Mientras las grúas y la maquinaria pesada de construcción dan forma a barrios de nueva planta, como Turianova, o a las ampliaciones de núcleos urbanos de Quatre Carreres, Malilla, Patraix o Benicalap, frutos del actual ciclo expansivo de la edificación privada, al Sur del nuevo cauce se yerguen tristes los esqueletos de los rascacielos de Sociópolis, en la pedanía de La Torre, gravosa herencia de aquel experimento fallido que fue el sueño del matrimonio Rafael Blasco-Consuelo Císcar cuando formaban tándem en la Generalitat de la era popular.
El sector inmobiliario privado está logrando colocar grandes cantidades de viviendas de todo tipo y tamaño en las manos de los ahorradores en esta etapa final de la pandemia en la que hay mucha liquidez en el mercado porque los bancos no dan nada por el dinero. Pero las Administraciones, todas, se muestran absolutamente incapaces de acercarse siquiera al artículo de la Constitución que recoge el derecho a una vivienda digna y que naturalmente está en la Carta Magna pensando en las personas con menores recursos económicos y en los jóvenes que están en edad –avanzada- de emanciparse.
Pese a las frecuentes promesas y los anuncios grandilocuentes, la vivienda de promoción pública se mantiene a la cabeza de esas prioridades que nunca llegan a materializarse, con dramáticas consecuencias en lo económico, lo social y hasta lo ambiental.
En el ámbito estatal, la anunciada nueva Ley de la Vivienda, pactada entre los socialistas y Unidas Podemos, pone el énfasis en la penalización fiscal a los pisos vacíos para intentar sacarlos al mercado, y en limitar los precios del alquiler en «zonas tensionadas» aún por determinar, además de crear un bono de 250 euros mensuales para que jóvenes de 18 a 35 años con menos de 23.725 euros de renta anual puedan emanciparse. Cabe esperar que esos bonos sean más fáciles de obtener que las ayudas Covid para los autónomos, tan engorrosas en su tramitación que muchas se han quedado sin asignar.
En la escala autonómica, la política de vivienda pública lleva años en el furgón de cola de la gestión de la Generalitat. Incluso en los dos últimos ejercicios, con las competencias asignadas a equipos de Unides Podem, formación que nació de las plataformas antidesahucios y que presume de priorizar las soluciones a emergencias habitacionales, el grado de ejecución presupuestaria en esa materia ha sido de los más bajos de toda la Administración, en torno al 25 % del gasto consignado.
Tras seis años largos en el Govern, el Botànic acaba de crear un registro para casar la oferta con la demanda de vivienda social, ya sea pública o privada, a ver si se rebaja la extensa lista de espera. Tras dos décadas de urbanismo especulativo fruto de las leyes liberalizadoras de José María Aznar las coaliciones de izquierdas que gobiernan la Generalitat, dos diputaciones y numerosos ayuntamientos importantes corren el riesgo de pasar a la historia por su incapacidad o por una inactividad indolente para afrontar el problema del acceso a la vivienda de determinados grupos de población, especialmente los jóvenes y las personas con rentas más bajas. En agosto pasado, fecha del último test de ejecución del presupuesto, el área de Vivienda llevaba consumido el 20,9 % del gasto asignado a todo el año. Mucho por hacer.
En lo que respecta a los municipios, la diversidad de tamaños y las diferencias entre costa e interior, polo industrial o zona agrícola y ganadera, provoca muy diferentes situaciones, pero resulta evidente que en zonas afectadas por despoblación o en riesgo de ella, la falta de oportunidades de empleo hace que los jóvenes emigren aunque el acceso a la vivienda resulte más fácil. En las ciudades medias, la oferta habitacional no es en este momento suficiente para intentar retener a la población joven cualificada, y los ayuntamientos no tienen recursos para hacer frente a este reto.
Y por último están las capitales, donde los precios de la vivienda, tanto los del alquiler como los de compra, son los más altos de la pirámide. El Ayuntamiento de València tiene en estos momentos, según datos oficiales, 3.070 unidades familiares en lista de espera para conseguir un piso de alquiler social entre las inscritas en la Concejalía de Vivienda y las demandantes ante la empresa municipal de gestión urbanística Aumsa.
En cuanto a construcción de vivienda de protección pública, en estos momentos hay en València 25 expedientes en tramitación, que significan la realización de 605 pisos. La portavoz municipal del PP, María José Catalá, y el líder de Ciudadanos, Fernando Giner, han expresado duras críticas contra el gobierno local de Joan Ribó por su política en materia de vivienda, tanto en lo que respecta a la promoción directa de inmuebles como a los retrasos en la concesión de licencias a la iniciativa privada. El gobierno del Rialto, por medio de la vicealcaldesa Sandra Gómez, ha negado que haya demoras administrativas y ha respondido que si bien es cierto que hay 3.000 familias en lista de espera en estos momentos, durante el ejercicio de la popular Rita Barberá los solicitantes sin atender alcanzaban los 10.000.
La polémica pone de manifiesto que el problema de la prioridad en la vivienda social es estructural y no depende de quién gobierne, porque permanece sin resolver de forma eficaz con el paso de las décadas. Las ciudades siguen creciendo al ritmo de los ciclos económicos privados, que prefieren consumir suelos nuevos en la periferia antes que rellenar los huecos degradados de los barrios de Velluters o El Carmen. Mientras, las administraciones miran desde el balcón y sus responsables hablan de prioridad absoluta y elaboran presupuestos que al final no cumplen. En las cuentas de la Generalitat para 2022, la conselleria que se encarga de Vivienda y que está encomendada al vicepresidente Héctor Illueca (Unides Podem), es la que más crece en presupuesto, 357.594.590 euros, un 72,5 % más que lo previsto para este año 2021. Dentro de pocos días, cuando se haga público el grado de ejecución presupuestaria del presente ejercicio se podrá ver el grado de credibilidad que tiene el equipo responsable de la gestión de semejante dineral. Los precedentes no han dado para alegrarse. A ver si alguna vez cambia el viento. Y a ver si alguien se atreve a acabar los esqueletos de Sociópolis o dar solución a los agujeros de Ciutat Vella. La demanda es grande, pero no hay oferta.
