La aprobación de la nueva Ley de la Vivienda (2021) por parte del Gobierno ha provocado, como siempre, una reacción «alérgica» en las filas de la derecha de este país y del presidente de la CEOE. La medida que ha causado esta irritación es la regulación del precio del alquiler para las empresas o personas propietarias de más de 10 viviendas. Estos grandes propietarios «deberán bajar por ley los alquileres en base al índice de referencia para todos los contratos en las zonas de mercado tensionadas». Esta Ley de la Vivienda va dirigida, sobre todo, a las personas jóvenes de nuestro país y a las personas más vulnerables que no pueden soportar los altísimos alquileres que existen en el mercado inmobiliario actualmente.

No debería ser necesario recordar, a la CEOE y a la derecha española que se jactan de ser más españoles que nadie, que en el artículo 47 de nuestra Constitución se declara que: «Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada». Esto quiere decir que esta vivienda ha de reunir las condiciones imprescindibles para que sea «digna y adecuada». No sirve, por lo tanto, una covacha con cuatro paredes y ya está, ni a precios desorbitados. Continua este artículo exponiendo que: «los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general». ¿Y esto qué quiere decir? Regular el suelo de acuerdo con el interés general significa «impedir la especulación», es decir, intentar impedir que unos pocos ganen dinero sin tener en cuenta las necesidades y sufrimientos de muchos. Además, no debemos olvidar que el derecho a una vivienda digna y adecuada se recoge tanto en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 (artículo 25) como en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1976 (artículo 11).

En nuestro país, los efectos de la pandemia de la COVID19 han sido graves en todos los aspectos (salud, empleo, etc.), y también en el caso de la vivienda. En efecto, en el último informe sobre el impacto de la pandemia de Cáritas en España se cifra en 11 millones las personas en exclusión social y en 6 millones en exclusión severa, es decir, casi 2 millones más que hace tres años. En este grupo, están en riesgo de exclusión el 27% de las parejas con hijos y el 18% de las que no tienen hijos. Alerta Cáritas de un incremento de situaciones de «hacinamiento e insalubridad» porque el 14% de los hogares quedan en pobreza tras cubrir los gastos de la vivienda (alquiler, agua, gas, electricidad e internet), además de los gastos de alimentación, educación, salud, etc. Otra situación social preocupante es la imposibilidad de la juventud de alcanzar su emancipación. En efecto, nuestra juventud no puede emanciparse por dos razones principales: (1) no tener un empleo digno; y (2) aunque tenga un empleo (precario en ocasiones), los alquileres y las condiciones para alquilar (dos o más meses de fianza, avales, etc.) son tan elevados que no pueden asumir ese gasto. En este contexto social, familias en riesgo de exclusión social y juventud sin posibilidad de emanciparse, la regulación de los alquileres supondrá un respiro y una oportunidad para todas estas personas.