Lo único que asegura la estabilidad de España es, parafraseando a Ortega y Gasset, tener un proyecto sugestivo de vida en común. Y eso es lo que se ha propuesto el Gobierno de España frente a un Partido Popular que ni está a la altura de España ni de los españoles y españolas.

Los indultos aprobados recientemente tienen un determinante carácter de utilidad pública en favor del interés general. De eso, no hay duda. Como tampoco la hay de que algunos llevan mucho tiempo alejados de ese interés general. Los indultos no solo son constitucionales, sino que respetan los valores y principios de la Constitución Española, a la vez que encarnan el espíritu de concordia del pueblo y los constituyentes del 78, como pocas decisiones de las últimas décadas.

El PP queda ya muy alejado, quién lo iba a decir, de aquella Alianza Popular que participó en el consenso del 78. Se descarta a sí mismo como partido de Estado. Todos los argumentos que esgrime en torno a la falta de legitimidad de los indultos, en el fondo, destilan el cuestionamiento del Gobierno de España. Escuchamos sin tregua que el gobierno democrático es ilegítimo. Así, sin más. Barbaridades vertidas desde una nefasta oposición que no es capaz de servir al país que tanto dice amar.

Estos indultos no son anticonstitucionales, como tampoco lo fueron los de los 15 condenados de Terra Lliure en junio 1996, en uno de los primeros consejos de ministros de Aznar, quien no se atrevió a hacerlos públicos en su momento, por valiente que quiera ahora parecer.

La derecha, mientras critica cegada por la ira, se presenta ante la sociedad, catalana y española, sin propuesta alguna. Quizás confían en que la intensidad de su furia puede enmascarar la ausencia de propuestas, pero desgraciadamente para ellos y afortunadamente para la sociedad, no es así. Cuando numerosas voces del mundo empresarial e incluso de la Iglesia Católica se muestran favorables a que se intente abrir una vía de diálogo, puede ser un buen momento para que la derecha se replantee su estrategia.

Dice el Partido Popular que la mayoría de españoles y españolas están radicalmente en contra de los indultos. Los diputados y las diputadas en el Congreso han votado mayoritariamente en contra de sus dos iniciativas para pararlos. Tanto invocar el orden y la ley, y no acaban de asimilar que la soberanía nacional reside en el Congreso de los Diputados.

El Gobierno de España no indulta a los políticos presos porque le convenga, pues tiene ya unos presupuestos propios aprobados y podría agotar la legislatura sin demasiados problemas para sacar adelante las políticas transformadoras que necesita nuestro país. Se les indulta porque favorece el restablecimiento de la convivencia en Cataluña, y en España.

Aunque algunos estén tan ciegos que no lo vean, el Gobierno no pretende lanzar un mensaje de complicidad hacia las personas indultadas. El mensaje de complicidad tiene un destinatario distinto, la sociedad catalana en su conjunto. Es para todas esas personas que necesitan sentir que el resto de España no odia a Cataluña, y que queremos encontrar la manera de que se sientan parte de ese proyecto sugestivo de vida en común.

Los beneficios de los indultos, condicionados y parciales, para las personas indultadas son relativos. Les quedaban apenas unos meses de cárcel. Los indultos van a permitir que no vuelvan a Cataluña con la condición de mártires, que es algo que han explotado desde hace mucho tiempo, con la inestimable ayuda de un Partido Popular que, con su furibunda estrategia que no condujo a nada bueno, propiciaba el contexto idóneo para que muchas personas simpatizasen con el movimiento independentista.

Las personas indultadas dicen que lo volverán a hacer. Y yo sólo pienso que hay que ser muy necio para creerlo.

La sociedad catalana, y también la española, necesita una oportunidad de reconciliación, de reencuentro, de vuelta a la política. Se merece que alguien esté dispuesto a liderar una solución para desactivar el conflicto. Cataluña necesita un gobierno centrado en hacer políticas para la gente y no en profundizar en un camino sin salida.

No creo que el actual gobierno catalán sea el más idóneo para sacar adelante ni la economía ni la cohesión social, con dos socios de ideologías contrapuestas en muchos momentos y a la gresca a cuenta de la estrategia a seguir en el agotado asunto de la independencia, pero así es la aritmética parlamentaria. Los catalanes y catalanas les han dado una mayoría parlamentaria a las formaciones independentistas. Conviene recordar que también les dieron una mayoría parlamentaria a las formaciones progresistas.

Todos y todas tenemos que decidir si queremos ser parte de la solución. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha tomado una decisión valiente, digna de un auténtico líder político que mira más allá del mandato, adoptada con toda publicidad, aún a riesgo de que cale el mensaje de los voceros y pueda salir perjudicado en su interés particular. Porque un político de altura siempre antepone el interés general.