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Juan Lagardera

NO HAGAN OLAS

Juan Lagardera

La gran batalla fiscal

No ha sido la mejor semana de nuestro presidente de la Generalitat, Ximo Puig. Peligros de cobrar protagonismo en la política nacional, un acontecimiento insólito dentro de la dinámica valenciana. En tiempos de Joan Lerma se obedecían los designios de las alturas y no había más discusión: el que se movía no salía en la foto según el diktat de Alfonso Guerra. Y con Eduardo Zaplana la diplomacia autonómica consistió en invitar a otra de gambas y lo que hiciera falta a personajes mediáticos como Julio Iglesias, Bárbara Rey o Manuel Toharia…

Tras el atribulado paso de Francisco Camps, el actual inquilino del Palau de la calle Caballeros ha estado intentando una y otra vez ganar presencia en el panorama político español. Lideró las reclamaciones frente a Mariano Rajoy por una mejor financiación para Valencia que, paradojas de la política, formuló el desnortado Rodríguez Zapatero. Luego apostó equivocadamente por Susana Díaz para tomar posiciones en el seno del PSOE. Ha mediado también con sutileza en los conflictos ‘culturales’ con Cataluña y hasta, muy recientemente, se ha acercado con sentido de Estado al líder de los populares andaluces, Juanma Moreno.

La supuesta caída de su rival interno, José Luis Ábalos, tal vez le ha incitado a dar un paso más al frente, no sabemos si impelido por el presidente Pedro Sánchez o por perfilar la confrontación política ante el nuevo gran enemigo de la izquierda, Isabel Díaz Ayuso. Lo cierto es que Ximo Puig ha pedido esta semana pasada crear un impuesto para frenar el proceso de acaparamiento económico de Madrid. La ocurrencia le ha valido toda suerte de críticas, en especial de tertulianos y columnistas con sede en la capital. Era de esperar. Y no les falta razón.

Una ocasión perdida, porque Puig hace bien en mejorar el activismo político para Valencia y alguna de sus propuestas tienen sentido, como la de solicitar que los organismos estatales se diseminen por la geografía nacional: la idea de que Puertos del Estado radique en Valencia… a la que podría seguir la Jefatura de Costas en la Coruña, el Ballet Nacional en Málaga o el mismísimo Senado territorial en Barcelona, por poner solo tres posibles ejemplos. Una política de expansión estatal hacia la periferia que, al mismo tiempo, debería de incluir otros pactos para que no proliferen como setas tras la lluvia los organismos autonómicos duplicados, porque tampoco es comprensible que se proyecten museos contemporáneos, orquestas sinfónicas, mercados de valores o consejos jurídico-consultivos en todas las regiones del país. Hasta el franquismo repartía más juego creando empresas públicas en las periferias de la nación.

Que Madrid galopa favorecida por múltiples factores mientras los demás van al trote, es una evidencia, pero el uso de políticas fiscales penalizadoras no es, ni de lejos, una buena y posible solución. La propuesta de Puig tiene un ramalazo parecido al que la vicepresidenta Yolanda Díaz ha propinado esta misma semana al criticar a los fondos de inversiones a los que estaba tratando de seducir, casi a la misma hora, el primer ministro Sánchez durante su periplo norteamericano.

Por lo que se ve, no terminamos de aclararnos como país. Por un lado, pedimos más federalismo, y por otro queremos frenar la autonomía fiscal, al tiempo que obviamos los temas espinosos como el cupo vasco o la discrecionalidad en las inversiones estatales –o en el futuro reparto de los fondos europeos. Desde el bando de la derecha liberamos la actividad económica de regulaciones y compromisos éticos, y desde la izquierda demonizamos los fondos que asumen las operaciones de riesgo y limitamos la economía empresarial subiendo impuestos y coartando con cargas sociales el empleo.

El tantas veces citado y pocas veces leído, John Maynard Keynes, nunca fue un ortodoxo socializante como en tantas ocasiones se ha dicho. Su máxima siempre fue que la ciencia económica estaba para evitar sufrimientos a la gente, pero en cada ocasión, o a cada problema, le aplicó soluciones diferentes: le propuso al presidente Roosevelt un programa de inversiones en obra pública para generar trabajo con el que paliar la crisis del 29, pero también solventó la economía de la India mediante políticas monetarias, inventó el leasing para obtener la compra de material bélico a los EE UU o jugaba en bolsa con astucia para sanear las finanzas de su universidad, Cambridge.

En ese sentido, lo que cada vez parece más evidente que necesita el país, España –de momento no hay otro, por más que algunos se empeñen en otras ensoñaciones–, es la reconstrucción de nuevos pactos de Estado que planifiquen y establezcan con claridad las competencias de cada parte del mismo y de los mecanismos para financiarlas, con un obvio principio de igualdad entre los españoles en su acceso a la educación y la sanidad pero con resortes para que cada administración pueda proponer políticas propias en sana competencia con las demás. Siempre con un suelo y sabiendo que la competencia solo se puede fomentar entre análogos.

Las políticas fiscales, lejos de servir para penalizar, deberían utilizarse con habilidad para dinamizar objetivos socioeconómicos: crear riqueza y empleo ha de ser fomentado, no fiscalizado. Ese es el camino. Y que los fondos especulativos corran con los riesgos de las nuevas economías, recorriendo senderos imprevisibles, novedosos y sin seguros públicos. Poner coto a la iniciativa privada es un grave error, mientras que planificar las reglas del juego resulta un valor necesario desde la óptica pública.

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