Más de la mitad de la población española considera que pertenece a la clase media-media. Es exactamente el 52,3 % de los encuestados, siendo la amplia mayoría entre las diferentes clases sociales que se aportaban en la encuesta para elegir. Por su parte solo del 8,5 % de la población se introduce entre la clase trabajadora obrera. Si se tiene en cuenta que, según la Agencia Tributaria, la clase media se situaría con unos ingresos de entre 24.800 y 34.800 euros, solo un ejercicio de disonancia cognitiva podría justificar dicha consideración de la población. Los españoles se consideran de una clase social que, ni por ingresos ni por privilegios, conforman.

De nuevo según la Agencia Tributaria, las clases bajas se situarían entre 0 y 14.900 euros de ingresos, mientras la clase media-baja estaría entre esos 14.900 y los 24.800 euros. No es este solamente un ejercicio de autoengaño para buscar la felicidad sino también un mecanismo del capitalismo para bloquear la respuesta social contra un sistema que esquilma los derechos de la población a base de grandes desigualdades económicas. El filósofo surcoreano Byung-Chul Han afirma: “Quien fracasa en la sociedad neoliberal del rendimiento se hace a sí mismo responsable y se avergüenza, en lugar de poner en duda a la sociedad o al sistema. En esto consiste la especial inteligencia del régimen neoliberal. No deja que surja resistencia alguna contra el sistema. En el régimen de la explotación ajena, por el contrario, es posible que los explotados se solidaricen y juntos se alcen contra el explotador (…) En el régimen neoliberal de la autoexplotación uno dirige la agresión hacia sí mismo. Esta autoagresividad no convierte al explotado en revolucionario sino en depresivo”. En el año 2020 había alrededor de 12,5 millones de personas en España en riesgo de pobreza o exclusión social, lo que equivaldría a más del 26 % de la población total. Además el 70 % de los sueldos españoles no llega a 30.000 euros anuales.

Según publicó Òscar Camps (de Open Arms) los españoles tienen en paraísos fiscales 144.000 millones de euros y el fraude fiscal en España se calcula en unos 40.000 millones de euros anuales, con un coste de la corrupción superior a los 124.000 millones de euros. Algunos españoles, embelesados por un sistema que les permite tener televisión de pago, siguen defendiendo a esas grandes riquezas que muestran su patriotismo exiliando sus patrimonios, mientras señalan a las clases subalternas y a las personas migrantes como productores de todos los males que les impiden contar con media hora al día para poder salir a correr. España es hoy un país plenamente neoliberal en el que la población vive agotada y sin fuerzas y sin dinero para llegar a fin de mes, mientras la publicidad (esa herramienta de creación simbólica de la realidad) promete enseñar a ser más productivas a las mujeres durante su ciclo menstrual. Solo la productividad importa en unos españoles y españolas sin capacidad crítica para coordinarse con sus semejantes y criticar y perseguir a aquellos que les expolian.

Hace unos días se hizo público que una única persona posee más de 300 pisos en València ciudad y otra, entre 100 y 299. Treinta y dos empresas acumulan más de 5.000 casas en la capital valenciana y el gobierno municipal les quiere imponer un recargo del 30 % en el IBI. Rápidamente se creó un debate y los grandes propietarios contaron con la defensa de algunos enervados ciudadanos que pensaban, engañados por determinado partido político, que se pondría en peligro su primera o segunda vivienda. Y no. De nuevo alienación obrera. Aquellos que cobran cuatro duros y se sienten clase media-media aspiran a ser como estos multipropietarios pero lo único que consiguen es hacer el ridículo.