En Polonia, el gobierno del PiS (Derecho y Justicia), de tendencia ultraconservadora, extiende su sombra sobre el poder judicial, quiere dominarlo y someterlo a su control, introduciendo para ello reformas que cuestionan la independencia de los magistrados y los fundamentos del Estado de Derecho.

El PiS controla también el Tribunal Constitucional desde su llegada al poder, el año 2015, nombrando directamente a sus jueces, dado que cuenta con una mayoría parlamentaria suficiente.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea, (TJUE), viene multiplicando los pronunciamientos desfavorables a Polonia, cuestionando esas reformas judiciales que pretende aplicar el partido gobernante. La independencia de la justicia respecto a los poderes ejecutivo y legislativo es central para el respeto del Estado de Derecho.

El 7 de octubre del mes en curso, el Tribunal Constitucional de Polonia, (TCP), a requerimiento del jefe del Gobierno, Mateusz Morawiecki, ha dictado una controvertida y diríase teledirigida sentencia que cuestiona uno de los fundamentos de la Unión Europea: la prioridad del derecho europeo sobre las normas nacionales de los Estados miembros, el TCP sostiene lo contrario. La sentencia determina que la interpretación de los tratados europeos que hace el TJUE es, en determinados puntos, incompatible con la Constitución del país.

Varsovia ha envíado por ello a Bruselas el mensaje de que no respetará sus injerencias. Al mismo tiempo, una abrumadora mayoría de los jueces polacos se muestra hostil a las reformas puestas en marcha y aplica directamente el derecho europeo y las sentencias del Tribunal de la Unión, cuestionando las decisiones del poder ejecutivo de Polonia, lo cual los expone a ser objeto de sanciones disciplinarias.

La trascendencia y resonancia de esta cuestión es excepcional, abre la incógnita de cómo será la reacción de las instituciones de la Unión, que ya han advertido, cual era razonable, que emplearán todos los medios para proteger la prioridad del derecho europeo y el carácter obligatorio de las decisiones del tribunal de Luxemburgo, donde tiene su sede. Ha despertado a su vez la cuestión de si Polonia podría ser el segundo país que saliera de la misma; no se puede ser únicamente europeísta para recibir las ayudas de Bruselas y darle la espalda en lo que no es de su agrado. Ya se ha nacido el término que lo identificaría: Polexit, lo cual parece descartable de momento, dado que las encuestas revelan un 80% de poloneses a favor de la permanencia.

En línea paralela discurre la actitud de la Hungría de Orban y otros países del denominado grupo Visegrad. Aún más sorprendente es la disposición de los aspirantes franceses a la presidencia de la república, desde la derecha a la extrema derecha (Marine Le Pen, Eric Zemmur, Xavier Bertrand, Michel Barnier (dos veces comisario europeo), Valérie Pecrésse, incluso el antiguo ministro socialista Arnaud Montebourg), se manifiestan dispuestos a suspender las garantías del Estado de derecho en nombre de la soberanía nacional y de la lucha contra la inmigración, y denuncian la que denominan “politíca de sumisión” a Bruselas. Algunos de ellos mantienen que es necesario crear un “escudo constitucional” para protegerse de los tribunales europeos. Oponen los sabios juristas que ya el ordenamiento jurídico francés ha integrado todos los principios del derecho europeo en materia deprincipios fundamentales, por tanto, no hay fricción posible entre unas y otras normas. Todas las medidas que estos candidatos proponen en la cuestión que, lamentablemente, se va a convertir en estrella de su reclamo electoral, los inmigrantes, son contrarias a la constitución francesa y al derecho europeo. Si se impusieran por la fuerza, eso sería claramente un golpe de Estado contra la constitución.

Y entretanto, ¿que pasa en España? El día 10 del corriente publicaba este diario un artíclulo que analizaba el nuevo documento programático del partido de extrema derecha pomposamente denominado “Agenda España” que, como afirmaba el autor, rezuma “xenofobia, centralismo, antieuropeísmo y pérdida de derechos adquiridos”. Esquematiza y compendia su contenido en cinco apartados:

- Vuelta al centralismo predemocrático, lo que implica desmontar todo el sistema autonómico vigente.

- Ilegalización de todos los partidos que no apuestan por la unidad nacional y suspensión de la autonomía a las comunidades que atenten contra la unidad de España

-Supresión de derechos como el aborto, la eutanasia, (los matrimonios del mismo sexo), derogación de las leyes de violencia de género.

-Xenofobia contra los inmigrantes.

-Antieuropeísmo. Propone “recuperar la soberanía popular” derogando “todas las leyes que colocan las decisiones de tribunales internacionales por encima de las sentencias del Tribunal Supremo”, “proclamar la primacía del derecho nacional sobre el europeo”.

Esto encierra evidente y crudamente un mensaje claro, legible para todos, concreto y preciso, sin ambigüedad, de lo cual adolece en muchas ocasiones el discurso de los partidos democráticos, que a los ojos de muchos ciudadanos los hace más incomprensibles, más invisibles.

El partido que dice representar la derecha democrática en nuestro país, en el mitin celebrado en la plaza de toros de nuestra ciudad el pasado 3 de octubre, su líder abundó en la línea de siempre, en la ofensa desmedida a las personas, la descalificación generalizada, sin matiz ni generosidad alguna, los mensajes huecos, los juegos de palabras; su “plan para España” se reduce a destruir todo lo que sus predecesores hayan hecho, sin concertación posible; nada de creación de ideas nuevas propias, de propuestas de concordia.

Impera en estos momentos en Europa un ambiente de histeria y radicalización cuyas causas son diversas: el populismo, algunos líderes engreídos, inmaduros, irresponsables y temerarios, las redes sociales, los medios de comunicación, todos que incitan al pueblo al odio, a la confrontación, en lugar de fomentar la racionalidad, la tolerancia, al diálogo sereno, a la templanza.

Las ideas en otros tiempos defendidas por los extremistas son hoy reivindicadas por numerosos líderes de partidos democráticos. Hay una extrema radicalización del debate público, con caras distintas en los diversos países: la emigración, las desigualdades sociales, los nacionalismos, el Brexit, la intolerancia religiosa, la disociación entre crecimiento económico y bienestar social. Es necesario enfriar el debate público, recuperar el lenguaje democrático y corregir los males que alejan a los ciudadanos de las opciones democráticas.

Decía Martín Luther King que aquellos que aspiran a la paz deben aprender a organizarse tan eficazmente como lo hacen los que desean la guerra. Lo mismo cabe aplicar a la democracia, hay que ganar el pulso intelectual contra el populismo y el extremismo.

Si los partidos incuestionablemente democráticos no encarnan una ideología y horizontes claros y comprensibles para todos los ciudadanos, un cierto número de éstos caerán en la tentación de quien les ofrece lo más simple y visceral. Por eso hay que encender todas las luces ante esos cantos de sirena e incitar a todos los ciudadanos a abrir bien los ojos, para ver que tenemos “el elefante en la habitación”.