La comodidad del cuento facilita adjetivar la lacra de la corrupción. Corrupción urbanística, la solución fácil a la pereza intelectual. Cierto que es una de las variantes de la corrupción. ¿La única, la más frecuente? No, porque podría implicar que los quinientos cuarenta y dos alcaldes y alcaldesas y los correspondientes responsables del urbanismo en nuestros municipios serían como mínimo corruptos sospechosos, como ocurriría con los ocho mil colegas de los municipios españoles.
Junto a ellos, los profesionales de los trabajos urbanísticos en arquitectura, economía, hacienda, derecho, sociología, geografía, biología y demás que se ocupan de la redacción de los documentos legales o que informan desde sus respectivas áreas de conocimiento los trámites que se requieren para la ordenación del territorio y los asentamientos urbanos.
Colectivos tan numerosos en los que sin duda alguna se dan casos de ilícitos jurídicos y por supuesto de desviaciones éticas y democráticas. Como ocurre con otras ocupaciones y profesiones menos sometidas al escrutinio público o judicial tales como las intelectuales, las académicas o las periodísticas, entre otras y que no suelen ser señaladas en las crónicas sociales de la corrupción.
Un primer ejemplo, el de la red ferroviaria española en el siglo XIX y primera parte del XX que sin duda alguna alteró configuraciones territoriales y urbanas, generó plusvalías según la situación de los predios o de las mismas ciudades. Plusvalías de las que se beneficiaron unos pocos, por supuesto y en primer lugar los poseedores de suelo aledaño a los carriles. Su adjudicación a las empresas ferroviarias, así como las concesiones para su explotación, beneficiaron a la misma Corona y sus cortesanos sin mediar a ningún beneficio estrictamente urbanístico. Eso sí, un siglo y medio más tarde, las necesidades ferroviarias y su alejamiento de los núcleos urbanos han generado apetitosos bocados de suelo. Como sucediera en el pasado, ha sucedido en el presente inmediato con la red de alta velocidad, tanto en las adjudicaciones de la construcción como en la vecindad de las estaciones construidas o previstas.
Servicios básicos para la ciudadanía se transforman de bienes públicos de derecho universal en jugosas ‘inversiones’ privadas. Inversiones que se nutren las más de las veces de las mismas aportaciones de los usuarios o de las administraciones públicas, cuyos fondos a su vez, como es sabido, son generados por los mismos. Las aguas potables son ejemplares al respecto. La apropiación privada es un caso clamoroso: de bien público a dominio privado aunque se disfrace de modo conveniente como concesión administrativa. Nace en muchos casos de la necesidad derivada de la salubridad pública como en el caso del cólera y las aguas fecales urbanas, unido a la carencia crónica de recursos económicos por parte de las administraciones locales.
La privatización más desaforada lleva a la catástrofe como se está viendo en Estados Unidos, espejo en el que suelen contemplarse nuestros aguerridos empresarios del ramo. La expansión más o menos furibunda ha propiciado las correspondientes mordidas públicas y privadas con el correlato además de ser pagadas como todo por los mismos usuarios o, si es menester, por los contribuyentes. Todo ello con la compensación en forma de sillones retribuidos en los consejos de administración y con expansión en otros ámbitos con cargo a los beneficios y, por supuesto, con ignorancia de las víctimas, esto es de los usuarios que somos todos.
El tres -o más- por ciento de la era pujoliana en Catalunya no estaba vinculado a los trapicheos o recalificaciones urbanísticas, aunque no los desdeñara. La red operaba a todos los azimuts incluida la misma cultura, las mercedes a intelectuales, literatos o meros activistas culturales. Como las redes clientelares de que dieron buenas muestras tanto la Catalunya de Pujol como la Andalucía de los ERE, los puestos de trabajo ficticios en todas partes. La larga letanía valenciana de la derecha resulta ilustrativa.
La proliferación de gabinetes de comunicación, de periodistas incrustados en empresas, instituciones o en partidos es una forma menos brutal de influir en la opinión pero igualmente ligada a los intereses espurios de unas minorías que se consideran al margen de la sociedad en su conjunto. El pago de páginas, cuñas de voz o reportajes encubren el trasiego de fondos y de sobres nunca vacíos. Corrupción conocida, reconocida, pero poco aireada y menos denunciada que encubre o adorna operaciones de infraestructuras que a su vez generan las conocidas comisiones.
Todos los escalones de las administraciones públicas democráticas están sometidos a la transparencia de su gestión y al conocimiento de los recursos empeñados en la misma. Estas proposiciones incluyen a los instrumentos que canalizan la voluntad de los pueblos democráticos y que se suelen referir como participación de los mismos en la conformación de la voluntad mayoritaria, los partidos políticos. La financiación de los mismos debe estar sometida a idénticos criterios a los apuntados, así como al escrutinio público. El temor a enajenar simpatías ha ocasionado la ocultación hipócrita de gastos y el origen de ingresos propiciando la colusión entre gestores públicos e intereses privados, en ambos casos al margen de la ley y del respeto a los valores que fundamentan la democracia.
Por supuesto que la corrupción urbanística ha ocupado un puesto tan preeminente como indeseable en la escala de las corrupciones. En mayor medida cuando se dio la mano con la burbuja inmobiliaria, hinchada con la avaricia financiera y de una derecha voraz y sin límites que contaminaron a cierta izquierda maravillada por la facilidad de realizar beneficios individuales sin esfuerzo alguno. Chirbes -‘Crematorio’, ‘En la orilla’- escribió un buen manual de este tipo de urbanismo con especial referencia al modelo valenciano.
La nube corrupta que alcanza desde la cúpula del Estalo a escalones inferiores parece haber anestesiado a la población; peor aún, propaga la idea de «si tú no lo haces, lo hará otro». Con las puertas giratorias y las empresas energéticas a la cabeza. Las limitaciones de la Justicia no contribuyen a la recuperación de la confianza de las gentes en sus instituciones. La reacción popular, y electoral, es el camino.
