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Jordi Sevilla

Golpe al conservadurismo fiscal

El G-7, al aprobar esta semana imponer a las grandes multinacionales un tributo mínimo global sobre sus beneficios societarios, ha barrido de un plumazo más de cuarenta años de hegemonía tributaria de un pensamiento liberal conservador basado en dos supuestos, que suenan muy bien, se repiten mucho en el mundo político, pero que nunca se ha podido demostrar su veracidad en la práctica: bajar impuestos aumenta la recaudación (curva de Laffer) y la deuda pública quita financiación a la inversión privada (crowding out). Ambos, enmarcados en las tres falacias de Reagan: «El Estado es el problema», «solo lo privado es productivo» y «los mercados libres se equilibran».

Aunque ya han aparecido estimaciones de lo que representa esta medida sobre los ingresos públicos (48.000 millones de euros para la Unión Europea), no me parece lo más relevante, que se sitúa en el hecho de que, con ello, se ha recuperado la sensatez en el discurso fiscal clásico (y no sólo de la socialdemocracia) basado en tres principios esenciales: los impuestos no son un «robo», sino el precio que pagamos por vivir en sociedad; los impuestos deben de ser generales, justos y basados en la progresividad (contribuir de acuerdo con la capacidad económica, dice el artículo 31.1 de nuestra Constitución); en el pago de impuestos debe respetarse la equidad horizontal que excluye paraísos fiscales de todo tipo, al alcance de unos pocos como, ahora, las grandes tecnológicas.

Desde esta perspectiva, apoyada ya por el FMI, significa una enmienda a la totalidad de una visión neoliberal extrema de la globalización. Un acto, a la altura de lo que representa el Acuerdo de París de lucha Contra el Cambio Climático en cuanto este reconoce que el modelo de crecimiento basado en maximizar beneficios privados sobre unos recursos escasos y contaminantes, es destructivo. En ambos casos, un giro radical respecto al pensamiento neoconservador y liberal de las últimas décadas, que nos ha dejado la mayor crisis financiera de la historia, una crisis climática irreversible, el fin de la igualdad de oportunidades y un malestar social que desgasta a las democracias avivando el populismo.

Los ingresos fiscales previstos para España por esta iniciativa se estiman en unos mil millones de euros que, no siendo una cifra despreciable, tampoco contribuirá de manera decisiva a reducir nuestro déficit público que la pandemia ha vuelto a disparar. Sin duda, en los plazos y con las condiciones previstas por la UE, tendremos que volver a poner sobre la mesa un plan de ajuste de gastos y una reforma fiscal que mejore nuestros ingresos.

En espera de conocer la propuesta de reforma fiscal que hagan los 17 expertos nombrados a tal fin en abril por el Gobierno, podemos analizar el informe presentado en 2014 por otra Comisión de expertos nombrada por Rajoy y presidida por el profesor Lagares. Un Informe de 450 Páginas, con 125 propuestas y 270 modificaciones legales que, aunque en palabras de su presidente, «no habían dejado títere con cabeza», se movía en la línea del pensamiento fiscal conservador, proponiendo, además de una «recomposición de las bases tributarias», trasladar carga tributaria desde la imposición directa a la indirecta (sobre todo, reducir tres puntos las cotizaciones sociales y subir el IVA), a la vez que se rebajaba el IRPF y los impuestos sobre la riqueza (patrimonio y sucesiones).

La arquitectura de nuestro sistema fiscal tiene dos columnas esenciales ancladas en un modelo económico y social del siglo XX: IRPF (aprobado en 1978) e IVA (aplicado a partir de 1986), siguiendo la lógica imperante en la Unión Europea. Entre ambos representan el 75% de lo recaudado, a lo que si se añade que el 90% de lo ingresado por IRPF proviene de las rentas del trabajo, que la recaudación por cotizaciones sociales representa lo mismo que por IRPF y que la imposición indirecta no es un sistema progresivo, se puede concluir que quien soporta nuestros ingresos tributarios son las clases medias y trabajadoras, tendencia agudizada por las sucesivas reformas introducidas en los últimos años para rebajar la contribución de los más ricos. Así, según datos de la declaración de renta, solo el 0,5% de los casi 21 millones de declarantes tiene ingresos superiores a los 150.000 euros al año de lo que sólo se puede concluir que «los ricos» no pagan IRPF, acogiéndose a la figura más benévola de sociedades o autónomos. La equidad horizontal también se erosiona cuando frente a los mismos ingresos cuantitativos, se aplican tipos diferentes según procedan del trabajo personal (penalizado) o de las rentas de patrimonio heredado.

Además, mantenemos desde hace años, con gobiernos de uno y otro signo, tres rasgos diferenciales con la media de países de la UE: una menor presión fiscal (recaudamos en torno a siete puntos menos, por cada unidad de PIB); unos beneficios fiscales que superan los 35.000 millones de euros al año, cifra muy superior a la de otros países (sobre todo, en IVA) y un mayor fraude, aunque cada año se recaude por lucha contra el fraude unos 15.000 millones de euros. Muchos expertos señalan que bastaría con recortar beneficios fiscales (subvenciones y desgravaciones), a la vez que se aumenta la plantilla y se modernizan los medios tecnológicos para luchar contra el fraude, para que nuestra presión fiscal se aproxime a la media. Pero si queremos acercarnos a los más avanzados, sigue siendo necesario incrementar la progresividad de nuestro sistema tributario y, tal vez, una reforma más conceptual del mismo que recoja las nuevas formas de riqueza y atienda las nuevas desigualdades relacionadas más con la riqueza familiar, que con el esfuerzo y la renta personal. Me explico.

Seguimos manteniendo un modelo fiscal acorde con una economía industrial con dos factores productivos: trabajo y capital. Una economía en la que sólo existe y tributa lo tangible: inversión y consumo, dejando fuera de la ecuación a la riqueza acumulada (como propone Piketty), los recursos naturales (lucha contra el cambio climático) y las nuevas formas tecnológicas de un capitalismo de intangibles, sin apenas capital físico, ni sedes físicas y que produce y vende por todo el mundo.

El envite está lanzado. Todavía queda mucho camino por recorrer para que sea una realidad, sin que sea lo menos importante la definición de una base imponible armonizada. Pero si todos han corrido a definir como histórico el acuerdo alcanzado es, precisamente, porque representa, junto al expansionismo presupuestario y monetario con que se ha hecho frente a la pandemia, un giro de 180 grados sobre el pensamiento económico conservador que ha sido hegemónico desde el último tercio del siglo pasado hasta ahora y cuya herencia contiene muchos más pasivos que activos.

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