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josefina bueno

Violencia machista e institucional

No hay día, semana, mes que no conozcamos algún caso de asesinato machista, de violación o de acoso sexual. Asistimos con indignación a la normalización de la violencia machista que se ejerce sobre las mujeres, por el mero hecho de serlo. La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de protección integral contra la violencia de género, supuso el reconocimiento de que existe un tipo específico de violencia, la que se ejerce contra las mujeres e introdujo un cambio de perspectiva largamente demandado por el movimiento feminista. Con esta Ley, se reconocía como un tema social, una violencia invisibilizada al considerarse propia del ámbito privado.

Gracias a las medidas legislativas y al trabajo de sensibilización de los agentes sociales implicados, se ha avanzado en el tratamiento de la violencia de género. Ha sido un largo camino que nos ha enseñado, entre otras cosas, que la violencia de género es una violencia estructural y transversal; que afecta a todas las mujeres independientemente de su origen y condición, porque quien te pega y puede llegar a asesinarte es tu compañero de vida y el padre de tus hijos, lo que genera una dependencia emocional. Hemos aprendido que no sólo es violencia de género aquella que se ejerce en el ámbito de la pareja o la expareja sino todas las formas de violencia, ya sea física, psicológica, sexual, acoso, mutilación genital, o el aborto forzado como se contempla en el Convenio de Estambul. Por eso es importante mencionarlo como el primer instrumento legal vinculante en materia de lucha contra las violencias que sufren las mujeres en el ámbito europeo. Más recientemente, hemos conocido la cara más cruel de la violencia de género, la violencia vicaria, que es “darte donde más duele”, porque el objetivo es dañar a la mujer a través de sus seres queridos, especialmente sus hijos e hijas. Ellas son supervivientes de la violencia de género y deberíamos tener un especial recuerdo para aquellas madres que perdieron a sus hijos e hijas a manos de sus exparejas; un daño irreparable que las deja muertas en vida.

El Pacto de Estado contra la violencia de género fue el fruto de un gran consenso en 2017 de las instituciones, de los partidos políticos y de la sociedad civil. Me temo que hoy ese consenso se ha roto, y deberíamos reflexionar por qué, por quienes. Con todo, el gobierno se ha comprometido en recabar el consenso para renovarlo y blindarlo económicamente con más medidas y más recursos. El jueves tuve el honor de asistir a la firma de su renovación en el Congreso. Emociona presenciar el consenso de los diferentes grupos políticos, porque le da sentido y valor a la política. La acción política es necesaria, pero requiere de la ayuda y la colaboración ciudadana. Queda mucho por hacer y necesitamos que nuestros compañeros nos ayuden y se sumen a la tarea. Nos encontramos con dificultades en el camino. Las nuevas tecnologías y las redes sociales han abierto una enorme y accesible vía a la pornografía y a los contenidos sexuales de todo tipo que tratan a las mujeres y a las niñas como objetos de consumo sexual. Por otra parte, informes alertan de la baja percepción de la violencia de género entre los chicos jóvenes, tal vez alentados por las tesis negacionistas de algún grupo político.

Además de las mencionadas, existe otra violencia simbólica que atiende a una manera continua de pensar y actuar que naturaliza y reproduce la subordinación y el maltrato, especialmente hacia las mujeres. Es una violencia normalizada en la sociedad y que se expresa de distintas maneras. Considerar a las mujeres como productos de consumo, asumir que las mujeres cobremos sistemáticamente menos que los hombres, que nos dediquemos mayoritariamente a las tareas de los cuidados no remunerados, o que estemos infrarrepresentadas en los ámbitos de poder y decisión, son algunos ejemplos. Cuando se afirma que la pobreza tiene rostro de mujer, atendiendo a la especial vulnerabilidad socioeconómica de las mujeres ante la crisis de la Covid19, por ejemplo, o cuando vemos cómo las mujeres prostituidas son explotadas sexualmente por una sociedad que las trata como objetos para satisfacer un deseo o un capricho sexual, estamos ante una violencia simbólica que nos degrada a todas y muestra la desigualdad estructural que rige en nuestra sociedad.

Por ello, desde esta ventana no puedo más que reprobar la ordenanza que acaba de aprobar el pleno del Ayuntamiento de Alicante con los votos de PP, C’s y Vox, y el voto en contra de la oposición. Cáritas diocesana y más de 40 asociaciones la han criticado alertando de la falta de humanidad que supone sancionar económicamente a quienes ejerzan la mendicidad o la prostitución, sin implantar medidas de acompañamiento ni de intervención social. No se ejerce la mendicidad, se es pobre y muchas veces es casi imposible salir de la pobreza; las estadísticas nos dicen, por ejemplo, que el número de mujeres sin hogar ha aumentado. No se ejerce la prostitución, las mujeres son víctimas de trata y son obligadas a prostituirse para devolver, por ejemplo, parte del billete o mandar dinero a sus hijos. Parece un mal chiste que, precisamente el 25N, la violencia institucional se ejerza impunemente sobre las personas más vulnerables.

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