¡Esperen a que le toque el turno a la reforma laboral!

Quién más y quién menos se hace una idea de las características que pueden llevar a un empleo a ser considerado decente. No obstante, en contra de lo que pudiera parecer, el término no admite consideraciones subjetivas. La OIT lo definió en 1999 como «aquel que se realiza con respeto a los derechos laborales fundamentales, con seguridad, que permite un ingreso justo y proporcional al esfuerzo realizado, que se realiza en condición de no discriminación de cualquier tipo, se lleva a cabo con protección social, e incluye necesariamente el diálogo social». Además, es un Objetivo de Desarrollo Sostenible en el marco de la Agenda 2030 para alcanzar «un crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible». Convendrán conmigo en que no parece que vayamos bien encaminados, ni en lo uno ni en lo otro, razón que ratifica lo pertinente de las movilizaciones convocadas en torno a esta fecha.

Este mismo lunes se conocían los datos de paro registrado en nuestro territorio: un 13% de personas en desempleo y una creación que viene de la mano de la precariedad, casi el 90% de los contratos firmados son temporales. En ambas materias, las mujeres y las personas jóvenes son las grandes perjudicadas de nuestro mercado de trabajo. Tampoco parece que la incipiente recuperación económica esté trayéndonos demasiados cambios. Y no conviene engañarse, o peleamos o nos pasará por delante una oportunidad de oro para transformar este ruinoso estado de las cosas.

Y es que las políticas de estímulo económico que con acierto se han impuesto a los rigores de la austeridad tan de moda hace unos años, nos han traído una suerte de Plan Marshall europeo, en forma de fondos, que deben servir para cambiar nuestro modelo productivo. Ya se habla aquí, y allí, de crecimiento sostenible, de digitalización, de modernización del sector público. En definitiva, de una recuperación económica sólida y resiliente. Hasta ahí el consenso es generalizado. Pero, ¿qué ocurre cuando se pone de manifiesto la necesidad de modificar el marco normativo para garantizar derechos a trabajadoras y trabajadores?

En un contexto en el que preocupa la evolución de algunos precios, como el de la luz o la vivienda, los salarios en este país no dan, en muchos casos para huir del riesgo de exclusión social. No hay más que echarle el ojo a la última encuesta condiciones de vida del INE. Ya hemos visto cómo la patronal ha abandonado la senda de la concertación por un tímido aumento del SMI en 15 euros, cuando el objetivo del aumento no es otro que garantizar unos salarios mínimamente dignos para combatir la pobreza laboral. Y eso que, tanto sindicatos como Gobierno, siguen la recomendación marcada por la Carta Social Europea de llegar al 60% del salario medio en nuestro país, lo que significarían 1.049 euros al mes al final de 2022. Pues si por 15 euros al mes montan en cólera, ¡esperen a que le toque el turno a la reforma laboral!

Nuestro mercado de trabajo en ningún caso estará en disposición de crear empleo decente sin un cambio de cultura empresarial, que como decía no parece haber asomado a propósito de la negociación del SMI. Si no se afrontan los retos de la transformación tecnológica en un amplio proceso de diálogo social, con la negociación colectiva como instrumento de gobernanza del bien común, difícilmente será posible otra perspectiva. La derogación de la reforma laboral es necesaria, pero no suficiente, para corregir los desequilibrios en nuestras relaciones laborales. Se trata de crear las condiciones adecuadas para que podamos vivir dignamente de nuestro trabajo o nuestra pensión. No es tanto lo que se reclama.

Si no se acometen cambios legislativos de calado en materia laboral, desde los sindicatos intensificaremos las movilizaciones.