En lo que llevamos de legislatura, las Cortes españolas han aprobado 38 leyes y Vox ha presentado ante el Tribunal Constitucional más de 30 recursos entre inconstitucionalidad y de amparo. Si bien no todos dirigidos a la acción del Parlamento estatal, hay presentados recursos contra el Parlamento vasco, asturiano o balear el grueso de su batalla contenciosa se centra en la actividad de la mayoría parlamentaria que sustenta al Gobierno. La ultraderecha ha descubierto no una nueva forma de control y supervisión de la acción de gobierno, función imprescindible de la oposición sino el bloqueo de la acción política del gobierno.

Tres diputados son la diferencia entre esta reconversión de la democracia representativa al martillo de herejes de la insumisión constitucional. Al final del primer año de legislatura la diputada Macarena Olona ya mostraba su sorpresa ante el campo de acción que se les había abierto con sus 52 diputados y frente a tener que litigar en tribunales ordinarios, superiores de Justicia o el Tribunal Supremo, iban a concentrar sus esfuerzos y visibilidad en los recursos de inconstitucionalidad. Y dicho y hecho, no hay ley de calado que no confronten ante el Constitucional agarrándose a cualquier argumento procedimental o de contenido.

Plantar batalla ante las denominadas por la formación como leyes ideológicas, la ley de educación, la ley riders o la de regulación de la eutanasia. Están «luchando a golpe de recurso» según sus palabras contra el separatismo, recurso de amparo tras el juramento en el Congreso de los diputados separatistas, o recurso de amparo para obtener el senador que le correspondería a Vox designado por el Parlamento catalán y que según ellos debía llevar el nombre de Ignacio Garriga.

El Tribunal Constitucional ha desestimado doce, quedan 15 pendientes y ha ganado cuatro, dos de ellos la enmienda a la totalidad del primer y segundo estado de alarma, una auténtica moción de censura jurídica al Gobierno según editorial de un diario conservador de ayer. Y ahí está la clave, donde no llegan los números para derribar al gobierno por el procedimiento constitucional señalado, donde no llegan los pactos, llega el uso de la herramienta de bloqueo a posteriori. Es difícil gobernar si todo lo que decides, con la primera dificultad de encontrar las mayorías necesarias para hacerlo, va a estar a expensas del Tribunal Constitucional, que ahora sí el Partido Popular ha aceptado a renovar. Ellos también han entendido que la partida se ha desplazado del hemiciclo al edificio circular. Da lo mismo que se hayan desestimado doce y caigan alguno más de los pendientes, el ruido y la deslegitimación ya está hecha.