Las políticas de empleo son competencia de los Estados miembros de la UE. Sin embargo, en la aplicación de los Fondos NGUE a través de los planes de recuperación y resiliencia nacionales, la Comisión puede plantear condiciones en esa materia. Por eso es coherente que, en su discurso sobre el Estado de la Unión, del pasado 15 de septiembre, la presidenta Von der Leyen, al defender su política climática recurría a los empleos: «…se trata de empleos decentes, de condiciones de trabajo justas…» y en otra parte «lo digital es la cuestión decisiva…Tenemos que redoblarnos para dar forma a nuestra cuestión digital de acuerdo con nuestras propias reglas y valores…» Tiene toda la razón la presidenta, pero para llevarla a la práctica no se pueden disociar en distintos ámbitos tres dinámicas interconectadas: la transformación digital, con un impacto tremendo y demostrado en la rebaja de la calidad del empleo que genera y sin garantías, hoy por hoy, de creación de empleo neto; la transformación verde y la creación de empleo.

En un ejercicio de futurología de bola de cristal, para el empleo futuro se defiende el postulado de que van a generarse puestos de trabajo de forma masiva, pero nadie se atreve, de manera rigurosa, a evaluar en los sectores afectados por el cambio climático y la revolución digital que son la práctica totalidad de ellos, cual es el horizonte de cambios en los volúmenes de empleo. La política que pretende aminorar los efectos negativos de la Transición Justa, que en la práctica se circunscribe a los sectores minero y energético que ya están experimentando una profunda transformación en su volumen de empleo, como consecuencia del doble impacto climático y digital.

Los compromisos sobre lo que más importa a la inmensa mayoría de la población europea y española, que es disponer de un empleo decente, con condiciones justas, no pueden difuminarse en el laberinto del reparto de competencias entre la UE y los Estados, dejando este objetivo vital al socaire de las dinámicas de la competitividad de los mercados.

Una lectura somera de los hitos y estrategias del Plan de Recuperación y Resiliencia del Reino de España (PRRE) presentado a la UE y aceptado por ésta, no contribuye precisamente a despejar nuestra preocupación por el futuro del empleo. ¿Por qué?

1) No refleja ningún tipo de inquietud sobre la evolución cuantitativa del empleo en los sectores industriales, y sobre todo en nuestro pilar fundamental, el sector turístico en un futuro de movilidad restringida. Para estos solo se incide en las políticas de oferta, es decir, en la preparación de trabajadores y empresas para abordar los retos digital y verde, pero no hay ninguna ventana abierta de análisis sobre las consecuencias en la cantidad disponible de trabajo, que va a tener la colusión sobre este sector de la doble transformación verde y digital. En Alemania respecto del sector del automóvil, -para ellos de gran importancia estratégica- hay un debate abierto sobre los efectos del objetivo de neutralidad climática, no solo en lo referente a la sustitución de la motorización térmica por la eléctrica, sino todo lo que arrastra a las industrias de componentes. Esta discusión tiene un viento de cola para nuestra industria automovilística del que nos podemos aprovechar. Sin embargo, no hay una dinámica similar en España para el futuro de nuestro sector turístico, pilar fundamental de nuestra economía, o al menos, en PRRE aprobado no se detecta.

2) En relación con el empleo en general, el PRRE solo aborda una nueva reforma de las normas de formación profesional, contratación y negociación colectiva, que sin duda son necesarias para corregir anteriores errores, pero que la experiencia de más de 50 reformas laborales en España junto a nuestros persistentes elevados niveles de desempleo, sobre todo juvenil y de larga duración, demuestra que ese sendero no nos llevará a encauzar de manera sólida nuestro principal problema social, el paro.

La responsabilidad de desaprovechar el PRRE, una oportunidad, solo comparable a la que tuvimos en 1986 con nuestra incorporación a la UE y el acceso a los Fondos Estructurales, será compartida por el Gobierno y la Comisión. Sería además lamentable que el caballo de batalla de la Comisión para enjuiciar los resultados del PRRE se centraran exclusivamente en el calado de la reforma laboral, o en las características del nuevo factor de equidad intergeneracional para las pensiones, cuestiones importantes pero que palidecen ante el terremoto que sobre el empleo, la variable fundamental y que condiciona a las anteriores, están provocando la lucha contra el cambio climático. Con todas sus carencias y debilidades -quizás también motivados por saber que la extrema derecha trumpista se nutre de la desesperación de los parados y la pérdida de calidad de los empleos, los Planes de Biden son más coherentes que los europeos a la hora de reconocer que el grado de aceptación social y democrática de la neutralidad climática está conectada con el empleo.