por la prensa de esa decisión que precariza la plantilla de la salud pública aunque, al mismo tiempo, se queja de que la reversión de un hospital privado va muy lenta.

Meses atrás, otro destacado socialista valenciano, Jordi Sevilla, publicaba el ensayo ‘Qué está pasando con tu sanidad’, donde proponía una serie de medidas –hasta una treintena– para mejorar la sanidad española, abogando por la colaboración del sistema público con el privado. En la misma línea, el actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha incluido el desarrollo de la sanidad como uno de los ejes económicos del futuro para la España de 2050: pública y privada. Ambos ya saben que el gasto sanitario no tiene límites y hay que obrar en consecuencia.

Ante la ola de protestas de una incipiente marea verde en la sanidad valenciana, el presidente Puig reacciona y anuncia que es tiempo de reflexión y que, muy posiblemente, los 6.000 trabajadores sanitarios interinos que todavía luchan contra el virus neumónico serán absorbidos estructuralmente por la Generalitat. Todo ello mientras iniciativas como los hospitales IMED o el aterrizaje de los Quirón y los Vithas han sido grandes éxitos entre los pacientes valencianos a pesar de la falta de una buena política de incentivos para el desarrollo de los seguros médicos privados que pudieran liberar de presión a la sanidad pública.

Y así estamos, con cifras bajas de incidencia pandémica pero con el temor a un nuevo rebrote; en medio de una campaña de vacunación que empezó con retraso, avanzó triunfal y ahora anda desinformada; con las consultas de especialistas para enfermedades comunes y las intervenciones quirúrgicas aplazadas ‘ad calendas graecas’, y sin repensar seriamente hacia dónde vamos y por qué caminos en la sanidad pública, aquella que más importa y que más valora la ciudadanía. Nos lo tenemos que hacer mirar.

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