Suscríbete

Contenido exclusivo para suscriptores digitales

Julio Monreal

EL NORAY

Julio Monreal

Negro sobre blanco

Negro sobre blanco

Negro sobre blanco Julio Monreal

El Gobierno más valencianista de la historia (dicen); el que invierte cada año el 10 por ciento del presupuesto en la Comunitat; el que pone a la autonomía como ejemplo de buenas prácticas y se inspira en ella para asumir y extender usos dignos de ser imitados acaba de dar un nuevo y sonoro portazo a las legítimas y reiteradas aspiraciones de reforma de la financiación autonómica para acabar con la discriminación que sufre la Comunitat Valenciana en esa materia.

Negro sobre blanco

Negro sobre blanco Julio Monreal

La Plataforma per un Finançament Just se concentraba esta semana a los pies de la escalinata del Congreso, entre las figuras de los leones Daoiz y Velarde, fundidos con el metal de los cañones de una batalla victoriosa en la Guerra de África, para recordar al Gobierno de España su compromiso de presentar una propuesta de nueva financiación antes de que termine el año en las Cortes Generales. La delegación valenciana regresaba dolorida, como si los dos grandes felinos de bronce se hubieran cebado a zarpazos en las espaldas de los enviados: la ministra de Hacienda, la socialista María Jesús Montero, emulaba a su predecesor, el popular Cristóbal Montoro, y señalaba que donde había dicho digo ahora dice diego, que no hay consenso para reformar la financiación y que así no se puede ir a ningún lado.

Y eso que en esta ocasión, y después de tres años de ausencia, los conservadores valencianos habían vuelto a la unidad de acción, con Carlos Mazón posando en primera fila de la foto en la Carrera de San Jerónimo. La anterior lideresa, Isabel Bonig, se había apuntado a la reivindicación financiera junto a los partidos del Botànic, patronal, sindicatos y otras fuerzas políticas y sociales frente al Gobierno de Mariano Rajoy, pero le dieron un toque desde Génova y se desmarcó. Ahora, la unidad vuelve con Mazón, que tiene más mano en Madrid y que quiere desgastar al Ejecutivo de Pedro Sánchez -y al de Ximo Puig- con las aportaciones del Estado y con los trasvases de agua, además de congraciarse con la patronal valenciana después de unas relaciones sumamente tensas entre el PP y la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV) de Salvador Navarro. Muy duro tendrá que trabajar el de momento solo presidente provincial alicantino en este campo, ya que muchos ven su mano meciendo la cuna de los durísimos ataques recibidos por el responsable de la organización patronal en las comarcas del Sur, Perfecto Palacio.

Mientras, en el Govern, la negativa de Moncloa a avanzar en la financiación autonómica ha provocado la esperada división de opiniones. En el PSPV-PSOE, tanto el presidente Puig como el conseller de Hacienda, Vicent Soler, contemporizan y subrayan que aunque la nueva y deseada fórmula se retrase, el dinero llega como si ya hubiera reforma, por vía de transferencias y otras fórmulas, lo que permite atender suficientemente, dicen, los gastos de los servicios públicos de la sanidad, la educación, bienestar social y otros, engordados por la pandemia. En Compromís, sin embargo, alzan la voz con duras palabras -también es verdad que están en pleno precongreso- y exigen a los socialistas que cumplan sus promesas en Madrid con la amenaza de retirar el único voto que tienen, el de Joan Baldoví. También en Unides Podem, su nueva líder, Pilar Lima, ha exigido una fecha límite para disponer de nuevo sistema.

El principal problema que tiene la nueva fórmula financiera no es precisamente la falta de consenso entre los dos grandes. Las autonomías más perjudicadas son la valenciana, Andalucía y Murcia, estas dos últimas presididas por los populares. Y hasta el gallego Núñez Feijóo apoya el cambio de un sistema que hoy le beneficia. Pero los socios de Sánchez, los que le permiten sacar adelante presupuestos y leyes, son los periféricos, y en el País Vasco están encantados con concierto y cupo, mientras en Cataluña ERC, Junts y CUP lo que quieren es independencia, no una reforma de las cuentas «autonómicas» porque este concepto se les queda corto. Esos son los problemas de Sánchez y su difícil equilibrio parlamentario, pero también lo han de ser las desigualdades de una Comunitat Valenciana que recibe el 30 % menos que Cantabria para atender los servicios que tiene encomendados por el «Estado» de las autonomías. Ese mismo Estado tendrá que sacar más dinero, del que hoy gestiona la Administración central, para reforzar las arcas autonómicas porque ninguna comunidad aceptará un modelo que le asigne menos fondos que hasta ahora, y ese reparto ha de estar reflejado cuanto antes en el BOE, negro sobre blanco, por cuestiones de justicia, transparencia y fe democrática. Las entregas graciables también tapan agujeros, pero lo mismo que llegan se van. Y los fondos europeos de recuperación tras la pandemia, que iban a ser 27.000 millones y parece que se quedan en 19.000 para este 2021, no pueden ser una cortina que tape los problemas de una infrafinanciación arrastrada. Los programas Next Generation EU han de ser para transformar la economía, y los fondos del Estado han de cubrir los servicios públicos de todos los días, el gasto corriente. Con una deuda pública valenciana de 50.000 millones, hay mucho que pagar.

Ribó quiere quedarse Hacienda

Pues parece que no estaba tan mal como para ser demolido. El edificio que Hacienda abandonó en la calle Guillem de Castro, en València, va a ser sometido a unas catas en su estructura para indagar si puede ser reutilizado por el ayuntamiento de la capital como sede de los servicios y concejalías relacionados con la actividad económica. El alcalde Joan Ribó ve en el inmueble un espacio reutilizable y está dispuesto a negociar con el Estado su adquisición/expropiación. En caso de prosperar la idea, el de Guillem de Castro sería el tercer gran inmueble de oficinas municipales tras la Casa Consistorial y la antigua Tabacalera, aunque el portavoz de Ciudadanos, Fernando Giner, ha manifestado que la prioridad habría de ser la compra del edificio de Correos en la plaza del Ayuntamiento, una iniciativa de la Generalitat que parece haber caído en saco roto. Hacienda dijo en su día que tenía una oferta para habilitar un hotel en su inmueble de Guillem de Castro. Pero el ayuntamiento se negó. Sería un uso más rentable y dinamizador que el de oficinas municipales, pero sea uno u otro, lo importante es actuar.

Compartir el artículo

stats