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Julio Monreal

Hasta la última traviesa

La ministra de Transportes, Sostenibilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez Jiménez. EFE

El movimiento Quiero Corredor acaba de cumplir cinco años pero no está para celebraciones. Las obras de la doble plataforma ferroviaria para viajeros y mercancías que un día de este siglo unirá el puerto y la ciudad de Algeciras con la frontera francesa avanzan pero lo hacen a paso de tortuga, y es absolutamente imposible que se cumplan las palabras (no sonaron a compromiso) de la nueva ministra de Transportes, Raquel Sánchez, pronunciadas esta semana en Madrid ante 1.300 empresarios y representantes sociales de las diferentes comunidades implicadas, que auguran que en 2025/2026 estarán conectadas por esta infraestructura las ciudades de Almería y Portbou. Más al Sur, según el chequeo semestral que impulsa la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE), todo se presenta como un agujero negro lleno de interrogantes.

Lejos de caer en la desesperanza, el colectivo empresarial que impulsa la plataforma reivindicativa del tren litoral ha dado esta semana un paso adelante y ha puesto de manifiesto que a medida que pasa el tiempo, el movimiento que lideran Vicente Boluda, Juan Roig y otros gana peso en calidad y cantidad. Las citas semestrales y anuales que recorren la geografía que interesa para reclamar que las obras se aceleren reúnen cada vez a más cualificados representantes de la empresa, la sociedad civil y la ciudadanía organizada. Los encuentros ya no son, como eran al principio, un par de trenes llenos de representantes valencianos para hacer oir su voz en el desierto en Madrid o Barcelona.

Ahora, en la primera fila de sus actos se sientan, como este miércoles en Madrid, los presidentes de BP España, Porcelanosa, Mercadona, Cajamar, CaixaBank, Vithas, García Carrión, Intur, Idilia Foods, Chocolates Valor, Torrecid, Cosentino, Grupo Godó, Prensa Ibérica, Pamesa, Casa Tarradellas, Balearia, y muchos más; o los CEO de Iberdrola, Vectalia, Grefusa y Libertas 7. Presidentes y consellers autonómicos, de las Cámaras de Comercio, las patronales autonómicas, sindicatos y, en suma, representantes de las 17 comunidades autónomas completan este mosaico en el que cobra especial relevancia el apoyo continuado de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), con su presidente Antonio Garamendi, que no falta a los encuentros.

Porque resulta que Quiero Corredor no es una cosa caprichosa de cuatro empresarios que están defendiendo sus intereses: es el proyecto de movilidad sostenible más importante que hay en marcha (lenta) en este momento en España, dada la importancia de descarbonizar el transporte eliminando camiones de las carreteras y subiendo a trenes eléctricos las mercancías con destino a sus mercados finales. Va de cerámica y de naranjas, las que mencionó Federico Félix en su intervención, especialmente aplaudida por el auditorio. Está llamado a ser el cordón que una los nudos urbanos, industriales, agrícolas y portuarios en los que se cuece más del 40 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB) de España y reside la mitad de la población… Pero lleva un retraso de 25 años.

Mientras en la ciudad de Madrid las administraciones soterraron miles de millones en kilómetros y kilómetros de túnel de la M-30 preparando unos Juegos Olímpicos que no se consiguieron, la presidenta de esa comunidad crisol de las Españas se permite el lujo de cuestionar los fondos europeos asignados a la Comunitat Valenciana. Pero el drama de la invisibilidad que hasta hace poco ha tenido el corredor mediterráneo como proyecto vital global no se limita a la incomprensión de Díaz Ayuso ni a los cospedales que metieron en la agenda de inversiones de Fomento el llamado corredor central que pasa por donde siempre, por el trazado radial de toda la vida. Alcanza al supuestamente sensible hacia la causa Palacio de la Moncloa. Según desveló el economista Fernando Trías de Bes sobre el escenario del auditorio de Ifema este miércoles, en el documento «Estrategia España 2050» presentado hace unos meses por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el corredor ferroviario mediterráneo no figura entre los proyectos de largo alcance que necesita el país, y solo aparece mencionado en la nota 337 a pie de página, dentro del apartado «Desafío 4: Convertirnos en una sociedad neutra en carbono», en pie de igualdad con el denominado corredor atlántico. 678 folios de futuro y ni una línea de relevancia.

No es de extrañar que los guionistas de la cita de Ifema ensayaran con la presentadora una entrevista incisiva con la ministra ex alcaldesa de Gavà. Maribel Vilaplana rodeó a Raquel Sánchez, repreguntó, interrumpió e instó a la responsable de Transportes a concretar plazos, regalándole finalmente un casco de obra, para sorpresa de la interpelada, como recuerdo de que debe poner las pilas a los responsables del corredor para que no haya más retrasos, porque 25 años de demora ya son suficientes. El corredor mediterráneo no estará listo en 2026 ni desde Almería ni desde València, donde falta por proyectar un complicado túnel urbano y una no menos difícil salida hacia el Norte en medio de la huerta. El comisionado del Gobierno para el proyecto, el catedrático valenciano Josep Vicent Boira, sitúa su finalización en el entorno de 2030 aunque seguro que se deja la piel para que se acabe antes. Pese a que los romanos ya vieron el interés de su trazado cuando construyeron la Vía Augusta y hasta el ciego franquismo intuyó que valía la pena evolucionar la antigua calzada romana hacia una moderna autopista -de peaje- la necesaria transición hacia el ferrocarril solo fue reconocida, y a regañadientes de algunos, en 2011. Por fortuna, Boluda y muchos miles de militantes de #QuieroCorredor seguirán -seguiremos- en la brecha hasta que se ponga la última traviesa, hasta que pase el primer tren y se haga realidad no un sueño sino una necesidad incuestionable que debió haber sido atendida hace lustros.

València, ciudad con ley

Desde que varios colectivos del barrio de la Malvarrosa decidieron hace unas semanas conmemorar el 30 aniversario de sus movilizaciones contra la droga y la delincuencia y a favor de mejoras urbanísticas y sociales para la zona, en ese punto de la ciudad de València y en otros como Orriols ha prendido la chispa de una cadena de protestas que, siendo todas ellas legítimas, presenta al cap i casal como una especie de ciudad sin ley en la que no se puede transitar por las calles en cuanto el sol se esconde. Hay problemas, es cierto, pero están identificados y localizados. Son casi los de siempre, y desde luego no alcanzan más que a una minúscula parte de la ciudad. Personas de todas las edades transitan tranquilamente por las calles aunque nadie, en ninguna parte, está a salvo de un incidente desagradable.

Es normal que las protestas estén siendo aprovechadas por quienes quieren zumbar a dos manos al gobierno municipal, ya sean los partidos de la oposición o sus voceros. Lo que no es tan normal es que personas vinculadas a la formación del alcalde Joan Ribó (Compromis) estén jaleando -e incluso promoviendo- las marchas, tratando de señalar a sus socios socialistas porque tienen asignada la Concejalía de Protección Ciudadana. Parece como si algunos soberanistas no supieran que es Ribó quien aparece en las pancartas, que nadie sabe quién es Aarón Cano, y que el desgaste del socio debilita al conjunto frente al centro-derecha, además de dañar la imagen de toda la ciudad y de sus habitantes.

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