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Rosa María Sánchez

Dieta descremada

La actual escalada el precio de la luz —que el Gobierno intenta neutralizar con un plan de choque— es resultado de una suma de errores en el diseño del sistema europeo de fijación de la tarifa; de errores de cálculo de quienes no supieron anticipar un despliegue de las renovables menos rápido de lo que exigirían los planes de descarbonización; y de errores en el manejo de los tiempos, con una actuación tardía de las autoridades españolas (y europeas) que han ido arrastrando los pies tras las circunstancias.

El erróneo diseño europeo de la tarifa —mediante el sistema marginalista, lleva a retribuir a precios de gas (que está por las nubes) el resto de las tecnologías más baratas (renovables)— otorga beneficios extraordinarios a eléctricas y Hacienda, vía impuestos. Los errores sobre el ritmo de descarbonización  inciden en un precio desorbitado en el mercado de derechos de CO2, y de ello obtienen beneficios extraordinarios el Tesoro (hasta julio había ingresado 1.419 millones, más del doble que igual perido del año anterior). La actuación a destiempo para una próxima reforma de la tarifa regulada (en línea con la que existe en otros países) que parecía imposible para el Gobierno hasta ahora, de nuevo ha redundado en ingresos extra para los recaudadores: empresas y Hacienda. 

Toda esta suma de errores han recaído sobre los consumidores en forma de mayor coste del recibo de la luz. Cuando alguien paga de más siempre hay alguien que cobra ese exceso. Y en tanto se subsanan los errores que han conducido a esta situación —cada vez son más las voces en la Unión Europea que claman por un cambio del modelo— cabe que todos los que están ganando de más renuncien a una parte de ello. En eso incide el plan lanzado por el Gobierno esta semana que, en el “mientrastanto’, descrema de forma transitoria los beneficios extraordinarios de las eléctricas y también de la Hacienda Pública, del mismo modo que de la leche se extrae el sobrante de grasa que representa la nata.

Las rebajas de impuestos y la devolución al sistema eléctrico de una parte de los ingresos por el mercado de CO2 no restan ingresos al Estado. Si acaso, lo devuelven a la situación previa al estallido del megavatio, pues la rebaja de los porcentajes de los tipos impositivos se compensa con un aumento de la base sobre la que se aplican (el precio del megavatio en el mercado mayorista). Si esta base sigue en aumento, Hacienda incluso se podría permitir bajar el IVA al 4% sin perder ingresos por ello. El problema para el Gobierno, eso sí, vendría después, cuando intentara revertir la situación. 

La rebaja de beneficios impuesta a las empresas roza la inseguridad jurídica y conlleva riesgos para la inversión extranjera. Es difícil pedir a unas multinacionales cotizadas que renuncien a sus beneficios por los errores de cálculo de la administración. Este es el talón de Aquiles del plan del Gobierno: la inseguridad jurídica. Al mismo tiempo, cabe otra pregunta: si realmente es seguro desde el punto de vista jurídico, por qué no se descremó antes el beneficio extraordinario de las empresas.

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