El Sáhara Occidental, la última colonia de África, lleva cuarenta y seis años esperando su descolonización tras los ilegales acuerdos tripartitos de Madrid con Marruecos y Mauritania (1975), por los que España cedía una soberanía que no podía ceder porque no le pertenecía. En todos estos años, tras la renuncia de Mauritania, la ocupación marroquí, la guerra y el alto el fuego en 1991, la situación ha quedado estancada en espera del referéndum de autodeterminación prometido por la ONU y que da nombre a la Minurso (Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum en el Sahara Occidental). Esta Misión no sólo es inoperante en cuanto a su propósito, sino legitimadora de una actuación marroquí que lleva todos estos años vulnerando la legalidad internacional y, lo más grave, pisoteando los derechos humanos de la población saharaui que permaneció en los territorios ocupados.

La ciudadanía española (no así los partidos políticos que dicen representarla), por razones varias, siempre ha sido solidaria con el pueblo saharaui. Razones de tipo histórico, puesto que el Sáhara Occidental llegó a ser la provincia 53, sus pobladores disponían de la ciudadanía española con su correspondiente documentación (DNI, pasaporte), incluso tenía su representación política en las Cortes franquistas.

Razones de tipo humanitario, al ser conscientes de la situación del pueblo saharaui dividido entre unos campamentos de refugiados con carencias de todo tipo en la hamada argelina de Tindouf, unos territorios ocupados por Marruecos sometidos a una dura represión, y una diáspora, cada vez más numerosa, repartida por toda Europa, y sobre toda por toda la geografía ibérica. Y razones de tipo político, ya que somos muchas personas del Estado español que todavía recordamos lo que es vivir bajo una dictadura, como lo es Marruecos, sin separación de poderes, puesto que el rey es a la vez jefe de Estado, líder religioso, fuente de legislación y uno de los mayores empresarios de África con intereses en banca, seguros, turismo y telefonía.

Esta avalancha solidaria (manifestaciones, mociones en ayuntamientos, grupos interparlamentarios, caravanas humanitarias con alimentos y medicinas, marchas recorriendo todas las autonomías y, sobre todo, el programa ‘Vacaciones en paz’ con miles de menores saharauis pasando los meses estivales con familias españolas), no ha servido para revertir la situación de estancamiento que vive hoy el Sáhara Occidental y la grave situación humanitaria y política de sus gentes.

Desde la década de los años sesenta cuando la ONU solicitó la descolonización del Sáhara Occidental, no hemos sido capaces de hacer que el organismo cumpla sus propias resoluciones. No hemos conseguido que España, como antigua metrópoli colonial y actual potencia administradora, asuma sus responsabilidades humanitarias, políticas y legales. No parece que podamos evitar que democracias consolidadas, como Francia, apoyen la dictadura marroquí, blanqueen la violación de los derechos humanos del pueblo saharaui y bloqueen cualquier resolución que afecte a Marruecos en el Consejo de Seguridad de la ONU.

¿Qué hacer? Por supuesto, seguir con todo este movimiento solidario tan necesario que, además, requerirá de redoblados esfuerzos para que no empeore la situación. Pero en paralelo, a quienes nos preocupa, ocupa y nos duele el Sáhara Occidental, deberíamos invertir más energías en encontrar unas acciones nuevas, unos procedimientos alternativos, unas iniciativas novedosas que obliguen o empujen a los organismos internacionales y a los estados nacionales a poner fin a la injusta y anacrónica situación del ese territorio.

Sin querer ser excluyente, ni por supuesto clarividente en las medidas (por ejemplo, se podría pedir la inclusión en los currículos escolares de la historia del Sáhara Occidental), propongo la creación de unas Brigadas Internacionales. Llámense como quieran (de paz, de apoyo, de observación), estarían formadas por personal de los países involucrados (España, Francia, EE UU, incluso de Marruecos, si no temen a las represalias) y actuarían en los territorios en conflicto bajo la supervisión y las órdenes del Frente Polisario. Su único objetivo: dado que los Estados nacionales se niegan a asumir sus responsabilidades legales, humanitarias y políticas, vamos a involucrarles, por la vía pacífica de los hechos, con la presencia de su ciudadanía en la zona de conflicto.

Y al respecto, dos reflexiones.

Intentar descalificar esta iniciativa con el argumento de ‘ir a pegar tiros’ es no ajustarse a la realidad. En primer lugar porque se trata de una iniciativa ciudadana pacífica. Y en segundo lugar, porque el pueblo saharaui, como ha demostrado hasta el hartazgo, se basta y se sobra para defender su territorio y su soberanía, su dignidad, en definitiva.

En el caso de España, con el gobierno más ‘progresista’ de la historia, intentar descargar cualquier responsabilidad sobre los propios brigadistas o amenazar con represalias al regreso, sería de una enorme hipocresía y tener una flaca memoria de lo que supusieron las Brigadas Internacionales que acudieron en defensa de la República contra el fascismo.

Así pues, ahí queda esta propuesta, vieja en el tiempo, pero novedosa para ilusionar, lista para ser estudiada, debatida, cuestionada, y en su caso, decidir o no su aplicación.