Podría empezar con aquello de «quien parte y reparte se queda con la mejor parte» que es el objetivo más evidente de la propuesta fiscal del nuevo PP valenciano, decidido a operar como una secuela de esa gran escuela de pensamiento que nos viene de Madrid pasando por Murcia, pero para enmascarar la evidencia nos dicen que van a bajar la fiscalidad también de las rentas más bajas y en mayor proporción. Este juego malabar lo realizan sobre el IRPF, pero ocultan que la bonificación absoluta en el impuesto de sucesiones y donaciones o en el de patrimonio beneficia exclusivamente al 1% de nuestra sociedad y, de entre estos, a los que más tienen. Tampoco en el IRPF es equiparable el beneficio que obtendrían las rentas más altas respecto de las de la inmensa mayoría de trabajadores y trabajadoras, pero funciona mejor la añagaza de su propuesta.

Con todo, lo verdaderamente sorprendente es la justificación económica que la sustenta: menos impuestos es más consumo, menos cargas para las empresas es más inversión…En fin, que la mano invisible del mercado sigue siendo la moderna receta casi tres siglos después de ser pronunciada. Pero por si fuera poco olvidar los extraordinarios resultados que la revolución fiscal del siglo XX produjo en términos no sólo de bienestar social, equidad y justicia social, sino también de crecimiento económico y riqueza empresarial, olvidan también los efectos y enseñanzas más evidentes de la actual pandemia y de la pasada gran recesión.

La gran recesión puso en evidencia que la ausencia casi total de regulación y el achicamiento constante de los Estados generaba oportunidades casi en exclusiva para los más poderosos, capaces de convertir el mundo entero en su mercado mientras se desentendían de las sociedades en las que habían venido, y siguen, operando. Cuando colapsó el sistema fueron los Estados los que salieron al rescate de los sectores más afectados, en especial el financiero, pero toda la sociedad sufrió la resaca de aquella borrachera sin haber tomado en su mayoría ni un solo trago. Por su parte, una Europa gobernada por la derecha liberal nos impuso recortes en el estado social y, ¡oh sorpresa! subidas de impuestos: parece ser que el que presta se cree poco eso de que bajando impuestos acabará devolviéndonos lo prestado el deudor.

Con la pandemia, ingentes recursos públicos obtenidos mediante endeudamiento, que es una forma de impuestos diferidos, se han destinado al sostenimiento de las rentas de trabajadores y autónomos, y a ayudas directas e indirectas a las empresas, sin que a nadie se le ocurriera conformarse con rezar a esa mano invisible. Más bien al contrario, a todos nos ha dado por pedir, y me atrevería a afirmar que más a quién con más insistencia ahora propone involuciones fiscales. En paralelo hemos comprobado la importancia de los servicios públicos esenciales, en espacial la sanidad, o la transcendencia de la ciencia y la investigación, y también su deterioro tras los recortes propiciados por el discurso ultra-liberal y su hidra: la gran recesión. Todos ellos, sanidad, innovación, educación o ciencia, son sistemas sostenidos con el esfuerzo fiscal de una sociedad que se protege mutualizando riesgos y oportunidades con sus impuestos. Ni tendremos oportunidades sin recursos destinados a la mejora de nuestra productividad mediante la innovación y la ciencia, ni nos protegeremos sin una sanidad pública y unos servicios sociales potentes.

Pero ahora viene lo más gordo: resulta que llevamos largos años demandando un nuevo sistema de financiación autonómica en nuestro país que haga justicia a la Comunitat Valenciana, la peor financiada; resulta que en este empeño estamos los agentes económicos y sociales, conscientes de las posibilidades que lograr esa mejor financiación tendría en la mejora de nuestro modelo productivo; resulta que a la plataforma per el finançament just se ha sumado recientemente el PP, el único que faltaba, y que estimamos nuestra infrafinanciación en unos 1.400 millones de euros. Pues bien, agárrense, la involución fiscal de los recientemente incorporados significa que si consiguiésemos esa financiación justa tanto tiempo peleada no sería para acometer políticas industriales, ni para mejorar nuestro sistema de innovación, ni para sanidad, ni educación ni servicios sociales…la emplearíamos en repartírnosla con el criterio con el que comenzaba este artículo: «Quien parte y reparte se queda con la mejor parte»

Menos mal que Europa junto con sus planes de recuperación, sus Next Generation y su incipiente mutualización de deuda europea, que es la que nos va a permitir disponer de enormes recursos, nos impone condicionalidades. De lo contrario los de la involución fiscal en España estarían relamiéndose frente a 70.000 millones de euros y pensando en cómo convencernos para repartírselos.