Hay noticias que hieren la sensibilidad. Por ejemplo, que a raiz de la pandemia haya aumentado el desempleo que será mas notable cuando cierren los chitinguitos de verano; que el Juzgado tenga que enviar a sus propios para recoger la documentación recabada nunca, o defectuosamente remitida; que existen más de tres mil licencias municipales pendientes de resolución o que, a la espera de una atorización, se haya perdido la empresa y la propia casa.
El trabajo es un derecho y un deber pero, ante todo y sobre todo, es el más importante reconocimiento de la dignidad humana. Un sueldo significa libertad para elegir una forma de vida, acceder a una vivienda, a una alimentación sana que repercutirá en la salud o a realizar las aspiraciones propias. Obstaculizar su consecución es un atentado a lo más íntimo y consustancial del ser humano. A nadie agradan las colas del paro ni las prestaciones por desempleo que, a pesar de su procedencia y legitimidad, están impregnado del sentido de la limosna social vergonzante. El paro tiene un coste público y a medida que aumenta lo hacen las obligaciones asistenciales administrativas para cubrir los mínimos vitales, siempre insuficientes, y disminuyen las arcas de la Seguridad Social poniendo en riesgo las pensiones de los que trabajaron y contribuyeron a su sostenimiento.
A las Adminsitraciones públicas les está vedado el mercantilismo, salvo para atender intereses generales, por lo que las actividades económicas están en manos de particulares, ya sea individualmente o en forma societaria y, en todo caso, sujetas a las correspondientes autorizaciones. Cualquier retraso injustificado, toda denegación infundada y arbitraria, es una falta de respeto y un notable incumplimiento de los deberes constitucionales.
El Ayuntamiento de València tiene pendientes de concesión más de tres mil licencias municipales, algo difícil de entender ya que son actos reglados en los que basta comprobar su adecuación al Plan General y las Normas Urbanísticas, sin nada que añadir o interpretar. Nos preguntamos si existe un obstáculo real para el colapso municipal y, como las matemáticas no engañan, nos basaremos en los datos numéricos con los que contamos.
En la plantilla municipal hay adscritos al servicio 214 funcionarios. El mínimo acumulado de horas laborables (7´5 H.) es de 1.605/dia (excluido desayuno), 8.025 cada semana y un total anual de 385.200 anuales (excluídos vacaciones y festivos). Es decir, que para cada licencia se dispone de 120´2 horas. Aunque desarrollen otras actividades, parece que los medios personales no sean causa de los retrasos.
Cuestión aparte merece el tratamiento de las empresas que han promovido grandes actuaciones. En el marco de las C.C.E.E. y de la C. E. las empresas son agentes activos del desarrollo y están llamados a cooperar en el progreso económico y social tendente a generar el pleno empleo que propugna el artº 40 constitucional, a las que la Administración está obligada a facilitar su actividad para conseguir el pleno empleo. Todas las empresas empeñan su capital a un fin determinado y, naturalmente, con ánimo lucrativo, no necesariamente como un proceso especulativo que se les presupone como si el enriquecimiento ajeno nos doliera. También son noticia las que no consiguen su propósito por meras opiniones personalísimas de aquellos a los que, simplemente, no les gusta esto o lo otro, o desconociendo los fundamentos de las ciudades dicen tener otro concepto pero, cuando llega la condena a indemnizar y pagar costas, lo cargan a las cuentas que sufragamos los contribuyentes y dejan a salvo sus emolumentos.
Detras de cada licencia hay una expectativa de trabajo: El inmediato y temporal para quienes la ponen en marcha y a corto plazo la creación de puestos que garantizan la permanencia. Si comparamos los efectos de la pandemia en el empleo y los que traen causa en la pasividad de la Administración, esta ganaría por goleada con el agravante de que unos son inevitables y otros no. El trabajo tiene la virtud de que si se hace se acaba. En cualquier Estado de Derecho se depurarían respnsabilidades. Menos en Valencia.
La falta de su exigencia radica en el fallido gobierno de coalición que ha eliminado la jerarquía. Nuestros ediles se han repartido un pastel del que todos querían la guinda formándose compartimentos estancos e intocables en virtud de los pactos que deben incluir el hoy por ti y mañana por mí. Un gobierno local que se autodefine como de izquierdas y progresista que, comprometiéndose a gobernar para todos ni siquiera respeta a sus votantes. Valencia no progresa económicamente; la economía es como el agua, que si se estanca se pudre y acaba con las especies que viven en este medio. Posiblemente la mayor parte de las empresas que han puesto aquí sus ojos se derrumben ante la absurda burocracia y se vayan con sus inversiones a otros lugares.
Seguramente el ayuntamiento ya lo ha pensado y a tal fin ensancha las aceras y los recreativos carriles bici que han destrozado el viario público. La caravana de parados tendrá espacio suficiente para pasear su humillación por las zonas peatonales, las aceras ensanchadas o los lúdicos carriles bici que han destrozado el viario. Haya sol o no lo haya.
