Hace poco manifestaba que me inquietaba que se nos propusieran cambios en las universidades y que no se dieran las oportunidades necesarias para que pudiéramos opinar (Levante-EMV, 21 de mayo). Dos días después, supe que en la página web del Ministerio de Universidades se había publicado el borrador del proyecto de real decreto en que se establece la organización de las enseñanzas universitarias en España. En él se determinan las directrices para reorganizar la oferta académica, regular su estructura y las orientaciones acerca del sistema de aseguramiento de la calidad de titulaciones y universidades. No vamos a entrar en el contenido.

Con un gobierno autodenominado progresista, en el que concurren diversidad de intereses -todos legítimos, pero dispares y contradictorios- y en el que se alude al diálogo como elemento clave para solucionar los problemas sociales (acción con la que estamos totalmente de acuerdo si se aplica a todo, con todos), nos sentimos defraudados.

El borrador se presenta en la web bajo la siguiente propuesta: «Espacio para la participación […] El plazo para presentar alegaciones iniciará el 19 de mayo y concluirá el 9 de junio […] Las alegaciones deberán cursarse a la dirección de correo electrónico...» que allí se especifica. Se señala que estas serán susceptibles de difusión pública, si bien quien alegue puede solicitar que sus consideraciones sean confidenciales. Y, para concluir, «las alegaciones recibidas con posterioridad al 9 de junio no serán tenidas en cuenta, dejando de estar el buzón operativo […] para la recepción de mensajes». No se propone un diálogo, sino un mero espacio para recibir alegaciones individuales o institucionales.

Quien conozca la realidad de la vida universitaria, será consciente de que las fechas planteadas para recibir alegaciones son escasas y absolutamente inapropiadas. Actualmente, a la mayoría del profesorado y administrativos no le da tiempo ni a consultar el correo; a quienes dirigen las universidades (desde la dirección de los departamentos, pasando por los decanatos hasta los rectorados), el tiempo les falta incluso para respirar, porque estamos cerrando el curso y se solapa, desde marzo-abril, con la planificación del curso siguiente, que se prolonga hasta septiembre. Es raro ver a cualquier persona que ostente un cargo universitario que en estas fechas haya tenido tan siquiera tiempo para leerse con detenimiento el borrador del real decreto y, mucho menos, haber podido dinamizar el diálogo en departamentos, juntas de facultad y claustros universitarios. No es posible en 20 días dialogar para analizar las propuestas ministeriales y conseguir poder valorar los cambios propuestos con la debida atención, analizar sus repercusiones estructurales y funcionales, las implicaciones financieras, etcétera. No se puede, junto a la cada vez mayor carga burocrática vinculada precisamente a los mal entendidos procesos de aseguramiento de la calidad, que afectan a todo el profesorado y al personal de administración y servicios, «ofertar un espacio de participación», que es algo así como si ofertáramos la bañera de nuestra casa para las competiciones de natación de las Olimpiadas. Es ridículo e implica dos opciones: desconocimiento de la realidad universitaria española o ‘maquillaje’ de participación para poder decir que se consultó a ‘las bases’.

Desconocemos la motivación que está detrás de este ‘Misterio de Universidades’. Manuel Castells, al que reconocemos profesionalmente, sin duda, es un admirado sociólogo. Por eso, precisamente, no entendemos que pueda estar de acuerdo con que este tipo de actuaciones se realicen así. No lo podemos entender y, menos, de un sociólogo. Y, sin embargo, comprendemos el silencio mayoritario que se pueda haber producido ante las propuestas en las universidades. Muchos ni se han enterado de que el borrador se publicó y que había un ‘generoso’ espacio para la participación. Lo hemos podido comprobar consultando a unos cuantos directores de másteres, departamentos y docentes.

Eduardo Galeano señaló muy acertadamente: «El mundo al revés nos enseña a padecer la realidad en lugar de cambiarla, a olvidar el pasado en lugar de escucharlo y a aceptar el futuro en lugar de imaginarlo. En la escuela son obligatorias las clases de impotencia, amnesia y resignación». Pues bien, ahora, en las universidades, nuestro ministerio es esa escuela. Y nos queda el derecho al pataleo, pero no podremos ejercelo porque tendremos que estar atentos a todos los papeles de burocracia inútil que hay que rellenar, a intentar publicar artículos en las revistas que se valoran como únicas referencias de calidad del conocimiento y que han acabado convirtiendo la actividad investigadora de los docentes en una liturgia inútil en la que lo que menos importa es comunicar en tiempo y forma los resultados de investigación, porque no interesan, a no ser que estén publicados en las ‘revistas embudo’, en las que todos tenemos necesidad de publicar, aunque sean los resultados de investigaciones que ya quedaron obsoletos. En este contexto, en el que todos tenemos que estar ocupados en cuestiones urgentes y que absurdamente se presentan como imprescindibles, el diálogo ha quedado como un ejercicio que impide cumplir con los criterios de calidad y, si no nos dan tiempo para debatir, quizás hasta debamos agradecerlo, porque así ellos, quienes sean, podrán imaginar nuestro futuro y podremos seguir rodando en este mundo al revés.