En nuestro país la expresión público-privado produce un sarpullido como si fuera más oxímoron que una forma aceptable de proceder en política. Nuestro sector eléctrico, salvo en transporte en alta, no tiene participación estatal, y, paradójicamente, las empresas que copan más del 90% del mercado español, están participadas en su accionariado por el Estado italiano, qatarí, chino o noruego, así que nuestra función pública es la de regulación, que, a su vez, en gran medida depende de la UE.

La situación actual, que nos diferencia de Francia o Italia, es fruto de la política energética, o ausencia de ella, de distintos gobiernos en el pasado, del PSOE o PP. Hacer responsable del escandaloso precio de la luz al Gobierno actual es un despropósito, viniendo desde las filas del PP. También es una simplificación del problema reducirlo a la voracidad de las eléctricas y al sistema tarifario, ya que, si no tuviéramos tan abrumadora dependencia energética exterior, en particular del gas, las cosas irían un poco mejor.

Es difícil superar la tentación de sentirse virólogo hablando del COVID, o experto consumado en geopolítica energética, pero desde la modestia pensamos que lo que está ocurriendo con la escalada de precios del gas muestra que nuestra dependencia de un suministrador externo, ya sea Rusia o Argelia, nos aboca a contradicciones como la de Alemania que, en una reacción exagerada al accidente nuclear de Fukushima, decidió en 2011 eliminar gradualmente toda su energía nuclear para 2022, cuando en el año 2000 generaban el 29,5% del mix de generación de energía de Alemania, reemplazándolo por energía eólica, solar, hidráulica y gas natural, y como no es suficiente en esta coyuntura, echando mano de la producción eléctrica con carbón.

Aquella decisión parece podría reconsiderarla Scholz en caso de su ascenso a la Cancillería, si hay acuerdo con los Verdes, pero, a día de hoy, la peligrosa procrastinación de la Comisión, que se presenta en la Cumbre de Glasgow sin haber acordado si incluye a la nuclear (también el gas) en la taxonomía verde, está más complicada aún por la existencia de dos bloques uno antinuclear encabezado por Alemania (salvo cambio de los Verdes y el nuevo Gobierno) junto con Austria, Dinamarca, Luxemburgo y España, y el favorable liderado por Francia, con el apoyo de Hungría, República Checa y Finlandia, desde hace unos días.

España, el pasado mes de abril aprobó la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, con el objetivo de que las renovables alcancen el 74%, un cálculo para el que no se incluyó la energía nuclear, y el Plan de Recuperación y Resiliencia aprobado en junio por Bruselas es coherente con ello. Una reflexión obligada es preguntarse si, en el caso de que la UE acabará por incluir la energía nuclear en la taxonomía verde, no sería aconsejable revisar el mix propuesto y estudiar ampliar su diversificación con lo nuclear, para intentar evitar situaciones como la que estamos viviendo, por la escalada del precio del gas.

El escenario de 2050 tiene que ser radicalmente opuesto al actual, por la drástica reducción de los combustibles fósiles y por los que se configuran como posibles sustitutos (renovables y/o nuclear) como fuentes de energía primaria (con presencia minoritaria de fósiles, como carbón, gas y la práctica supresión del petróleo para transporte). La gran esperanza que presentan los expertos es el hidrógeno, ya que se puede almacenar, que llamamos «verde», si se utiliza a partir de fuentes como la fotovoltaica (el sol como gran recurso español) o «rojo» si se utiliza energía nuclear, como defiende Francia, o ambos. Sea cual sea el mix resultante final, parece claro que la situación de ahora mismo exige por un lado una clarificación en la UE, y el concurso de las compañías eléctricas, que van a ser las grandes protagonistas en las inversiones.

Algunas estimaciones solventes apuntan a que habrá más que duplicar las inversiones en suministro de energía e infraestructura actuales durante las tres próximas décadas. Parece incontestable la necesidad de fraguar un sólido marco de colaboración estable, a través de la implicación del arco parlamentario, entre las instituciones públicas y las empresas eléctricas, para acordar los componentes del mix energético y así poder orientar el formidable montante de inversiones pendientes con seguridad jurídica, y teniendo elementos de análisis suficiente para aplicarlas en los porcentajes adecuados. Cualquier retraso en el despliegue de estas energías socavará el doble objetivo de reducir emisiones y de colaborar para que Europa tenga electricidad abundante para su industria e hidrógeno «verde» o «rojo» para su movilidad.

Con los debates de lo nuclear y de lo público-privado en el aire, las inversiones están paradas, con las empresas eléctricas privadas que desafortunadamente no podemos calificar de españolas viéndolas venir. Olvidemos tentaciones adolescentes propias de las puertas giratorias cuando buena parte de nuestro futuro energético pasa por tener madurez y rigor basado en el realismo y legitimidad que los gobiernos tienen en las democracias. Cualquier retraso en el despliegue de estas energías socavará el doble objetivo de reducir emisiones y de colaborar para que Europa tenga electricidad abundante e hidrógeno verde.