El Tribunal Constitucional de Polonia se ha rebelado contra la Unión Europea. En una sentencia dictada a principios de este octubre, sostiene que numerosos artículos de los Tratados de la Unión Europea son contrarios a la Constitución polaca y que ésta prevalece sobre los tratados europeos, negando la primacía del Derecho de la Unión sobre el Derecho interno de sus Estados miembros, así como el acatamiento por los poderes públicos polacos, tribunales incluidos, de las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). No se trata de la posición aislada del mencionado tribunal, sino que el presidente del Gobierno polaco, Mateusz Morawiecki, sostuvo dicha posición rebelde en su intervención durante la sesión del Parlamento Europeo del pasado 19 de octubre, en presencia de la presidenta de la Comisión Europea.

Si es cierto que se produce la aludida incompatibilidad entre la Constitución polaca y el Tratado de la Unión Europea, solo caben dos soluciones. La primera, la modificación de la Constitución polaca para adaptarla al Tratado de la Unión. Esto, por ejemplo, es lo que hizo España modificando el artículo 13 de la Constitución española permitiendo que los ciudadanos europeos de otros Estados de la Unión pudieran elegir y ser elegidos en las elecciones locales. La segunda solución es que Polonia solicite salir de la Unión Europea. No caben soluciones intermedias. No cabe seguir en la Unión Europea, como ha manifestado el presidente del Gobierno polaco, en carta dirigida a sus colegas del Consejo Europeo y en la mencionada sesión del Parlamento Europeo, incumpliendo el Gobierno, las administraciones públicas y los tribunales el Derecho de la Unión Europea.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, advritió que utilizaría contra Polonia todos los instrumentos jurídicos que le proporcionan los Tratados, lo que le reiteró al presidente del Gobierno polaco en el Parlamento Europeo. Entre los mencionados instrumentos, la Comisión puede iniciar un procedimiento por incumplimiento del Derecho de la Unión ante el TJUE: retener fondos y ayudas; así como utilizar el artículo 7 del Tratado de la Unión Europea, que podría suponer la exclusión de Polonia de las instituciones de la Unión, convirtiendo a Polonia en una especie de estado-paria en la Unión, que irremisiblemente le conduciría a dar los pasos que dio Gran Bretaña, porque como es sabido el Tratado de la Unión permite que un Estado salga de la Unión, pero no se le puede expulsar de la Unión.

Estaríamos perdidos si la Comisión, guardiana de los Tratados, permitiera que un Estado miembro pudiera decidir el Derecho de la Unión que se aplica y el que no en su territorio. O si producida la colisión del Derecho interno y el Derecho de la Unión, se aplica o no el principio de primacía del Derecho de la Unión Europea; o si se cumplen o no las sentencias del TJUE. Por este camino, la Unión Europea se descompondría en pocos meses.

Todos los temas que plantea la sentencia polaca fueron resueltos por el TJUE en el fallo del caso Costa/ENEL de 1964, hace más de 50 años, y son considerados pacíficos, salvo algunas excepciones, por los Estados miembros. En esa sentencia del TJUE y otras posteriores quedó establecido que la incorporación a la Unión Europea suponía cesiones considerables de soberanía de los Estados miembros a la Unión, lo que parece negar el tribunal polaco, así como la primacía del Derecho de la Unión Europea sobre el Derecho interno de los Estados miembros, que resulta necesaria para la aplicación uniforme del Derecho de la Unión en los Estados miembros, pues en otro caso no sería posible ni el mercado único, ni las libertades económicas, ni se hubiera podido construir una unión económica y monetaria, ni sería posible ejercer los derechos que conlleva la ciudadanía europea.

Pero dicho lo anterior, no debemos obviar que el nacionalismo jurídico que luce en el comportamiento del Tribunal Constitucional polaco, impulsado de manera explícita por el Gobierno de Varsovia, está penetrando peligrosamente en otros tribunales de Estados miembros. El Tribunal Constitucional de Alemania, en una sentencia de 5 de mayo de 2020, se declaró en rebeldía no acatando sentencias anteriores del TJUE. Sin embargo, la Comisión Europea no utilizó los instrumentos jurídicos que ahora dice va a utilizar contra Polonia. Bien es cierto que el Gobierno de Angela Merkel no se puso al lado de su Tribunal Constitucional, pero tampoco utilizó ningún instrumento interno para reducir la rebeldía del tribunal. Y ambos comportamientos de la Comisión Europea y del Gobierno de Merkel son claramente reprochables. Todos los Estados miembros deben ser tratados por igual y esa igualdad ha estado ausente.

Y tampoco debemos olvidar que el nacionalismo jurídico ha penetrado en nuestros tribunales, particularmente en el Tribunal Constitucional y en el Tribunal Supremo que utilizan, en vez del rechazo frontal, la inaplicación del Derecho de la Unión Europea o de los Tratados internacionales en materia de derechos fundamentales. Este nacionalismo jurídico que se extiende por Europa es determinante de que tanto el TJUE como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos estén saturados y a la postre imposibilitados para cumplir con la misión que se les ha encomendado.

El nacionalismo jurídico es un tipo de nacionalismo que nos afecta negativamente a todos. No es un asunto de juristas, crea inseguridad jurídica no solo a los empresarios y trabajadores, sino al conjunto de los ciudadanos en el ejercicio de sus derechos. Afortunadamente, los partidos políticos principales, en especial el PSOE y el PP, son declarados europeístas, pero no se puede decir lo mismo de los partidos políticos de extrema izquierda y extrema derecha que siempre que pueden ponen en cuestión la Unión Europea, que ha sido y sigue siendo el mejor invento político en la historia del continente.