Algunos físicos teóricos sostienen la posibilidad de viajar hacia el pasado, pero nadie lo ha conseguido hasta la fecha. Además, los que creen en la posibilidad del mencionado viaje no consideran posible modificar el pasado. Los viajes al pasado son cosa del cine de ficción y de los comics a los que parece que son aficionados muchos políticos españoles.

Quién nos iba a decir que, una vez más, el PSOE y Unidas Podemos pretendan viajar al pasado superando en este caso los principios que rigen el Estado de Derecho mediante una peculiar reconstrucción de la Ley de amnistía de 1977. Hay quien dice que este tipo de mensajes tienen el propósito de desviar la atención de los acontecimientos actuales que no son favorables al Gobierno: la conflictividad social va en aumento, las Comunidades Autónomas exigen mayor financiación y el Gobierno no sabe de donde sacarla, los últimos nombramientos de miembros del Tribunal Constitucional, del Tribunal de Cuentas y del Defensor del Pueblo han recibido críticas, las organizaciones empresariales tienen serias discrepancias con el Gobierno en materia de salarios y pensiones, gran parte de los estudiantes y profesores universitarios están en contra de las leyes que se están tramitando, las cifras de la pandemia comienzan a ser preocupantes, y algunos datos macro económicos no son nada halagüeños. Otros consideran que el PSOE se ha podemizado a lo largo de estos años pese a que no deja de alardear de partido socialdemócrata, etiqueta que cada vez más aparece descolgada en su vestimenta.

No obstante, resulta sorprendente que un Gobierno presidido por un socialista rompa con el pacto democrático de la Transición a la Democracia que suscribió el PSOE de Felipe González, pretendiendo liquidar uno de sus pilares básicos, el de la reconciliación entre vencedores y vencidos en la Guerra Civil, entre franquistas y demócratas, mediante la Ley de Amnistía de 1977, aprobada por un Parlamento salido de las urnas el 15 de junio de 1977, y otros actos de clemencia anteriores. De dichos actos de clemencia se beneficiaron muchos presos de ETA y de otras bandas terroristas, franquistas delincuentes y otros muchos españoles que cometieron crímenes durante la Segunda República y durante la Guerra Civil, permitiendo que personas como Santiago Carrillo, Dolores Ibárruri o Rafael Alberti volvieran a España y fueran elegidos diputados del Congreso. Sin la Ley de amnistía de 1977 no hubiera sido posible que la Transición a la democracia culminara con éxito.

Concurren razones político-democráticas que aconsejan abandonar esos caminos emprendidos por los Gobiernos de Zapatero y de Pedro Sánchez que suponen un ataque a la Transición que solo llevan a la desunión entre los españoles. Caminos instados por una minoría parlamentaria, que ahora se sienta en el Consejo de Ministros, que nunca creyó en la democracia y los derechos fundamentales. En este caso, además, existen sólidas razones jurídicas que se deducen de los más elementales principios que rigen en un Estado de Derecho para rechazar de manera firme lo que se pretende hacer.

En efecto, aunque los juristas del régimen vigente no lo hayan advertido al Gobierno, el artículo 9.3 de nuestra Constitución proclama «el principio de irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales», principio que contemplan todos los regímenes constitucionales de los Estados que disfrutan de una democracia avanzada. Particularmente, la retroactividad en el marco del Derecho penal, que es donde se quiere practicar, es un signo de barbarie muy propio de los que todavía no han condenado a los regímenes comunistas responsables de los asesinatos de decenas de millones de personas en el siglo XX.

Al parecer, la retroactividad se pretende amparar en el Derecho internacional. La Ley de amnistía de 1977, dicen los autores de la tropelía, hay que interpretarla de acuerdo con el Derecho Internacional. Hemos sido y somos defensores sin fisuras de que, conforme al artículo 10.2 de la Constitución, hay que interpretar los derechos fundamentales y libertades públicas de acuerdo con el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Pero dicho precepto entró en vigor en 1978, con la promulgación de la Constitución, de manera que no puede aplicarse a la Ley de Amnistía de 1977. Además, el principio de irretroactividad luce no solo en nuestra Constitución sino también en los textos internacionales que configuran los delitos de lesa humanidad. Cuando se dictaron los actos de clemencia de la Transición, entre ellos la Ley de Amnistía de 1977, España no había suscrito los tratados que configuraban dichos delitos.

Lo que resulta sorprendente es que el Gobierno no haga lo que puede hacer y se empeñe en pretender hacer lo que no puede hacer, por estar en contra de las leyes que rigen el Estado de Derecho. Así, nada impide que el Gobierno y la mayoría parlamentaria que le apoya dé el mismo trato a las personas físicas que el que dio el Parlamento durante el Gobierno de Aznar a los partidos políticos que sufrieron incautaciones durante la dictadura de Franco, permitiéndoles que mediante el procedimiento administrativo establecido en la Ley 43/1998 (ampliada por la Ley 50/2007) pudieran recuperar los bienes que les fueron incautados. Y esto se haría sin necesidad de reabrir heridas, haciendo justicia: restituyendo a las personas físicas (o a sus descendientes) los bienes que les fueron incautados en la Guerra Civil o en la etapa franquista, mediante un sencillo procedimiento administrativo. Y nada impide que se indemnice a los que sufrieron torturas o malos tratos o fueron condenados en juicio sin respetar los más elementales principios del Estado de Derecho durante la Dictadura, la Guerra Civil o la II República.

El ministro Bolaños, encargado de la tramitación de la enmienda que pretende viajar al pasado modificándolo, ha dicho en una entrevista que la enmienda en cuestión nada cambiará. Y si el propósito del Gobierno no es modificar la Ley de Amnistía de 1977 qué sentido tiene pretender reabrir heridas que ya están cicatrizadas. Sean unas u otras las causas de estas acciones propagandísticas del regreso al pasado, lo cierto es que el Gobierno, lejos de trasladar una imagen de solidez y madurez democrática, aparece cada vez más infantilizado, incapaz de entender cuáles son los retos que debe afrontar para el bienestar de los ciudadanos.