Ella se despierta todas las mañanas llorando, se dice a sí misma que la vida pesa mucho y que cualquier tarea cotidiana como comprar, cocinar o limpiar se hace cuesta arriba. Sale a trabajar pero siente verdadero pánico de camino, el corazón se le desboca, sus palpitaciones se aceleran tanto que siente angustia y termina vomitando a mitad de camino. Se trata de un trecho de diez minutos andando que se convierte en un infierno, pero, ¿y si coge el coche? No puede, tiene miedo. ¿Y en bici? Tampoco, siente que la atropellarán o se estrellará.
Camina hacia aquello que le hace daño: un trabajo precario en condiciones totalitarias. No tiene un buen jefe, sino un maltratador que ignora los derechos laborales. Porque aunque se siente humillada a diario, teme perder el empleo, y si lo deja ¿cómo pagará el alquiler? Quizás volviendo a casa de mamá, pero ¿cómo ayudará a su madre con una pensión mínima? Porque con 48 años tampoco puede una elegir, aunque nuestra Constitución dice que: «Todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo, a la libre elección de profesión u oficio, a la promoción a través del trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia, sin que en ningún caso pueda hacerse discriminación por razón de sexo».
Pone su mirada en la juventud y entiende que no puede permitirse estar baja de ánimo, pero cuando se acuerda de su maltrecha situación se hunde tanto que la vida le pesa. Algo realmente malo ocurre, y los psicofármacos no lo arreglan, el dolor no cesa. ¿Quizás si subiera la dosis mejoraría? Porque así estaría relajada, sedada, inexistente y se quedaría viendo pasar el tiempo de forma imperturbable, alejada de ese dolor inextinguible. Se diría a sí misma «continúa otro día más, que mañana será otro día», sería como morir viviendo.
Ustedes que leen, ¿entienden ahora la necesidad de blindar por ley la salud mental? El capitalismo fomenta que enfrentemos el mundo solas, el galopante individualismo en detrimento de la colectividad nos arrastra sutilmente hacia la desconfianza en la figura del «otro». Las redes comunitarias están diluyéndose, la precariedad se está atomizando y, poco a poco, nos aislamos sin nadie en quien confiar, ante lo que será nuestro mal en forma de trastorno mental.
La atención psicológica no es un privilegio. La vida no puede estar condicionada por la capacidad económica para costear la atención psicológica, sino que es urgente disponer de un sistema público de atención en salud mental con ratios de personal en la media europea. Porque la salud mental nos afecta de forma colectiva, no podemos dejar a nadie atrás. Invertir en prevención y en curar significa ahorrar. Si nuestra sociedad está sana mentalmente, avanzaremos hacia una sociedad más feliz.
Pero tenemos un problema: la salud mental cuesta 46.000 millones a las arcas públicas, de los cuales, 23.000 millones corresponden sólo a los trastornos emocionales como la depresión, la ansiedad. Sin embargo, en este ejercicio solo se invertirán 100 millones. Algo no cuadra, tras la pandemia debemos dar el peso que le corresponde a la salud mental, porque los fondos europeos pueden servir para cuidar mentalmente a nuestro país y convertirlo en un lugar mejor.
En un contexto donde los trastornos emocionales aumentan exponencialmente, las escuelas deben disponer de educación emocional, porque no se puede crecer sin tener herramientas para enfrentarlos. No se crece si no tratamos los trastornos mentales, porque causan dramas evitables, muertes anunciadas y la tortura de convivir con lo que acontece.
¿Creen que una madre que perdió a su hijo porque se suicidó estará bien? No, necesitará atención psicológica periódica. Pero, ¿si no puede costearla? ¿Qué será de ella? Sin duda, los psicofármacos serán sus acompañantes en el duelo -recordemos que somos el segundo país europeo que más psicofármacos consume- .
No obviemos que la precariedad es un condicionante importante en los trastornos mentales y, por ello, tenemos que ser conscientes de que es necesario continuar garantizando derechos y empleo digno, comenzando por la derogación de la reforma laboral, porque el nivel de renta o la falta de expectativas futuras no debe ser determinante para quienes padecen afecciones mentales.
Es la OMS - y no solo Unides Podem - la que pide implementar un modelo de atención a la salud mental centrado en las personas y en los DDHH, así como la Agenda 2030 nos marca el camino para conseguirlo. Pero para ello hace falta legislar y establecer medidas de financiación adecuadas.
Queremos blindar el derecho a la salud mental, para el presente y futuro del conjunto, pero, sobre todo, para nuestras generaciones más jóvenes. La Proposición de Ley de Salud Mental valenciana piensa en el horizonte futuro de nuestra población, porque cuando creemos en que algo puede mejorar la vida de las personas, vamos a por ello. Esperamos una respuesta de todas las fuerzas políticas y, que los datos se valoren sin frialdad, teniendo en cuenta que hablamos de personas
Porque legislar empatizando y teniendo en cuenta las emociones del colectivo que se intenta cuidar, es un imperativo democrático. No ver números, sino ver personas.
