El desempleo, el crecimiento económico, la sanidad y la educación son los cuatros problemas que los valencianos identifican como más importantes actualmente en nuestra Comunitat. Sin embargo, apenas el 1,1% de la población percibe la infrafinanciación autonómica como un aspecto relevante. ¿En realidad este tema no importa? ¿O es que no somos capaces de transmitir a la sociedad las consecuencias de no solucionarlo con urgencia?

Es necesario dar a conocer la importancia del sistema de financiación autonómica (SFA) de forma clara: 9 de cada 10 euros de las cuentas de la Generalitat Valenciana tienen su origen en el SFA. Gracias a estos recursos la Generalitat puede garantizar los servicios públicos que son de su competencia: servicios sanitarios para atender a la población enferma, profesorado para educar a niños y jóvenes, cuidadores para personas dependientes e incluso profesionales especializados para atender problemas más complejos (enfermedades mentales, pobreza infantil, familias desestructuradas…).

También hay que transmitir la magnitud del problema de la infrafinanciación. La Comunitat Valenciana recibe por habitante un 8% menos de recursos que la media de comunidades de régimen común -de las forales mejor ni hablamos-. Esto se traduce en que cada año la Comunitat deja de ingresar más de 1.000 millones de euros que le corresponden. Con esos recursos se pueden, nada menos, que contratar a 9.000 profesores y 11.000 especialistas médicos, dar 10.000 ayudas para servicios residenciales y más de 6.000 ayudas para disponer de asistentes sociales en el domicilio.

Entonces, ¿por qué los ciudadanos no perciben la falta de esos muchos millones de euros en las cuentas públicas autonómicas? La respuesta es que el problema de la infrafinanciación no se refleja tanto en los menores servicios públicos que reciben los ciudadanos como en el mayor déficit y endeudamiento acumulados. La prioridad al impulso y desarrollo de las políticas sociales vinculadas al Estado del bienestar ha exigido recurrir a aumentar su deuda.

Pero no contar con los recursos que deberían llegar del SFA y recurrir al déficit implica riesgos, como se comprobó en la época de recortes en los servicios públicos esenciales. Cuando el endeudamiento era caro y difícil, entre 2009 y 2013, el gasto público valenciano hubo de ajustarse: en educación se redujo un 19% y el sanitario un 17%. Estos recortes eran el reflejo directo de la falta de recursos económicos, dando como resultado un importante deterioro de los servicios públicos que recibían los valencianos. Entonces sí que los ciudadanos percibían claramente el problema de la infrafinanciación.

La actual apuesta de mantener y reforzar el Estado del bienestar autonómico no es gratis. La Generalitat Valenciana incurre año tras año en déficit -gasta más de lo que ingresa-, y una parte de este déficit es consecuencia del mal funcionamiento del SFA. El actual modelo de financiación está caducado desde 2014, y hay que tener muy presente que el problema de la infrafinanciación valenciana se remonta al momento en que se inició la descentralización de competencias. Llevamos más de 35 años infrafinanciados.

Esta situación de déficits recurrentes ha situado la deuda valenciana por encima de los 51.000 millones de euros. Recientemente la ministra Montero ha anunciado públicamente que la «insuficiente financiación ha generado al menos una parte muy importante de la deuda de la Comunidad Valenciana y cuando abordemos el modelo de financiación tenemos que abordar la deuda acumulada y ver qué ocurre con ella». Distintos estudios cuantifican que el porcentaje de la deuda valenciana que debe ser condonada por tener su origen en la infrafinanciación se sitúa entre el 50% y el 60% del total. Tras un largo proceso de toma de conciencia de la sociedad valenciana, parece que nadie pone en duda que esta parte de la deuda no es responsabilidad de la Comunitat, y debe evitarse que pese como una losa insostenible en un futuro no muy lejano.

Mantener esta situación durante más tiempo es inadmisible. No tiene sentido que la Comunitat Valenciana siga recurriendo al déficit para poder ofrecer a los valencianos los mismos servicios públicos fundamentales que disfrutan el resto españoles. Además, esta falta de financiación limita que la Generalitat pueda desarrollar políticas más ambiciosas para fomentar la competitividad regional (digitalización, I+D+i, infraestructuras…) y así, mejorar el mercado de trabajo y buscar la convergencia económica con las regiones españolas más punteras.

Este sábado los valencianos y valencianas tenemos la oportunidad de salir a la calle y expresar nuestro malestar. No debemos caer en la resignación. No se trata de una disputa entre grupos políticos. Nos afecta directamente como ciudadanos y debemos exigir cambios inmediatos. Nos estamos jugando el futuro de nuestros servicios públicos, de nuestro Estado del bienestar y de nuestro nivel de renta.