La ciudad de València, por mediación de sus autoridades municipales, lleva 30 años comportándose con el área metropolitana con la misma altanería con la que Madrid trata a cualquier periferia.
Los sucesivos intentos de abordar una planificación urbanística, ambiental o de movilidad, solución idónea para un área de casi 50 municipios que comparten fortalezas y problemas, han chocado con los juegos de poder, que acaban imponiéndose siempre por el subsuelo pese a las grandilocuentes palabras de compromiso.
El alcalde socialista Ricard Pérez Casado, que gobernó la ciudad entre 1979 y 1988, acabó dimitiendo una víspera de Nochevieja alegando tres motivos, y uno de ellos era la negativa del gobierno autonómico del también socialista Joan Lerma a convertir el entonces llamado Consell Metropolità de l’Horta en una herramienta útil y eficaz para gestionar los asuntos comunes del millón y medio de habitantes del área.
La popular Rita Barberá, cuando accedió a la alcaldía en 1991, se encontró con una ciudad rodeada de lo que se llamó entonces un «cinturón rojo», la mayor parte de los municipios de l’Horta gobernados por partidos o coaliciones de izquierda, y no tuvo ningún interés en confraternizar ni compartir planificación. Sólo muchos años después, cuando los conservadores conquistaron muchos de los feudos progresistas, se produjeron avances singulares en materia de ciclo integral del agua, con la constitución de la Emshi (2001), y en cuestión de residuos, con la Emtre (2001), mientras cuestiones como la movilidad metropolitana se sustanciaban en que si algún municipio quería el servicio de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) de València tenía que pasar por caja y abonar un peaje. Por él pasaron durante años Mislata, Vinalesa, Paterna, Alboraia o Moncada, al tiempo que Burjassot se libraba de la iguala porque en el cap i casal consideraron que el grueso de los usuarios habituales de la línea 63 eran estudiantes de la capital que viajaban al campus universitario de Ciencias, radicado en esa localidad.
La llegada de un gobierno de coalición de izquierdas a la capital no mejoró las cosas. Después de haber hecho campaña activa contra Barberá por cobrar la EMT a los pueblos a los que llegaba, Joan Ribó y su equipo mantuvieron y renovaron el «si quiere bus pase usted por caja» y ha sido finalmente la Autoridad de Transporte Metropolitano de Valencia (ATMV), constituida por la Generalitat el 1 de enero de 2017, la que se ha hecho cargo de las facturas que la EMT de la capital pasaba a los municipios conectados.
Esta semana, la Semana de la Movilidad, la del Día Sin Coches, ese sistema de trágala impuesto desde hace tres décadas por la metrólopi ha saltado por los aires. Los alcaldes del área metropolitana, encabezados por el de Mislata, Carlos González Bielsa, también vicepresidente de la Diputación, han salido a la palestra para decir alto y claro que la empresa de transportes de la capital ha de integrarse en la red global, con Metrovalencia, los autobuses amarillos o las Cercanías de Renfe; que basta ya de que la EMT tenga derecho de veto sobre las decisiones de movilidad y que imponga que los autobuses metropolitanos solo puedan hacer dos paradas dentro de la ciudad para proteger los intereses casi monopolísticos de la empresa urbana.
El levantamiento de los alcaldes de l’Horta contra la dictadura de los autobuses de la capital ha coincidido con una inesperada e inusual fe metropolitana expresada por el alcalde Ribó y su vicealcalde Sergi Campillo, ambos de Compromís. El proyecto de la parte socialista del gobierno local (Sandra Gómez y Borja Sanjuán) de convertir la avenida de Ausiás March en un bulevar de tres carrilles por sentido (ahora tiene entre cuatro y cinco, según los tramos) ha sido respondido por sus socios soberanistas con airada indignación, quejas de haberse enterado por la prensa, y apelaciones a que el plan ha de ser analizado ¡por la Autoridad del Transporte Metropolitano de València! De este modo, los responsables urbanos de movilidad, que han estrangulado conscientemente la circulación en las calles Colón, Alicante, Reino de València y otras; han intentado boicotear la ampliación del acceso a València desde Port Saplaya; han puesto el grito en el cielo por el plan de remodelación de la V-30; han cabreado a buena parte de los usuarios de la EMT con una remodelación de líneas cuyo fracaso, al menos con la línea C1 del centro histórico, tendrán que reconocer algún día; han eliminado la posibilidad de aparcar en el carril bus por las noches para facilitar el acceso de vecinos de la capital y su área a salas de espectáculos y restauración... y todo ello sin preguntar a nadie, ahora se hacen los ofendidos y dicen que el problema del transporte metropolitano es mejorar las Cercanías de Renfe, cuando éstas conectan la ciudad con núcleos alejados, como Castelló, Xàtiva, Gandia o Utiel, pero no Mislata, ni Paterna, ni Xirivella ni Quart.
Por necesidades de optimización de recursos, ambientales, de igualdad y, en resumen, de gobernanza es necesario, más que nunca, que los distintos operadores del transporte en el àrea metropolitana se gestionen y planifiquen desde un mismo órgano, y ése ha de ser la Agencia de Transporte Metropolitano de València. Como afirma el conseller de Política Territorial, Arcadi España, los municipios habrán de ceder competencias y ser generosos para conseguir una red justa y eficaz que sea capaz, como red, de optar a la financiación estatal y europea que siempre se le ha negado y a la que sí han optado los servicios integrados de Madrid o Barcelona. La sostenibilidad, que llena muchos discursos, no solo es ambiental: ha de ser también económica y sobre todo social.
El peor momento para la tasa turística
Los dos vicepresidentes de la Generalitat, Mónica Oltra y Héctor Illueca, se reúnen por vez primera y, en el transcurso de la conversación, sale el tema de las especiales dificultades de los jóvenes valencianos para acceder a una vivienda, materia que es competencia del conseller de Unides Podem. Entonces, la líder de Compromís (que parece que odie a los hoteleros) saca del fondo de la cartera su vieja idea de imponer la tasa turística y ¡ya tienen la solución! ¿Informes, reflexiones, presupuestos, análisis, opiniones de los sectores implicados, de los socios de gobierno? Nada. Solo un titular para salir en la prensa.
Varias comunidades cobran la llamada tasa turística por pernoctaciones desde antes de la pandemia. Pero no parece que con la que está cayendo en el sector sea el momento de añadir una carga fiscal a su grave crisis. Además, no es lo mismo pernoctar en un hotel de Xàbia que en uno de Chulilla. ¿No sería mejor un tributo de ámbito local que tenga en cuenta las condiciones y atractivos de cada espacio? Sobran ocurrencias y faltan reflexiones.
