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Jordi Sevilla

La inane lucha contra el cambio climático

la inane lucha contra el cambio climático JORDI SEVILLA

Los aplaudidos Acuerdos de París contra el cambio climático, firmados en diciembre de 2015, no se están cumpliendo. Lo dicen los ecologistas, pero, también, Antonio Guterres, secretario general de la ONU y, sobre todo, los datos: las emisiones de CO2 no están reduciéndose al ritmo necesario para cumplir en 2030 con el objetivo establecido del 40% respecto a 1990. En la última década las emisiones de gases de efecto invernadero han subido, según la ONU, un 1,3% de promedio anual cuando, según lo acordado en París, deberían de haber descendido un 1% anual. Los expertos pronostican que, de continuar esta tendencia, en lugar del objetivo de limitar el calentamiento del planeta por debajo de 2ºC, alcanzaremos, antes de que acabe el siglo, una subida en torno a 3,5ºC. De ser así, los desastres asociados al cambio climático serán muy superiores a lo previsto.

Tampoco se está cumpliendo con el compromiso de movilizar 100.000 millones de dólares anuales para ayudar en esta lucha global a los países más pobres. Cuando solo 15 de los países más ricos del planeta son responsables del 78% de las emisiones globales, es entendible que desde el mundo en desarrollo se diga que el actual calentamiento lo creó las emisiones de los países ricos al crecer y ahora, cuando se trata de combatirlo, los países pobres no pueden renunciar a su propio crecimiento.

Presidí la primera Comisión Mixta Congreso-Senado sobre el Cambio Climático creada en 2008 y, ya entonces, en el marco del Protocolo de Kioto, firmado en 1997 pero que no entró en vigor hasta 2005, algunas cosas básicas sobre el problema eran asumidas de forma mayoritaria: la acumulación en la atmósfera de gases de efecto invernadero (CO2 y otros) se había disparado en los últimos 150 años como consecuencia de la decisión humana de vincular su progreso material al consumo masivo de carbón y petróleo que liberan esos gases. Que ello estaba dando lugar a un calentamiento medio del Planeta en proporciones suficientes como para alterar el clima, deshacer el hielo acumulado en los polos e incrementar el nivel del mar, todo ello de forma apreciable y con efectos devastadores sobre los seres humanos y su modo de vida. Este fenómeno no era reversible. Por tanto, solo se podía actuar de cara al futuro en dos direcciones paralelas: evitar que fuera a más, mediante fuerte reducción de nuevas emisiones de C02 para estabilizar la subida de la temperatura en unos límites cuyos efectos fueran controlables y dedicar esfuerzos en paliar los cuantiosos efectos negativos que estaba teniendo e iba a tener el calentamiento ya alcanzado. A esos objetivos iban destinados los incumplidos Acuerdos de Paris ya que una lucha así, que entraña cambios importantes en la manera de generar energía eléctrica, en los combustibles usados e, incluso, en el modelo de ciudad y movilidad que tenemos, solo puede hacerse de manera mundial.

Mucha gente piensa que los problemas planteados por el calentamiento global serán cosa del futuro. No es así. La Tierra se ha calentado lo suficiente en el último siglo, como para estar provocando ya muchos desastres achacables al cambio climático, con elevados costes económicos y humanos. Así, según la organización no gubernamental Internal Displacement Monitoring Center, los desastres relacionados con el clima (tormentas más intensas y frecuentes, incendios, sequías más duraderas etc.) se han duplicado durante las dos últimas décadas: más de 30 millones de personas se han visto desplazadas, dentro de sus fronteras nacionales, por causas relacionadas con el cambio climático. La mayoría, menores. Por su parte, la aseguradora británica Aon Corporation calcula que, en la última década, el total de pérdidas debidas a causas vinculadas al cambio climático alcanza los tres billones de dólares, triplicando lo de una década anterior. Cada día que pasa sin actuar en la lucha contra el cambio climático, los costes económicos y humanos crecen de manera exponencial. El coste de no hacer nada es ya muy superior al coste del necesario cambio de modelo para hacerlo compatible con los objetivos de París. Así lo han empezado a entender los tribunales de justicia que en varias sentencias han condenado a algunos gobiernos (belga, francés…) por no cumplir sus compromisos para combatir el cambio climático ya que «los gobiernos tienen la obligación de proteger el clima». A partir de ahí, hay juristas que están proponiendo, incluso, regular el «ecocidio» (infringir daños graves, extensos y duraderos al medio ambiente) como delito.

Algunos expertos, como el Premio Nobel de Economía y Premio BBVA Fronteras del Conocimiento en Cambio Climático, Willian Nordhaus, critican por ineficaz el método de reducción por cuotas nacionales cuantitativas definido en acuerdos como el de París. «No han sido efectivos», proclama con razón y sigue: «El Tratado de París es un fracaso (…) es una estructura fallida y, si insisten en ese modelo de tratados, seguirán fracasando». Y su propuesta alternativa es muy sencilla: «Solo si emitir CO2 cuesta dinero, los gobiernos, las empresas y los individuos cambiarán su comportamiento (…) es mejor negociar un precio mínimo del carbono para todo el mundo». El mercado de derechos de emisión de CO2 es una vía paralela a las cuotas de reducción. El problema es que incorporarlo, sin más, al proceso tradicional de fijación de precios de la electricidad en el mercado marginalista europeo es una contradicción. En España, el precio del CO2 influye en torno a un 35% sobre el precio final, lo que conduce a la paradoja de que impulsar la transición ecológica mediante el fomento de energías renovables baratas y penalizando las emisiones, acaba haciendo que el precio medio de la electricidad suba, a la par que los beneficios de las empresas eléctricas.

Hace escasas semanas que se ha aprobado en España la primera ley de cambio climático. Muchos han dicho que con diez años de retraso y es cierto. El problema es que su ambición es tan reducida que también parece más adecuada a una década atrás. Así lo han entendido organizaciones ecologistas con su crítica o Más País, el más «verde» de los partidos españoles, con su abstención en el Parlamento. Cuando miramos los datos y salvo la excepción de 2020 por la pandemia, las emisiones de CO2 se situaron en 2019 en 315 millones de toneladas de CO2 equivalente, muy por encima del año base, 1990, sobre el que debemos reducirlas, según París, en un 40% en tan solo nueve años mientras la ley establece, solo, una reducción del 23%. El resultado de la inanidad será más perdidas económicas derivadas de sequías más prolongadas, tormentas más intensas o mayor regresión de la costa. E irá a peor.

Pidamos, pues, al Gobierno que se tome en serio la lucha contra el cambio climático y que reforme la regulación del «mercado» eléctrico para que, además, la transición ecológica se traduzca en un descenso del precio de la electricidad para los consumidores. Todo lo contrario de lo que ha hecho hasta ahora que es bajar impuestos (reduciendo ingresos públicos), en lugar de bajar precios (reduciendo sobre-beneficios de las empresas).

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