Hemos tardado, pero al final todo ha quedado negro sobre blanco, o si se prefiere ‘blanco y en botella’.

Durante años, hemos creído que la competencia autonómica en materia de coordinación de policía local por parte de la Generalitat suponía un importante reto que ponía en manos de la misma, la capacidad para generar un sistema de seguridad valenciano basado en la proximidad, en la cercanía a la ciudadanía y por ello centrado en la seguridad local.

Hemos creído que esa capacidad, esa competencia iba a servir para poner en manos autonómicas un basto servicio de seguridad de más de 10.000 funcionarios y funcionarias locales con sus respectivas alcaldías al frente. ¡Vana ilusión!

Hemos creído que se iba a reconocer, por fin, la condición de policías de primera al personal de los cuerpos de policía local. Que se iba a abrir el camino de la profesionalización total. Y que la Generalitat iba a asumir definitivamente su papel, dirigiendo, propiciando, coordinando la actuación homogénea y uniforme de todo el entramado de la seguridad. ¡Vana ilusión!

Hemos creído que la flamante Escuela de Policía que se creó por ley en 1990 en L’Eliana iba a ser un referente estatal de la formación de las policías locales. Y hemos visto como año tras año se fue retrasando la aprobación de un reglamento de funcionamiento por decreto que le hubiera dado consistencia y futuro. Hemos visto como el Ivasp, ahora Ivaspe, ha ido deshaciéndose como un azucarillo en medio de grandes palabras, pero pocas obras. Hemos visto como no se ha puesto ni una sola piedra al edificio, sino más bien su constante demolición.

Durante años, hemos venido comprobando como los sucesivos gobiernos autonómicos demostraban una vez y otra vez más que en realidad importaba poco la policía local.

Un halo de esperanza se generó con el primer Gobierno del Botànic. Y se trabajó y se negoció la Ley 17/17 de Coordinación con la participación de todos quienes quisieron implicarse. De hecho, sólo recibió 12 votos en contra en las Corts Valencianes y la ley fue aprobada por amplísima mayoría.

No me voy a repetir. La ley está ahí, al alcance de cualquiera. De su contenido se desprenden objetivos ambiciosos en seguridad pública, en términos de profesionalización, en materia de formación, en el ámbito de los derechos y deberes, en materia de igualdad… Pero quienes debían seguir la tarea del primer Botànic repitieron los viejos esquemas de aquellos políticos que renunciaron a las aspiraciones que generó el Estatut d’Autonomia y la primera Ley 2/90.

La mayoría de los políticos que asumieron la coordinación de policía local, ya fuera en Conselleria de Governació o de Administració Pública, o de Justicia, siempre nos han trasladado la sensación que las policías locales éramos cuerpos subsidiarios de los cuerpos estatales y por tanto no podíamos aspirar a ser ‘policías de verdad’.

Y ahí está el origen de nuestros males. ¿Qué puso en evidencia la Ley 17/17?

Lo primero, que no se han creído nunca que la competencia en coordinación de policía local podía ir más allá que fijar un uniforme y una imagen corporativa únicas (que luego se incumplen), unos decretos de acceso y promoción (que luego se incumplen), una norma marco de estructura y funcionamiento (que luego se incumplen), etcétera.

Y, por tanto, la incompetencia más absoluta para vigilar y exigir el cumplimiento de las normas.

Creo que son razones más que suficientes para pedir la dimisión de la consellera Bravo y exigir que asuma la responsabilidad alguien que se crea de que va esto.