En la polémica renovación de una parte del Tribunal Constitucional, cuatro nombramientos cuya aprobación llevaba pendiente desde hace un año y medio por el bloqueo continuo del Partido Popular, han entrado en juego lo posible y lo deseable.
El debate sobre el perfil poco idóneo de los candidatos, en especial el de Enrique Arnaldo, se ha ido calentando con los días, con el rechazo explícito de alguno de las portavoces del PSOE y de Unidas Podemos que ha sonado quizás a una declaración de pureza ética dejando en evidencia al resto de sus compañeros de escaño y partido, priorizando su incomodidad personal, del que no creo que tengan la exclusiva, al proyecto colectivo que pertenecen.
La estrategia paralizante del Partido Popular -el CGPJ lleva casi caducado tres años y en funciones- ha empezado a remitir con el nombramiento del Defensor del Pueblo y los miembros del Tribunal de Cuentas sin mayores problemas porque ahí no se repartían las cartas del poder real. Y si el PP ha accedido al pacto para renovar el Constitucional ha sido para recuperar la cohesión del bloque conservador, agrietado en algunas votaciones, con candidatos muy cercanos a Pablo Casado cuando más interesa ante las continuas invectivas de Vox, que quiere hacer del tribunal una tercera cámara de revisión política. Y ante el futuro cercano de la siguiente renovación en junio próximo de otros cuatro magistrados, que llevarían a la institución a reflejar la mayoría progresista de las Cortes Generales. Objetivo final de la coalición PSOE-Podemos que, además de querer volver a un funcionamiento normalizado de las instituciones, sabe que esta normalidad los llevará a tener la mayoría progresista que tras la victoria electoral y la nueva composición del Parlamento le es propia.
La idoneidad o no de los candidatos, a no ser que estemos ante un supuesto claro de incompatibilidad es tan subjetiva, dentro de lo establecido en el artículo 18 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, como la de los votantes de la renovación, que vuelvo a recordar son los elegidos por el pueblo español. Los cuatro ya han sido miembros en su momento del CGPJ, conocen bien la politización de estos procesos de la que tanto abomina Casado mientras presenta a los suyos con una mano y con la otra pide que se modifique el sistema de elección del Consejo General del Poder Judicial y sean los jueces los que los elijan directamente. Pero, ¿qué jueces?, ¿de qué agrupaciones profesionales?, ¿con qué legitimidad, la profesional por encima de la democrática? La posibilidad de recusación de cualquiera de los magistrados en cada caso por falta de imparcialidad sigue en vigor, no lo olvidemos.
