Quedan pocos días para la COP26 de Glasgow y los españoles ignoramos los compromisos que nuestro Gobierno va a asumir frente a la crisis climática. Un vacío solo justificable por la postura previa de haber dejado estas decisiones en manos de la muy activa Comisión Europea en cuyo seno quedan, al menos, dos aspectos esenciales por resolver.
El primero tiene que ver con la necesidad de superar una determinada lógica política que se mueve entre el «capitalismo verde», propio de la prepandemia, y la situación actual en la que la UE ha tomado la responsabilidad, a través de los fondos Next Generation (NGUE) de impulsar, con determinadas condiciones impuestas a los estados miembros, la consecución de los objetivos climáticos, tanto los intermedios para 2030, como los finales para la neutralidad climática, en 2050. El Comisario de Presupuestos habla de excepcionalidad en la emisión de los eurobonos NGUE, ocultando piadosamente la magnitud económica del desafío que supone la neutralidad climática y la evidencia de que este objetivo solo será alcanzable desde la UE, como ente geopolítico, y no desde cada uno de los estados miembros. Con los efectos fiscales que correspondan, que serán muy importantes y dolorosos, es fundamental que las decisiones financieras de la UE pasen de ser excepcionales a estructurales como expresión del liderazgo hacia la neutralidad climática que Europa pretende.
El segundo está vinculado con los componentes del mix energético para la neutralidad climática. Defender la transición verde es incompatible con ser agradable a todos los oídos. Conseguir la escala de energía limpia que necesitamos no sólo requiere energía eólica, solar e hidráulica: también un impuesto sobre el carbono en todas las grandes economías industriales, y con la energía nuclear y gas natural como puente. Oponerse a ello es ignorar el mensaje de los científicos que nos dicen lo que hay que hacer ahora mismo: poner en marcha suficientes combustibles que no emitan carbono para gestionar los aspectos destructivos del cambio climático que ya se han vuelto inevitables, de modo que podamos evitar los que serían incontrolables. La estrategia energética de Francia (oficializada por Macron el pasado día 12) supone vincular la producción de hidrógeno con la electricidad nuclear. Es posible que el Gobierno español tenga que replantearse algunas decisiones.
El Gobierno no lo tiene fácil. En esta coyuntura la industria tecnológica vuelve a jugar una especie de tragedia ibseniana: los científicos relataron un problema crucial durante décadas, con casi todo el mundo ignorándolo, pero un número suficiente de personas se interesó, y ahora hay un mercado. Y como resultado, un millón de modelos de negocio, un millón de soluciones, enormes promesas del cambio que se avecina (hacer funcionar todo lo que ahora tenemos en la infraestructura de energía verde; gestionar mercados de carbono; extraer un billón de toneladas de CO2 del aire cada año, hidrógeno para todo, etc... El mercado tiene un montón de ideas grandiosas sobre cómo arreglar un planeta roto, pero no podemos permitirnos otra quiebra envuelta en sucesivas burbujas, como por ejemplo la puntocom. Es muy difícil que todas y cada una de las tecnologías necesarias aparezcan con la eficacia que han demostrado las vacunas COVID. A pesar de la enorme capacidad de la sociedad del conocimiento, las tecnologías por sí solas no nos salvarán, por lo que cuanto antes asumamos la situación, menos duras serán las medidas a tomar, y que al incidir en nuestra vida cotidiana, algunos consideran liberticidas. No es difícil intuir aquellas medidas que los estados deberían promulgar y los ciudadanos acatar, que algunos socarronamente llaman Catálogo de Malas Noticias Cargadas de Futuro, tales como: prohibir los motores de combustión en los centros urbanos, siendo alternativas el transporte público, el vehículo eléctrico y la bicicleta; revisar la política agrícola, ganadera y silvícola; suprimir aquellos vuelos que tengan servicios ferroviarios alternativos o que no estén justificados, incluidos los turísticos; reducir drásticamente el consumo digital en vídeos online, videojuegos, redes sociales); bajar el consumo de carne; etc. Todo ello supondrá la restructuración del papel de España y de la UE en la economía global, y lo más importante: hay que acompañarlo con una reconversión y creación masiva de nuevos puestos de trabajo.
Los responsables políticos saben que no hay alternativa a la de liderar y proteger el derecho a una transición climática en beneficio de futuras generaciones, la primera de las cuales somos nosotros y nuestros hijos. Asentar sólidamente los railes para un futuro mejor, basado en la neutralidad climática, es un vínculo más fuerte que un bono cultural con los jóvenes españoles ya que abre el horizonte a una esperanza creíble a la hora de someterse al veredicto de las urnas, y lo tendrán complicado aquellos que, negando la evidencia de la emergencia climática y las medidas a encarar, socaven la estabilidad política de España
La posición española en Glasgow va a depender de la voluntad política de la coalición PSOE-Podemos que deberá depurar su progresismo en términos climáticos. La expresión «Valentía Política», banalizada por su frecuente uso últimamente, ahora adopta todo su sentido.
