Las dudas sobre la capacidad de una transformación digital real en España se disparan cuando uno entra en una farmacia y presencia el minucioso recorte de la pestaña de cada medicamento de precio subvencionado que el mancebo realiza con un cúter antes de pegar el cartón en un folio con 30 recuadros con la ayuda de cinco centímetros de cinta adhesiva. Exactamente igual que hace ... ¿80 años? Es lo que la directora gerente del Instituto Tecnológico de Informática (ITI), Laura Olcina, llama la «cultura del psshha», que consiste en hacer las cosas por inercia, porque siempre se han hecho así, porque toda organización tiene como primera misión resistirse a cualquier cambio.
La pandemia ha obligado a cambiar muchas cosas, desde luego. Para empezar, en la misma farmacia, donde los pacientes crónicos ya no han de mostrar el folio arrugado que recoge sus tratamientos para que el boticario le pase el lector del código de barras. Todo está ya en la tarjeta SIP. Menos mal. Pero fuera de las oficinas dispensadoras de medicamentos también han pasado cosas. Las ventas por internet se han multiplicado, poniendo en serios apuros a gigantes empresariales que se consideraban sólidos como ministerios. Plataformas digitales que no existían hace cuatro días dominan hoy el alquiler de apartamentos, el envío de comidas a domicilio o la movilidad de viajeros en patinetes, bicicletas, motos o coches. Con razón asegura José Rosell, propietario de la empresa de ciberseguridad S2 Grup y presidente de la comisión de Sociedad Digital de la patronal valenciana CEV, que «la digitalización de las empresas es una tarea ineludible y urgente», y que esa misión no se limita a comprar tecnología cara para repetir los mismos procesos que se efectuaban en el ámbito analógico (como en las farmacias), sino para afrontar una auténtica revolución que debe afectar al negocio, a las personas que trabajan en él y a la propia tecnología a emplear.
Sin embargo, los especialistas señalan que la transformación digital ocupa el puesto número 17 en la lista de preocupaciones de los empresarios, que deberían estar buscando factores de valor añadido para sus actividades pero que, en general, van bastante perdidos en el ámbito de las pymes, la práctica totalidad de las mercantiles valencianas y españolas, necesitadas de acompañamiento profesional que les señale qué es lo que necesitan para llegar a los objetivos que quieren alcanzar. Porque quienes se hagan digitales por moda o por subvenciones no llegarán lejos, según los especialistas. Las grandes corporaciones, con medios para avanzar en el mercado electrónico, se comerán a las pequeñas sin piedad.
Y si en las empresas el panorama es preocupante, la Administración no ayuda como debería. Para empezar expertos como Fernando Saludes, presidente de la Red de Institutos Tecnolígicos (Redit), señalan que el sector público es el mejor ejemplo de la compra de tecnología sin saber bien para qué usarla. «La tecnología es solo una herramienta de la estrategia, pero muchos la ponen por delante de ésta», afirma. Esa Administración es la que tendrá que gestionar los fondos europeos para la regeneración económica. Si hoy en día un ayuntamiento de 800.000 habitantes tarda más de un año en conceder licencia a un bar, ¡qué cabrá esperar si hay que tramitar el permiso para una gigafábrica de baterías!
Y luego está la enseñanza, cuya organización está asignada en exclusiva al sector público. Mientras los especialistas en transformación digital recomiendan que la formación en tecnologías habilitadoras comience a los tres años, la informática sigue siendo opcional en los cursos avanzados de la educación obligatoria. Hay carreras que se mantienen inalterables desde hace 30 años cuando las empresas reclaman personal formado en fintech, legaltech, neurolenguajes o inteligencia artificial. No llega gente suficientemente formada a las mercantiles, y hay un serio problema con las mujeres, que representan un 11 % entre los titulados en ingenierías, y menos aún en informática. Se le llena la boca a todo el mundo con la necesidad de promocionar las carreras tecnológicas, las conocidas como STEM, pero en la semana de las notas de corte para acceder a las universidades valencianas se comprueba que para entrar en grados como Física, Biotecnología o Matemática Computacional hace falta un 13 sobre 14, lo que quiere decir, ni más ni menos, que las universidades ofrecen pocas plazas y solo pueden entrar los de mejores notas, quedándose el 48 % del alumnado sin la plaza en la titulación elegida en primer lugar. Hay un cierto desfase entre la oferta y la demanda de talento, un desajuste que es imprescindible afrontar para llevar adelante con garantías las transformaciones que comenzaron con el nuevo siglo y la pandemia ha acelerado extraordinariamente, poniendo sobre la mesa miles de millones de euros que habrá que aprovechar al máximo.
En un lustro se construyen tres palaus
Desde junio de 2019 está cerrado y mudo el Palau de la Música de València por la caída de un par de placas del techo de sus dos salas principales. El que fue recinto cultural señero de la capital no reabrirá con programación estable hasta la temporada 2024-25, con lo que los abonados y melómanos en general habrán permanecido un lustro vagando por espacios alternativos como el Almudín, el Ateneo, les Arts y otras ubicaciones para seguir las evoluciones de la Orquesta Municipal y las formaciones, solistas y directores invitados. El Palau abrió sus puertas el 25 de abril de 1987, tras un año y medio de obras a un ritmo intensísimo que llevó al entonces concejal de Cultura, el socialista Vicent Garcés, a dormir físicamente en la zona de operaciones alguna noche para asegurarse de que los plazos se cumplían. En el lustro que va a llevar la reparación de algunos elementos del auditorio se podrían haber construido prácticamente tres edficios idénticos completos, uno junto a otro. Ciertamente, el proceso de tramitación de las reparaciones se ha complicado mucho con recursos de colectivos y despachos profesionales que veían afectados sus derechos, pero sorprende a estas alturas la extraordinaria distancia que el alcalde, los concejales y los altos cargos municipales implicados en el caso toman cada vez que sale el caso a colación, cuando tendrían que estar pidiendo disculpas todos los días a los abonados y empleados y tratando de evitar que el Palau se convierta en irrelevante cuando reabra tras cinco años de silencio.
