Al tiempo que asociaciones de consumidores, ecologistas, público en general, exclaman que ya era hora de que el Gobierno actuara en su defensa, que pusiera tímido coto a la para no pocos fraudulenta, desabrida, subida del coste de la energía, las compañías eléctricas, el de hecho oligopolio que nos la suministra, prepara una dura ofensiva legal para frenar las medidas que el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha aprobado. Se trata, dejémoslo asentado, de una iniciativa suavemente socialdemócrata, propia de un gobierno ubicado en el centro izquierda, que se supone defiende los intereses de los que el cine de la década de los 60 del pasado siglo tildó de «económicamente débiles». No es algo propio de un gobierno nítidamente de izquierdas, de un frente social comunista, del Gobierno más radical de Europa, reiterada afirmación de Pablo Casado (los de la efervescencia autoritaria nacional católica de Polonia y Hungría son de su agrado), que queda a la espera de si tras las elecciones del domingo en Alemania se forma otro de similares características. La contención de las tarifas eléctricas, «toparlas», según ridícula hipérbole gubernamental, es decisión de estricta necesidad, tanto o más que incrementar el salario mínimo, que también ha desatado las iras de empresarios, Banco de España y derechas, que vienen profetizando desde 2019 debacle tan colosal que no habrá quien la resista. Por ahora no aparece tal hecatombe, sino crecimiento apreciable de la economía, que no debe ni puede jorobarse por la desorbitada subida del precio de la energía. El Gobierno ha hecho lo correcto; achaquémosle cierta timidez, no haber sido más contundente.
Sucede que las eléctricas, habituadas a tener siempre las de ganar, a incluir en sus consejos de administración a políticos amortizados para contentar a los grandes partidos, que así mantienen a su vera, no aceptan de ninguna manera que se ponga coto a sus sustanciosos beneficios. Respuesta: nos las veremos en los tribunales, que otras veces les han dado la razón obligando al Estado a restituirles cantidades de más de 1.500 millones de euros. Cuentan con el decidido apoyo de los bancos de inversión, que se han apresurado a hacer pública amplia panoplia de informes a cual más apocalíptico descalificando el plan del Gobierno. Hay de todo en ellos: inseguridad jurídica, incertidumbre regulatoria, freno a la recuperación económica, que pasa, en el análisis de las entidades financieras, por dejar que las eléctricas no se vean constreñidas por innecesarias cortapisas. Los consumidores sí soportarán cómo la recuperación se la come la factura de la electricidad; las empresas que la proveen no han de mermar mínimamente sus beneficios. La lógica del libre mercado descomedido, sueño del PP de Isabel Díaz Ayuso, de su corte madrileña, con el que comulga Casado.
Estamos ante un intento probablemente fallido. Es difícil pretender tumbar al Gobierno cuando aprueba un decreto que veremos hasta dónde consigue rebajar la factura eléctrica. Lo que iba a incinerarlo era no hacer nada, dejar que el recibo de la luz subiera sin tasa. La ministra Teresa Ribera, responsable del asunto, escasamente dotada para la comunicación, pusilánime, cobarde en la pugna con las eléctricas, ha sido corregida con contundencia por el presidente Sánchez; resultado de la bronca: lo que no podía ser ha sido. Se deja sin arsenal deflagrador a la oposición, que en el Congreso y los medios descalifica las medidas aprobadas sabiendo que entre los consumidores han sido recibidas con cierto alivio, algo de esperanza. En esa oportunidad estar bajo el volcán de eléctricas y bancos es beneficioso para los intereses del Gobierno. Lo esencial: lo es para los ciudadanos.
Acotación desasosegada.- La tensión entre Argelia y Marruecos, geográficamente a tiro de piedra, crece. Podemos vernos involucrados en conflicto de potencial desestabilizador económico, migratorio y, por ende, político; trascendente.
