La crisis de acogida de refugiados que afronta Europa ha puesto a prueba las políticas de control fronterizo de los Estados miembros situados en primera línea, entre ellos España, manifiestamente incapaces de brindar una respuesta eficaz a un desafío que zarandea peligrosamente los cimientos y principios sobre los que se asienta la Unión Europea.

Esta mal denominada crisis de refugiados no es en realidad más que el encubrimiento de una crisis de valores de solidaridad europea, consecuencia del permanente enfrentamiento entre el enfoque intergubernamental y la perspectiva comunitaria en la elaboración de las políticas de asilo. A pesar del esfuerzo de estos últimos diez años, lo cierto es que continúan existiendo importantes desavenencias entre los Estados miembros en su gestión del fenómeno migratorio, un hecho que ha provocado una desconfianza generalizada, que fácilmente pudiera derivar en el resquebrajamiento de la identidad europea.

Partiendo de esta base, desde Fundación por la Justicia impulsamos el Día Mundial de los Refugiados que se celebra mañana, 20 de junio, con el ánimo de denunciar la gravedad de las consecuencias de las actuales políticas comunitarias de asilo, cuyo marco institucional desemboca peligrosamente hacia una lógica colonial que vulnera tres derechos fundamentales de las personas demandantes de protección internacional: el derecho a la vida, el derecho a la libertad y la no discriminación, y el derecho al asilo.

A nivel nacional, la rígida interpretación de algunas de las herramientas jurídicas del derecho de extranjería ha derivado en la cobertura legal de las harto conocidas devoluciones ‘en caliente’ en los perímetros fronterizos de Ceuta y Melilla, aun cuando esta práctica ha sido calificada en más de una ocasión como contraria a la legislación internacional y comunitaria por vulneración del principio de no devolución, expulsándose a países no declarados seguros a potenciales víctimas de persecución, susceptibles de recibir protección internacional.

Este y otro tipo de maniobras políticas -como las restricciones discrecionales que impiden el acceso de la población procedente de África subsahariana a las oficinas de asilo de Ceuta y Melilla; la conveniente aplicación del concepto ‘tercer país seguro’ que legitima la deportación de miles de potenciales refugiados a sus países de origen o tránsito; o la exigencia de visado aeroportuario a personas procedentes de países en conflicto- propician la destrucción de la presunción de inocencia y favorecen la desnaturalización del derecho de asilo, tal como se concibió originariamente en la Convención de Ginebra y su Protocolo de Nueva York. La ausencia de vías seguras y legales, unida al auge de políticas cada vez más restrictivas, penalizan a quienes buscan protección internacional, relegándoles a una situación de irregularidad y total vulnerabilidad, con el consiguiente aumento de la peligrosidad en la búsqueda de nuevas vías de acceso.

Paralelamente, como fundación que trabaja por la promoción y defensa de los derechos humanos, nos esforzamos diariamente por combatir el creciente discurso xenófobo y de explotación que niega la condición de sujetos a aquellas personas que son perseguidas por motivos políticos, religiosos, sociales y étnicos, cuya titularidad del derecho al asilo es sistemáticamente negada mediante perversiones del lenguaje y difusión de falsedades en los medios de comunicación. El blasón de la necropolítica es precisamente, según Achille Mbembe, esa relegación del otro a la condición de infrasujeto, como medio para impedir la adquisición de derechos que son inherentes a todos los seres humanos.

La naturalización del discurso securitario por encima del discurso de derechos humanos, libertad y justicia, arrincona y transforma a aquellos a los que se tiene la obligación de proteger en amenazas contra las que debemos protegernos, en esa persistente obsesión por preservar la seguridad ante el posible uso fraudulento de la institución del asilo con fines de inmigración irregular. Este tipo de discurso ha sabido insertarse con éxito en un escenario ficticio de crisis que interpreta las migraciones en clave de amenaza a la salvaguarda de la seguridad europea, facilitando la adopción de medidas difícilmente compatibles con el respeto de los derechos fundamentales que en otras circunstancias serían altamente cuestionadas.

Por todo ello, Fundación por la Justicia considera imprescindible, con motivo este domingo del Día Mundial de los Refugiados apelar a la responsabilidad compartida, dejando atrás el nexo entre seguridad y asilo para plantear soluciones reales a la situación de necesidad de las personas refugiadas. La solidaridad entre Estados miembros se presenta imprescindible a la hora de afrontar este desafío de protección internacional.