A mediados del mes pasado se publicaba la Encuesta de Condiciones de Vida, un complejo estudio para el que se entrevista a 35.000 personas y alrededor de 13.000 hogares en todo el Estado español. A la luz de los resultados, nada estimulantes, tenemos mucho de lo que preocuparnos. Además, siguiendo una tónica tristemente habitual, en el País Valenciano la cosa anda todavía peor.

Sin ánimo de estropearles el refresco veraniego, en 2020 el País Valenciano fue el sexto territorio con mayor tasa Arope, o número de personas en riesgo de pobreza o exclusión. Hasta un 29,3 % de nuestra población está en esa situación, más de dos puntos por encima de los datos registrados el pasado año y un porcentaje tres puntos mayor que el registro medio estatal. Un 10,7 % de la población entrevistada en 2020 en nuestra comunidad autónoma manifestó que llegaba a final de mes «con mucha dificultad», un porcentaje llamativamente superior al 6,7 % registrado el año anterior. Si atendemos a quienes presentan alguna dificultad para cuadrar sus cuentas mensuales, las estrecheces se extienden a más del 48 % de los valencianos y valencianas.

Permitan que siga introduciendo ingredientes en la coctelera. Por ejemplo, un IPC disparado al 2,7 % en lo que va de año, una tasa de paro situada en el 16,6 %, que en el caso de las mujeres alcanza prácticamente el 20 %, las contrataciones temporales disparadas casi al 92 %, los precios de los alquileres desorbitados, etcétera. En fin, claro que necesitamos de la recuperación económica, pero difícilmente mejoraremos este panorama de cuento gótico si los efectos de dicha recuperación no alcanzan a las rentas del trabajo.

Conviene no engañarse, la covid-19 no tiene la culpa de todos nuestros males. Lo ha agravado todo, nos ha puesto en muy serias dificultades, pero la cosa viene de lejos. Como poco, desde la crisis económica de 2008 y de las ‘soluciones’ neoliberales aplicadas para superarla -más bien para empeorarla- nos viene la herencia. Aquellas recetas que pregonaban austeridad han quedado en evidencia ante la eficacia de las políticas de gasto público y de protección social que, sin duda, han impedido que esta crisis sanitaria, sin precedentes, haya acabado en un enorme agujero negro que bien nos podría haber engullido definitivamente.

Desde CC OO venimos advirtiendo que no hay tiempo que perder, que el estímulo de gasto que suponen los fondos europeos debe ser capital para dar un impulso definitivo a la actualización -en términos sostenibles- de nuestra economía. No hay futuro para nuestro mercado de trabajo sin digitalización, sin políticas activas de empleo, sin políticas que corrijan la enorme brecha de género que condena a las mujeres a trabajar menos y en condiciones mucho peores, sin creación de empleo que mejore los servicios público esenciales, sin inversión en I+D+i en nuestras empresas y sin reorientación del tejido productivo hacía sectores capaces de crear empleos de más valor añadido.

Todo indica que a principios de septiembre se activarán las mesas del diálogo social para seguir trabajando en la agenda que trazamos, Gobierno valenciano y agentes sociales, en torno al acuerdo Alçem-nos. Su desarrollo efectivo aseguraría unas bases sólidas para dar un salto de calidad decisivo para la transformación de nuestra economía. No obstante, estos planteamientos necesitan del respaldo y de la modificación de cuestiones que se dilucidan lejos de nuestro ámbito territorial. Una reforma fiscal que debe acercarnos a recaudar en términos a la media de la Unión Europea, el cambio de modelo de financiación autonómica que venimos reclamando desde el País Valenciano, el cumplimiento de la subida del SMI al 60 % de la media salarial al final de la legislatura, y, por supuesto, una reforma laboral que nos permita equilibrar la negociación colectiva, estabilizando la contratación mediante fórmulas de flexibilidad interna en las empresas, y que camine hacia la reducción de la temporalidad que lastra nuestro mercado laboral.

Como ven, a la vuelta de agosto nos espera mucho trabajo que hacer.