No quisiera uno quitarle solemnidad al histórico momento de la retirada de la mascarilla en espacios abiertos tras 15 meses de rostros cubiertos por la pandemia pero, reconocido el tapabocas como palabra del mes, será «empresa» el vocablo que centrará esta columna. Precisamente ha sido el presidente de la patronal, la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, quien ha mostrado su lado más humano al romper a llorar delante de la asamblea de su entidad, por la persecución que ha sufrido después de declararse comprensivo con los indultos de los presos del «procés» si sirven para abrir el camino del diálogo y de la normalización económica, social y política en Cataluña. Ante un auditorio puesto en pie en el que tuvieron notoriedad los aplausos de los delegados valencianos Salvador Navarro (vicepresidente de CEOE), Eva Blasco y Vicente Lafuente, el presidente de la patronal subrayó que la entidad defiende el estado de derecho y el imperio de la ley y descartó toda actitud de afinidad con Moncloa enumerando los múltiples desencuentros con el Gobierno en materias como la reforma laboral o una posible subida de impuestos. Sin embargo, la derecha política y mediática ha desatado una auténtica cacería hacia el presidente de los empresarios españoles que ha tenido su punto culminante en el expresidente José María Aznar, quien ha invitado al PP y a todos los ciudadanos a «anotar» y a «no olvidar» las palabras de Garamendi ni tampoco las de la Iglesia católica española, que se ha mostrado partidaria del perdón en general y del diálogo en particular. Conservadores contra la patronal y la iglesia. ¡Sí que ha cambiado el cuento! Habrá que esperar a ver si los populares dan la espalda a sus aliados naturales o todo queda en la bravata de un rencoroso que va por libre.
Son los indultos un asunto espeso, del que no cabe esperar resultados inmediatos (ni mediatos) pero al menos habrá que reconocer al presidente Pedro Sánchez y a quienes los han apoyado y defendido que han tenido la valentía de poner en juego su crédito electoral aprobando una medida que persigue el diálogo y la distensión política y social frente a los ataques furibundos de partidos que han renunciado a la representación en Cataluña (y en el País Vasco) a cambio de rentabilizar sus críticas en otras comunidades autónomas.
De vuelta a la empresa, a tortas van los socios del Botànic II, socialistas, Compromís y Unides Podem, a propósito de unas cuantas mercantiles, públicas y privadas, que han provocado el mayor desencuentro en el Govern en sus seis años se vida. La consellera Ana Barceló defendía, con el respaldo del presidente Ximo Puig y el resto de los consellers del PSPV-PSOE, la constitución de una empresa pública de sanidad que asumiera en breve la gestión del hospital de Torrevieja (la concesión finaliza en octubre), las resonancias magnéticas y la farmacia de los centros sociosanitarios públicos. No querían los socialistas repetir la fórmula empleada en el rescate de la concesión del área de la Ribera, que devolvió el servicio a la gestión pública global reconociendo a más de 1.600 trabajadores de la empresa privada Ribera Salud la condición de indefinidos no fijos, prácticamente funcionarios de por vida, y menos en vísperas del fallo del Supremo que cualquier dia de estos se dará a conocer sobre el proceso de reversión de la concesión.
Pero el socio minoritario, Compromís, tenía otros planes. Los sindicatos de clase y también los del sector no querían empresa pública, sinónimo de novedad y por tanto de incertidumbre laboral. Y se encomendaron a la vicepresidenta Mónica Oltra, quien se salió del guion habitual de no meterse en las áreas que gestiona otro partido y dio cuartel a los representantes sindicales, expresando su no a los planes de Barceló y condenando a la empresa pública antes de nacer. Los socialistas, tras calificar la actuación de Oltra de desleal, le han devuelto la patada otorgando plenos poderes a Unides Podem en otra empresa pública, la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo (EVHA), en la que los naranjas reclamaban una subdirección tras una remodelación acometida por el otro vicepresidente, Rubén Martínez Dalmau. Los podemitas se quedan ahora los tres cargos principales de la empresa pública de vivienda, con la exconcejala de València María Oliver en una de las dos subdirecciones. Tendrá una segunda oportunidad la arquitecta para demostrar que la vivienda es una verdadera prioridad para Unides Podem, después de gestionar ese área en el ayuntamiento de la capital entre 2015 y 2019 y salir con más pena que gloria y con el índice más bajo de ejecución presupuestaria del Govern de la Nau.
Pero la de la empresa de vivienda no ha sido la única patada de los socialistas en las espinillas de Compromís. En la misma semana de alta tensión resulta que la Abogacía de la Generalitat ha decidido dar a conocer que la fórmula elegida por los naranjas -ya no sabe uno si decir regionalistas, nacionalistas, valencianistas, postcomunistas, ecopacifistas, soberanistas... para referirse a la coalición- para la nueva Feria Valencia, una empresa pública de la Generalitat, no se ajusta a la legalidad, lo que desbarata el diseño propuesto por el conseller Rafa Climent y su número dos, Natxo Costa. El modelo de corporación de derecho público provocaba reservas en el departamento de Hacienda que dirige el socialista Vicent Soler, que ve ahora avalados sus reparos pero al precio de una nueva demora en la solución para el futuro de la institución ferial, inmersa en una crisis histórica y lastrada por una deuda de mil millones de euros.
El Consell no para de promover empresas públicas mientras las mercantiles privadas no dejan de pedir que les dejen trabajar. Es cierto que la pandemia ha puesto en valor unos servicios públicos que han dado, en general, una lección de dedicación y entrega. Pero no es menos cierto que quienes crean empleo y alimentan con sus impuestos el estado del bienestar son los empresarios, frecuentemente satanizados por buena parte del Botànic II. Asegura el conseller Vicent Marzà, en declaraciones a Levante-EMV, que «el marco neoliberal está en crisis aunque es mayoritario». Quizás por eso, su partido, que desde ayer no se llama Bloc sino Mès Compromís, califica de «especuladores» a los empresarios que operan en el Puerto de València en medio de su campaña contra la ampliación Norte; ha llevado al fracaso el proyecto de centro comercial Intu Mediterráneo en Paterna, su millonaria inversión y cientos de empleos; mantiene bloqueadas cerca de 3.500 licencias de actividad para nuevos negocios en la ciudad de València o tarda más de un año en tramitar un simple vado para salida de vehículos.
Un destacado emprendedor aseguraba recientemente que las empresas necesitan facilidades, no subvenciones, porque ningún proyecto viable y de futuro puede descansar sobre ayudas públicas. Mientras, la Administración muestra cada día su ineficacia cuando tiene enfrente el reto de gestionar miles de millones de los fondos europeos para la recuperación. Pese a los rimbombantes anuncios de aligeramiento de trámites, el aparato institucional continúa resistiéndose a cualquier cambio y sometiendo a los administrados a incesantes paseíllos de ventanilla en ventanilla, sean estas presenciales o digitales.
La colaboración con las empresas tendrá que ser un elemento fundamental en la gestión de los fondos europeos Next Generation EU. Las infraestructuras son el campo de trabajo de constructoras y consultoras; la sostenibilidad tendrá que ser compromiso de la industria de todo tipo y tamaño, y el coronavirus ha demostrado que las empresas se mueven en digitalización (y en casi todo lo demás) a un ritmo que la Administración no puede ni soñar. La pandemia cede, al fin, y llega el momento de la recuperación económica, preocupación principal de los ciudadanos. El sector público tiene toda la legitimidad democrática para conducir el tren de la nueva normalidad, pero no tendrá sentido que marche por la vía del conflicto, especialmente con quienes tienen que generar empleo, innovación y desarrollo.
