La compra del 10 % del capital de Aguas de València por parte de la firma asesora de fondos de inversión Incus Capital pone en entredicho el discurso del Botànic sobre la gestión de un servicio público vital para el ciudadano: el abastecimiento y saneamiento de agua. Y da pie a reflexionar sobre los pingües beneficios que obtienen las gestoras del agua con la mercantilización de un servicio considerado derecho humano fundamental por Naciones Unidas.

Después de 17 años de gobierno del Partido Popular, el pacto alcanzado por la izquierda y los nacionalistas en la Comunitat Valenciana trajo inquietud a los mercados de capital. En particular, a las cinco firmas que en régimen de oligopolio se reparten los 800 millones que cada año salen del bolsillo de los valencianos para pagar el recibo del agua.

El acuerdo del primer pacto del Botànic, con un compromiso de gestionar los servicios bajo la lógica del bienestar colectivo y nunca del lucro privado, traía inquietantes aires de remunicipalización que intranquilizó al oligopolio del agua. En esa legislatura se realizó un encuentro en el que participaron los gestores del ciclo urbano del agua de doce comunidades autónomas para analizar su situación actual y plantear estrategias de futuro. Se creó, desde la Generalitat, el Observatorio Ciudadano del Agua para dar voz y protagonismo a los usuarios y las organizaciones sociales, y en la entidad de saneamiento se apostó por un mayor control, especialmente sobre los convenios que eluden la ley de contratos de las administraciones públicas.

Esos avances, aunque modestos, dirigidos a ejercer un mayor control sobre los servicios públicos, han tocado a retirada en el segundo Govern del Botànic. El observatorio ha dejado de ser una prioridad para los nuevos gestores y lleva dos años sin convocarse, a pesar de las reiteradas peticiones que han realizado los colectivos sociales, ecologistas y sindicales que integran la Xarxa valenciana per l’aigua pública. Los acuerdos alcanzados por los partidos que suscribieron el pacto del Botànic 2 , ‘per un govern valencià de progres’, van camino del incumplimiento. Al día de hoy, ni se ha creado el Centro Valenciano del Ciclo Urbano del Agua, ni se han facilitado mecanismos de transparencia y asesoramiento a los municipios, ni se ha trabajado en la recuperación de los servicios públicos privatizados tras finalizar la concesión. Por otra parte, la entidad de saneamiento que gestiona y supervisa la depuración en más de 500 municipios, ha caído en la irrelevancia. En 2020 los contratos adjudicados se han reducido el 90 %, pasando de 143 millones de euros a apenas 14 millones, la inversión en obra ha descendido el 30 % y se ha frenado el intento emprendido para romper el oligopolio en la explotación de las depuradoras.

La dejadez que está mostrando la Generalitat por regular y establecer mecanismos efectivos de control en el ciclo urbano del agua deja en manos de la iniciativa privada, y de los fondos especulativos de inversión, la prestación de un servicio vital para el ciudadano, dando pie a que el interés mercantilista prevalezca frente al interés público, en detrimento de un servicio de calidad y asequible, en el que se respete la transparencia en sus actuaciones y se rinda cuentas de su gestión.