Cinco años después de su firma, las autoridades europeas van a abordar el proceso de revisión del acuerdo comercial con Sudáfrica. Sabedores de lo mucho que hay en juego, el Grupo de Contacto de Cítricos, formado por los principales representantes del sector citrícola de España, Italia, Francia y Portugal, analizó esta semana qué ha ocurrido durante este tiempo. AVA-Asaja asumió una vez más su responsabilidad aportando argumentos de sobra para evidenciar las fatales consecuencias de este tratado, por no hablar de los gravísimos problemas fitosanitarios que acarrean sus exportaciones. Nunca un estudio de impacto ha acumulado más fallos (o engaños) que el que diseñó Bruselas para ratificar este acuerdo. Por ejemplo, nos decían que el país sudafricano apenas iba a crecer sus exportaciones de mandarinas y por ello se les aplicó arancel cero, cuando la realidad es que Sudáfrica plantó de 2012 a 2017 más de 10 millones de plantas de mandarinas tardías. Las mayores concesiones ya han fomentado el desplazamiento de 300.000 toneladas de las variedades tempranas españolas, poniendo en serio peligro toda la primera mitad de nuestra campaña citrícola. Los incumplimientos también han sido sistemáticos en la entrada de plagas y enfermedades de cuarentena que, en caso de introducirse en Europa, podrían causar pérdidas irreversibles en nuestra citricultura. Estoy hablando de la mancha negra, del cancro de los cítricos o de la falsa polilla. Sobre esta última, indigna especialmente el hecho de que a Sudáfrica no se le obligue a realizar un tratamiento en frío a sus envíos para evitar la llegada de este insecto letal. El Gobierno español y la Unión Europea no se han enterado o no han querido enterarse de nada. Va siendo hora de que acometan una investigación en profundidad de las desviaciones de este tratado y actúen en consecuencia. Tras la posición defendida por AVA-Asaja, el sector citrícola va a llevar el tema a sus respectivos gobiernos para que éstos lo planteen en la Comisión y el Parlamento Europeo. Resulta imprescindible que la revisión prevista para octubre inicie un golpe de timón en la política comercial y fitosanitaria de Bruselas. Debe asumir que no puede continuar actuando como si no ocurriera nada. Debe despertar de ese sueño bucólico pintado de verde porque, usando su agricultura como moneda de cambio en beneficio de otros sectores económicos, está expulsando a los agricultores del campo y renunciando a la bandera medioambiental que dice ondear.